"In claris non fit interpretatio (en lo claro no cabe interpretación)", señala la Fiscalía de Bizkaia para rubricar que el palacete Irurak Bat estaba amparado como un "inmueble de protección básica" por el Ayuntamiento de Getxo y en ningún caso se permitía su derribo. El Ministerio Público respalda así la continuidad del 'caso palacete' en el que están imputados -entre otros- tres ex ediles del PNV de Getxo; dos de los cuales pretendían conseguir uno de los 12 pisos de lujo que se iban a construir. Las defensas de los imputados intentan vincular esta investigación con la autorización del derribo de otro inmueble denominado La Aldea para conseguir el archivo de una investigación judicial que provocó la dimisión forzada de la pareja de ediles nacionalistas Ignacio Uriarte e Irantzu Uriarte y de su compañero y responsable de Urbanismo Iñigo Urkitza.
La Fiscalía ha trasladado al juez que investiga el 'caso palacete' que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el derribo de La Aldea no debe archivar la investigación judicial. "La sentencia que ha sido única a las actuaciones no afecta en modo alguno a los hechos que están siendo objeto de investigación e instrucción en la presente causa, máxime cuanto se trata de una única sentencia que, además, se refiere a un supuesto no idéntico al que nos ocupa", advierte la fiscal Sánchez Donate en el informe que ha trasladado al juez instructor. La investigación judicial quedó congelada cuando el pasado viernes 19 de junio el juez suspendió las declaraciones de dos testigos al presentar la defensa de los imputados una sentencia sobre el derribo del edicio La Aldea. En una sentencia del 9 de junio, el TSJPV mantiene que los inmuebles catalogados como bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica y que, por tanto, su derribo puede ser legalmente posible en determinadas circunstancias. Además, la sentencia reconoce el derecho de la promotora a obtener la licencia de derribo solicitada.
La Fiscalía estima en sus escrito que el palacete Irurak Bat cosntó como de "bien inmueble de protección básica" desde el 24 de mayo de 2019 al 4 de enero de 2024. Pero incluso ahora, con la última reforma que relega de la protección básica a los inmuebles de custodia municipal, también se exigen dos trámites imprescindibles para su derribo. Estos dos trámites que no se cumplieron para tirar el Irurak Bat son el informe específico a emitir sobre la adecuación a los valores histórico-culturales, ambientales o simbólicos propios del municipio que han llevado a considerar los inmuebles merecedores de un régimen de protección y el sometimiento a un periodo de 20 dias de información pública.
La posición de la Fiscalía consolida las peticiones realizadas tanto por el PP de Getxo como por EH Bildu para que la causa continúe y no se decrete su archivo. El portavoz popular Eduardo Andrade que ejerce la acusación popular en el proceso ya advirtió en sus alegaciones que los casos de 'Irurak Bat y de La Aldea son distintos. En el segundo caso se realizó una "petición expresa" para proceder a su derribo mientras que en la obra en la que están implicados tres ediles del PNV "utilizaron una vieja licencia de obras escondiendo un futuro derribo de un edificio protegido". Andrade -que logró evitar el archivo de la causa ante la inacción inicial de la Justicia- subrayó que la protección del Irurak Bat ha quedado acreditada por varios informes públicos, incluido el aportado por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco.