Bajo el impulso del nuevo marco regulatorio y la presión de los inversores, que ya no sólo miran el beneficio, el comportamiento tributario se consolida como un activo crítico para el tejido empresarial.
En las plantas nobles de las grandes corporaciones, el lenguaje ha cambiado. Lo que antes era un asunto estrictamente técnico, confinado a los departamentos fiscales y centrado en la optimización de costes, se ha transformado en el nuevo "corazón" de la estrategia de sostenibilidad. La fiscalidad ha irrumpido con fuerza en los consejos de administración, no ya como una obligación administrativa, sino como una prueba de fuego para los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). El escrutinio es total: desde el regulador hasta el inversor, pasando por una sociedad que exige saber no sólo cuánto se paga, sino dónde y por qué.
Así lo afirman Nuria Redondo, Global Tax Transparency Services Leader y socia responsable de Global Compliance & Reporting de EY Abogados, y Teresa Cordón, socia de Global Compliance & Reporting y Tax Transparency Services de la firma, quienes señalan que "la fiscalidad ha pasado en pocos años de tener un papel residual en el ámbito ESG a convertirse en un elemento claramente estratégico en la toma de decisiones empresariales". Así, ya no basta con atender a los llamados impuestos verdes, sino que la materia abarca un cada vez mayor número de ramas.
Esta metamorfosis se apoya en el peso creciente de los pilares social y de gobernanza. Alberto Castilla, socio responsable de Sostenibilidad de EY, subraya que "el comportamiento fiscal responsable es clave" y que la fiscalidad se está consolidando como un "indicador fundamental de la contribución de las empresas al desarrollo de la sociedad". Desde el punto de vista de los inversores, Castilla señala que estos ya no sólo miran el beneficio neto, sino factores como "el nivel de tributación efectiva, la brecha entre el tipo efectivo y el nominal o la coherencia entre los impuestos pagados y la actividad económica real".
Esta visión es compartida por Jorge Martín Girola, socio de Fiscal de Deloitte Legal, quien sostiene que "la vertiente tributaria está siendo cada vez más protagonista en el entorno decisorio empresarial". En su opinión, los órganos de gobierno ya no pueden ignorar "el impacto que los cambios en materia tributaria medioambiental pueden tener en la rentabilidad del grupo" ni el "daño reputacional que podría ocasionarse por la imposición de una sanción relevante".
El marco normativo europeo, con la Directiva CSRD y las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS) a la cabeza, ha acelerado este proceso. Aunque estas normas no imponen un listado exhaustivo de impuestos a reportar, sí obligan a un ejercicio de honestidad corporativa: el análisis de la "doble materialidad", el principio que obliga a las empresas a evaluar su sostenibilidad desde la perspectiva del impacto del entorno en el negocio y, en paralelo, del de su propia actividad en el entorno, y que es una de las bases de la normativa vigente.
Para las empresas, esto supone abordar el impacto en tres niveles. En primer lugar, la "generación de valor y confianza", ya que una estrategia alineada con el propósito corporativo "refuerza la credibilidad ante inversores, reguladores y sociedad, consolidando la licencia social para operar".
Por otro lado, los expertos señalan la "gestión de riesgos y resiliencia", dado que una gobernanza sólida "reduce la exposición a controversias, litigios o prácticas agresivas"
En tercer lugar se encuentra la "contribución al entorno", donde la transparencia permite visualizar la "contribución real de la empresa a las economías en las que opera".
Sin embargo, no todas las empresas están avanzando al mismo ritmo. Martín Girola observa que "las compañías están yendo a distintas velocidades". Así, mientras que algunas han sido "pioneras anticipando la incorporación de la vertiente tributaria en los análisis de doble materialidad", otras aún prefieren poner el foco de "en otras áreas en sus memorias de sostenibilidad corporativa".
El inversor, juez
En este entorno, el mercado de capitales ha dejado de ser un espectador pasivo. Los inversores con enfoque ESG han elevado sus estándares. Según explican las socias de EY Abogados, "la fiscalidad ha dejado de entenderse únicamente como un coste a reducir para convertirse en un indicador de la calidad de la gobernanza corporativa".
En este sentido, muchos grandes fondos ya han dejado claro que esperan que las empresas adopten "políticas fiscales adecuadas y prudentes" y que sean transparentes sobre dónde generan valor, pues consideran que "un comportamiento fiscal agresivo puede exponer a los inversores a riesgos reputacionales y financieros".
Martín Girola coincide en que, con el tiempo, se está priorizando tanto la "accesibilidad como la granularidad de las estrategias fiscales". Como esta práctica se está consolidando, "las exigencias tanto en materia de gobernanza fiscal como de transparencia se van elevando en consonancia".
La transparencia fiscal, un elemento clave
En un contexto donde los criterios de sostenibilidad se han convertido en un elemento fundamental para las compañías, la transparencia fiscal es una de las grandes "palancas diferenciales en la reputación corporativa", ante la sospecha de que las grandes empresas tienen algo que ocultar cuando las cifras publicadas no coinciden con sus resultados financieros, según explican Nuria Redondo y Teresa Cordón, socias de Global Compliance & Reporting de EY Abogados.
Por su parte, Jorge Martín Girola, socio de Fiscal de Deloitte Legal, apunta que la transparencia es el "canal de comunicación para que las organizaciones trasladen y describan a sus partes interesadas su estrategia en materia de gobernanza fiscal"
La materialización de este compromiso, además, comienza a abarcar medidas que van más allá de lo legal. Si bien algunas compañías se limitan a cumplir con las exigencias de divulgación, el fiscalista destaca que las organizaciones punteras están realizando un "ejercicio voluntario" que incluye describir los sistemas de compliance, los riesgos fiscales y los asuntos tratados por los órganos de decisión.
En definitiva, la integración del área fiscal de las grandes empresas con la financiera y la de sostenibilidad "refuerza la credibilidad y el valor a largo plazo de las empresas, al alinear su conducta fiscal con las expectativas de sus accionistas y de la sociedad", dicen a EXPANSIÓN Redondo y Cordón.
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