El fiscal general, Álvaro García Ortiz, durante su declaración. EFE
Tribunales La Fiscalía recurre ante el Constitucional la condena al exfiscal general García Ortiz por vulnerar sus derechosLa sentencia omite toda referencia a estos contenidos de descargo o exculpación.
Más información: La Fiscalía recurrirá al TC la condena a García Ortiz pese a lo excepcional de sus demandas de amparo: solo tres en 5 años
Javier Corbacho Agencias Publicada 10 abril 2026 13:05h Actualizada 10 abril 2026 13:29hLas claves nuevo Generado con IA
La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la condena impuesta por el Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado.
La sentencia condenó al ex fiscal a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a una multa de 7.200 euros.
García Ortiz fue acusado de revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo estima una impugnación de García Ortiz y rebaja a 39.000 euros las costas a favor de la pareja de AyusoComo ya avanzó la actual fiscal general, Teresa Peramato, finalmente el Ministerio Público ha acudido al TC y ha pedido anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito.
En una nota de prensa, la Fiscalía ha informado de la presentación de su recurso de amparo ante el TC, en el que considera que la sentencia del Supremo vulneró una serie de derechos de García Ortiz.
La Fiscalía ha solicitado amparo al Tribunal Constitucional denunciando que la condena del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general vulnera cinco derechos fundamentales.
El recurso destaca, en primer lugar, una quiebra de la presunción de inocencia, al considerar que la sentencia ignoró testimonios clave de periodistas que negaron que el acusado fuera su fuente.
Además, el Ministerio Público critica el uso de pruebas indiciarias "inidóneas" y tilda de ilícita la obtención de ciertos datos, al entender que la investigación fue una injerencia desproporcionada que violó la inviolabilidad de su domicilio profesional y el secreto de sus comunicaciones.
Por otro lado, la demanda acusa al Supremo de generar indefensión al dar un "giro sorpresivo" y condenar de forma autónoma la nota de prensa del 14 de marzo, un hecho que inicialmente no formaba parte del objeto de enjuiciamiento.
Finalmente, la Fiscalía sostiene que se ha vulnerado el principio de legalidad penal, pues se ha aplicado el delito de revelación de secretos de forma "imprevisible".
Según el recurso, la sentencia castiga la difusión de datos que ya eran públicos, rompiendo con la jurisprudencia previa y poniendo en riesgo el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información veraz.
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