La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido por segunda vez en cinco meses la concesión por el Gobierno vasco de la semilibertad a la ex jefa de ETA María Soledad Iparagirre, Anboto. El Departamento de Justicia dirigido por la consejera socialista María Jesús San José dictó una orden el pasado 4 de septiembre para que Anboto pudiera salir a diario de prisión acogiéndose al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. El Ministerio Fiscal cuestionó ayer este beneficio penitenciario porque constata que no ha habido «ningún cambio relevante» respecto al contundente auto judicial dictado por el juez José Luis de Castro el 23 de abril contra la primera semilibertad otorgada a la presa de la banda.
María Soledad Iparagirre Genetxea (Escoriaza, 1961) deberá permanecer en su celda del módulo de mujeres de la nueva cárcel de Zubieta después de que la Fiscalía recurriera ayer la última autorización del Gobierno vasca para otorgarle la semilibertad. Anboto acumula penas superiores a los 800 años de cárcel por su implicación en 14 asesinatos y en la última sentencia contra ella dictada por la Audiencia Nacional fue condenada a 425 años de cárcel. Una sentencia ejemplar por participar en la colocación de un coche bomba junto al campo del Deportivo Alavés en Vitoria en mayo de 1985 con el objetivo de atentar contra los policías nacionales encargados de velar por la seguridad de un partido contra el Lleida.
«Ya va siendo hora de que cerremos realmente lo que ha ocurrido y de que podamos entendernos, de que podamos hablar, de que podamos mirarnos a la cara y de que se pueda decir alto y fuerte que aquí se ha torturado y se ha utilizado la tortura como método para luchar contra ETA», le espetó Anboto durante la vista oral al Fiscal celebrada en septiembre de 2022 que reclamaba una condena de 488 años.
Cuatro años más tarde, Anboto mantiene en los patios de la cárcel guipuzcoana su estatus de jefa de ETA. «Mala, desagradable y antipática. Nadie la ha visto sonreír», aseguran fuentes penitenciarias que asumen con profesionalidad sus gestos de rechazo. La etarra, además, ya no cuenta en Zubieta con la ventaja de controlar el economato del módulo de mujeres, uno de los beneficios de los que disfrutó nada más llegar a la cárcel de Zaballa (Álava) en junio de 2021 al beneficiarse del acercamiento de presos que el presidente Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska pusieron en marcha en 2018.
Anboto solicitó su traslado en 2024 a la cárcel Martutene, el centro penitenciario de San Sebastián desde el que el Gobierno vasco ha acelerado la salida de prisión de presos como Garikoitz Azpiazu Txeroki y Henri Parot, los dos ya en semilibertad con salidas diarias de prisión.
La ex jefa de ETA también solicitó y logró el 24 de marzo de 2026 el 100.2 que le permitió durante 26 días abandonar a primera hora de la mañana la prisión para regresar en torno a las 9 de la noche. La Fiscalía, primero, y el juez José Luis de Castro, después, abortaron la concesión de esta semilibertad porque el 100.2 a Anboto fue impulsado por el director de la cárcel y no por la Junta de Tratamiento. Además, la negativa judicial a su salida diaria de la cárcel advertía que estas «excarcelaciones anticipadas» generan en las víctimas de ETA«desasosiego innecesario».
Soledad Iparagirre fue detenida en Francia en 2004 y cumplió allí 15 años de cárcel. En 2019, fue entregada a España y cumplió sus primeros tres años de condena en la prisión de Madrid I. Su fecha de excarcelación era 2049 antes de la reforma legal aprobada en octubre de 2024 que descuenta el periodo de cumplimiento en otros países. Tras esta controvertida modificación legal que benefició a casi un centenar de etarras, Anboto cumpliría sus 30 años de prisión en 2034.
Pero desde que el Gobierno vasco asumiera la titularidad de las prisiones de Zaballa, Zubieta y Basauri activó la semilibertad de los etarras con la concesión de permisos familiares y médicos, la generalización del 100.2 y la concesión de terceros grados con pulsera telemática para el cumplimiento en sus domicilios de la condena. El propio lehendakariImanol Pradales justificó el pasado jueves esta estrategia: «La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario o la progresión al tercer grado no son medidas excepcionales, sino herramientas legales individualizadas que se aplican caso por caso y que fíjese, usted, casualidad la última palabra la tiene siempre un juez o jueza, siempre». Sin embargo, para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) estas medidas forman parte de una «amnistía encubierta» para beneficiar a los etarras.