El Ministerio Público recuerda que para abrir un proceso penal «es preciso algo más» que «una interpretación errónea de un precepto legal»
Regala esta noticia Añádenos en Google La UTE formada por Integra y Talher lleva más de un año prestando el servicio. (SUR)Benalmádena
05/10/2026 Actualizado a las 22:36h.La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha archivado la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Benalmádena por la adjudicación del contrato de mantenimiento ... de las zonas verdes, realizada el 7 de marzo de 2022, durante el mandato del socialista Víctor Navas, a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal por un importe de 15,1 millones de euros para un periodo de cuatro años. Con esta decisión, adoptada el pasado mes enero, el gobierno municipal quiso llevar por la vía penal una resolución administrativa después de que en julio el Tribunal Supremo tumbara de manera definitiva la adjudicación, confirmando un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).
En la licitación empataron siete empresas y un tribunal administrativo avaló el criterio seguido, pero la Justicia anuló la adjudicación
A la licitación puesta en marcha en 2022 por el gobierno de coalición formado por PSOE e IU concurrieron 16 empresas, y siete de ellas empataron a puntos. La Mesa de Contratación se mostró dividida a la hora de decidir cómo deshacer el empate y la adjudicación se decidió por el voto de calidad del edil Joaquín Villazón.
Contrato prorrogado
El criterio que se utilizó fue computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas, pero el pliego no contemplaba la manera de realizar este cálculo, y mientras Villazón consideró que el cómputo debía efectuarse en función del porcentaje de participación de los centros integrales de empleo en la UTE, la secretaria y el interventor consideraban que debía hacerse en términos globales teniendo en cuanta que la empresas que forman una UTE pueden variar su participación en la misma durante la vida de un contrato sin que la Administración intervenga.
Uno de los licitadores, la UTE formada por Integra y Talher decidió recurrir ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que dio la razón al criterio defendido por el edil socialista. Pero, la UTE llevó el caso ante la Justicia, que le acabó dando la razón.
El contrato tenía una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de dos más de prórroga, y cuando llegó el fallo del Supremo ya habían trascurrido tres. La UTE formada por Integra y Talher se hizo cargo del servicio por el año que quedaba y el Ayuntamiento le ha prorrogado ya uno más, además de aprobar la concesión de una indemnización de 666.845,77 euros, equivalente al 6 por ciento del beneficio industrial del contrato con el IVA correspondiente por los tres años de contrato que no pudo ejecutar.
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