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Teresa Peramato durante su toma de posesión con sus dos inmediatos antecesores, Álvaro García y Dolores Delgado. Europa Press La fiscal general ordena recurrir ante el Constitucional la condena de García OrtizPeramato sostiene que se vulneraron derechos fundamentales en la sentencia que inhabilitó a su predecesor por revelar secretos del novio de Ayuso
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Martes, 10 de marzo 2026, 12:11
... por filtrar los datos confidenciales del procedimiento contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La actual jefa del Ministerio Público, Teresa Peramato, ha anunciado la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra ese fallo que inhabilitó a su predecesor por un delito de revelación de secretos.«Recientemente, me planteó la teniente fiscal del Tribunal Supremo su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Supremo para la interposición de ese recurso», explicó Peramato en TVE.
La designación recae en María Ángeles Sánchez Conde, quien ha capitaneado la estrategia de defensa de la institución desde el inicio de la instrucción. Sánchez Conde, amiga íntima de García Ortiz y exsubordinada directa, no solo conoce al detalle los pormenores del juicio y el reciente incidente de nulidad rechazado por la Sala de lo Penal, sino que cuenta con una dilatada trayectoria en la propia Fiscalía del Tribunal Constitucional, que dirigió entre 2009 y 2021.
La maniobra jurídica de Peramato no solo busca blindar la tesis de la defensa, sino que también resuelve una compleja situación interna. Al asignar el caso a Sánchez Conde, el actual jefe de la Fiscalía ante el Constitucional, Pedro Crespo, queda desplazado del proceso. Esta decisión evita una posible causa de abstención, dado que Crespo es el cónyuge de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, cuya declaración fue considerada un testimonio de cargo determinante contra García Ortiz durante la vista oral.
En su sentencia, el Tribunal Supremo consideró probado que García Ortiz, o alguien de su «entorno», fue responsable de difundir una comunicación interna del abogado de González Amador a los medios de comunicación, además de emitir una nota de prensa oficial con detalles de la confesión del empresario. Ese fallo, que al ser dictado por el Supremo se convirtió en firme y, por tanto, solo recurrible ante el Constitucional (fuera de la vía judicial), acarreó una pena de dos años de inhabilitación para el exfiscal general y el pago de una multa e indemnización, lo que forzó la salida de García Ortiz de la cúpula fiscal.
Pese a la firmeza del fallo, la Fiscalía mantiene intacta su postura procesal. Según detalló Peramato, el Ministerio Público «siempre mantuvo una posición absolutoria» al entender que «los hechos no eran constitutivos de delito». En este nuevo recurso se insistirá en que la sentencia del Alto Tribunal incurrió en una vulneración de derechos fundamentales, citando específicamente el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa, a la legalidad penal y a la tutela judicial efectiva. «La Fiscalía sigue trabajando en la misma línea porque consideramos que la posición que ha mantenido es la correcta», subrayó la fiscal general.
Uno de los puntos clave sobre los que pivotará el recurso de amparo es la supuesta omisión de pruebas que, a juicio de la Fiscalía, exonerarían al condenado. Sánchez Conde ya denunció en el incidente de nulidad previo que los magistrados realizaron una «incompleta selección de los hechos» y que ignoraron los testimonios de varios periodistas. Esos informadores aseguraron ante el plenario que ya disponían de la información sobre el fraude fiscal antes de que el propio fiscal general tuviera acceso al correo electrónico objeto de la polémica en la noche del 13 de marzo de 2024. Sin embargo, la sala no dio credibilidad a ninguno de esos periodistas que afirmaron tener la exclusiva de la investigación contra la pareja de Ayuso, pero que no la publicaron por diversos motivos. Pese a ello, la teniente fiscal sostiene que la condena se basa en una «filtración inexistente».
La figura de García Ortiz, lejos de ser denostada, ha sido puesta en valor en la nueva etapa dirigida por Peramato. Durante su intervención, la fiscal general describió a su antecesor como un profesional «fiscal hasta la médula» y aseguró que mantienen una relación de «apoyo absoluto».
«Álvaro siempre apoyará a cualquiera que ocupe la más alta representación de la Fiscalía General del Estado porque es un compañero, sobre todo, muy institucional», concluyó Peramato, reafirmando que la batalla judicial por la rehabilitación de su predecesor sigue plenamente vigente.
Sección Social
García Ortiz, tras ser condenado, no fue expulsado de la carrera fiscal al no haber sido sentenciado a una pena de prisión, criterio que Peramato defendió al equiparar el régimen disciplinario de los fiscales con el de los jueces. Actualmente, el exfiscal general desempeña sus funciones en la Sección Social del Tribunal Supremo.
Este frente jurídico ante el Constitucional no será el único. La Abogacía del Estado, que también representó como defensora a García Ortiz durante el proceso, tiene previsto registrar su propio recurso de amparo antes de que finalice el mes de marzo.
Y no solo. También el propio García Ortiz presentará una demanda a título personal para defender su honorabilidad y sus derechos civiles.
El Gobierno, por su parte, ya ha iniciado la tramitación de una petición de indulto, solicitando para ello el preceptivo informe al Tribunal Supremo.
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