La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar el uso de fondos europeos destinados al mantenimiento del tramo de vía donde se produjo la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que causó la muerte de 46 personas. Según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO, el órgano comunitario investiga la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos y/o defraudación de ayudas europeas.
Tras completar una exhaustiva fase inicial de verificación, el fiscal europeo ha constatado, en primer lugar, que fondos de la Unión Europea fueron destinados a la conservación de la vía donde se produjo el fatídico accidente de los trenes Alvia e Iryo el pasado 18 de enero y, en segundo lugar, que se pudo hacer un uso fraudulento de los mismos.
La principal hipótesis de la tragedia ferroviaria en estos momentos se centra precisamente en el mal estado de la vía; en concreto, en una soldadura defectuosa entre la vía de 1989 y la de 2023 que pudo provocar el descarrilamiento del tren Iryo y, en consecuencia, el siniestro que ha supuesto la mayor crisis del sistema de alta velocidad español en toda su historia. Las comprobaciones iniciales llevadas a cabo por el organismo comunitario comenzaron una semana después de la tragedia. No en vano la Fiscalía Europea practicó distintas diligencias antes de proceder a abrir la investigación formal. Una de ellas, fue la reclamación de información a la juez de Montoro, encargada de investigar el accidente. Otra, la solicitud de documentación al gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, que desde un primer momento se encuentra en el foco de las pesquisas. Y, una tercera, consistente en el envío de un oficio a la Dirección General de Fondos Europeos.
El análisis de la documentación inicial recabada, a través de sendos oficios enviados a los organismos citados con anterioridad, ha permitido determinar que era necesario incoar una investigación por parte del órgano comunitario para determinar la utilización y uso realizado con los fondos europeos en el tramo de vía del accidente. Dos fiscales europeos -de los siete que integran la plantilla en la delegación en nuestro país- han sido asignados a esta causa.
La Fiscalía Europea está facultada para investigar aquellos delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. En este caso, las fuentes del caso consultadas explican que la causa incoada se encuentra en un estado incipiente.
Todas las investigaciones que dirige el fiscal europeo siguen un mismo patrón. En una primera fase, la denominada de verificación, la Fiscalía Europea recaba información sobre el uso de fondos públicos de la Unión en los hechos objeto de investigación penal. Sólo cuando al analizar la documentación obtenida observa indicios de la comisión de algún delito es cuando este órgano decide incoar un procedimiento, tal y como ha sucedido con la tragedia de Adamuz.
Por otro lado, ya ha sido asignado un juez de garantías para este procedimiento en la Audiencia Nacional. Esta segunda causa por el accidente de Adamuz ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional -ahora sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 4- que dirige el magistrado José Luis Calama, indican fuentes jurídicas.
El instructor de la Audiencia Nacional ejercerá las funciones de control jurisdiccional vinculadas a la adopción de medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales o a la adopción o ratificación de medidas cautelares adoptadas con carácter urgente. Como juez de garantías asignado por turno de reparto, a Calama también le corresponderá adoptar aquellas medidas de protección de testigos y peritos que procedan a instancia de la Fiscalía Europea.
Esta investigación de la Fiscalía Europea transcurre en paralelo a la que dirige un juzgado de Montoro (Córdoba), el plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que instruye las diligencias del siniestro entre los trenes Alvia e Iryo con el objetivo de determinar sus causas y eventuales responsables penales. En la causa incoada en el juzgado de Montoro, la principal hipótesis -aunque no la única- es que la tragedia se produjo un deterioro o defecto en la vía donde descarriló el Iryo.
Por su parte, desde que la Fiscalía Europea se implantó en nuestro país en el año 2021, su actividad ha ido aumentando de forma exponencial. En el año 2025, el órgano comunitario llegó a tener 97 casos activos y logró que todos aquellos que fueron llevados a juicio acabaran en sentencias condenatorias. Junto a la tragedia de Adamuz, este departamento investiga en la actualidad, por ejemplo, las adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.