La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, declaran hoy como imputados en la causa de las cloacas del PSOE ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, González ha fichado a la ex abogada del Estado, ahora en el sector privado, Rosa Seoane, para que ejerza su defensa mientras que Llamas sí será representado por la Abogacía del Estado, en concreto, por el abogado Edmundo Bal. Está previsto que ambos investigados accedan al edificio de la Audiencia Nacional por la puerta de autoridades después de que lo hayan solicitado y el tribunal se lo haya concedido -recientemente entró como investigado a declarar por esa puerta el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-.
González y el teniente general Llamas están imputados por un delito continuado de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia en el procedimiento judicial que se centra en las maniobras de la fontanera del PSOE, Leire Díez, para que se investigara a la UCO de la Guardia Civil por posibles filtraciones en las causas que afectaban al partido, al Gobierno y a la familia del presidente Pedro Sánchez.
De la instrucción judicial se desprende que la fontanera trazó un plan para que se abriera una investigación interna a miembros de la UCO con el objetivo de amedrentarlos y disuadirlos de seguir investigando la corrupción socialista.
Para llevar a cabo ese plan, la fontanera -que anotó en su agenda "Investigación interna G.C. para filtraciones"- aprovechó su cercanía a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien decidió abrir esas informaciones reservadas contra la unidad de élite del Instituto Armado en la lucha contra la corrupción. Se abrieron tres expedientes internos señalando a miembros de la UCO por supuestas filtraciones que no procedían de este departamento.
Por otro lado, según ha desvelado la investigación judicial, González se reunió dos veces con la fontanera del PSOE, pese a haberlo negado en un primer momento la directora de la Guardia Civil y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El juez Pedraz decidió imputar a la directora de la Guardia Civil y al DAO después de haber escuchado los testimonios de los ex responsables de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo y tras la petición que recibió de la Fiscalía Anticorrupción que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luzón.
La Audiencia considera que "la utilización instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presión sobre los investigadores policiales puede integrar el delito de obstrucción a la Justicia del artículo 464.1 del Código Penal".
Este artículo sanciona a quien, "con violencia o intimidación, intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal". Con sus comportamientos, la directora de la Guardia Civil y el DAO impidieron "garantizar el normal funcionamiento de la Administración de Justicia" evitando que «ésta pueda verse alterada por cualquier forma de presión ilícita», en palabras de las fiscales Anticorrupción.
Por su parte, el delito de prevaricación castiga el dictado de resoluciones "arbitrarias" y "manifiestamente injustas" dictadas en contra del interés público.