«¿Pero, mandáis o no mandáis?», le espetaron los líderes de Junts per Catalunya al equipo negociador del PSOE en Suiza, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, en las reuniones previas a la ruptura definitiva con el Gobierno en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional.
La respuesta a esta interpelación corría siempre a cargo del propio ex presidente del Gobierno, que intentó hasta el último momento apaciguar al equipo de Carles Puigdemont para que mantuviera su apoyo al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. «Estamos muy lejos del PP, pero estamos convencidos de que esto el PP lo resolvería», le insistieron los líderes nacionalistas, que siempre han visto que la tardanza en pronunciarse por parte de la Corte de Garantías sobre el regreso de Puigdemont formaba parte de una estrategia política deliberada y supuso uno de los motivos de la fractura entre ambas partes. «Yo ya me tuve que tragar siendo presidente la sentencia del Estatut, quiero vivir en un país en el que no esté de acuerdo con algunas decisiones judiciales. A un Gobierno se le puede pedir que haga la Ley de Amnistía y eso es lo que se ha hecho», replicaba siempre Zapatero sin éxito, según varias fuentes consultadas por EL MUNDO que participaron en estas citas.
Tal y como desveló este periódico, la convicción de que el Gobierno había influido en el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para dilatar su decisión, los líderes de Junts llegaron incluso a plasmarla por escrito en las comunicaciones mediante las que dieron por concluida su relación con los socialistas. Así, la cúpula de Junts atribuyó al Gobierno de Sánchez «un papel pasivo o incluso obstructivo» y le recriminó haberle engañado en las citas secretas en Suiza con un permanente «baile de fechas» en las que supuestamente se disponía a resolver a favor de Junts el Constitucional y que nunca se concretaban. De tal manera que así se lograba, a juicio de Junts, prolongar el apoyo parlamentario de los secesionistas y se impedía su capacidad de romper.
Según Junts, el Gobierno interfirió con la Fiscalía
Según estas comunicaciones, que fueron entregadas al PSOE a través de la fundación Henri Dunant, «la parte española» se había comprometido con la formación catalana a que ya en junio de 2024, apenas un mes después de la aprobación de la ley que borraba los delitos del 1-O, otorgaría su aval definitivo. A su vez, las promesas se fueron reiterando y fijando nuevas fechas para el hipotético pronunciamiento: septiembre y diciembre de ese mismo año y marzo del siguiente. El refrendo definitivo no llegó hasta junio de 2025, con las relaciones ya muy deterioradas entre ambos partidos, aprobando por seis votos a cuatro los aspectos nucleares de la norma bajo el argumento de que facilitaba la normalización política en Cataluña.
No obstante, en opinión de los independentistas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez siguió interfiriendo con la posición de la Fiscalía, que se opuso a las cautelares solicitadas por el ex presidente catalán, que ha venido reclamando la suspensión inmediata de la orden de busca, detención e ingreso en prisión decretada por el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, al considerar que el delito de malversación no es amnistiable. De hecho, el fiscal jefe del Constitucional rechazó la argumentación de Puigdemont aludiendo al «interés general» y negó la existencia de las «razones políticas» esgrimidas por Puigdemont.
La relación se limita a mensajes escuetos entre Zapatero y el ex president
Según las fuentes consultadas por este periódico, la disputa entre socialistas e independentistas por el pronunciamiento de un Constitucional que, esta semana, va a estudiar los recursos de amparo contra la negativa del Supremo a aplicar la ley a la malversación se agravó en las últimas citas que mantuvieron ambas formaciones. En este sentido, señalan que fueron claves para el distanciamiento definitivo los encuentros del 28 y 29 de agosto del pasado año en Zúrich y la cita mantenida el 18 de septiembre en Bruselas, donde Junts ya avanzó que iba a comenzar a formalizar la ruptura definitiva, que se consumó en octubre. En aquellos encuentros se volvió a abordar la supuesta influencia del Gobierno en la actuación de la Corte de Garantías.
Desde la ruptura de la relación entre ambas partes, se ha reducido al intercambio de mensajes puntuales entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont en algunos de los episodios más destacados registrados en los últimos meses. Retomaron la comunicación de forma breve y escueta con la imputación del ex presidente del Gobierno en el caso Plus Ultra o cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló ampliamente la Ley de Amnistía el pasado mes de julio.
Los contactos, pues, se han retomado, de manera indirecta el pasado mes de agosto, en lo que desde las filas socialistas se interpreta como «una muy débil expectativa de reencuentro».
Cronología
EL PACTO. En noviembre de 2023, Junts dio a Pedro Sánchez los siete votos que necesitaba para ser investido presidente: 179 síes frente a 171 noes. El apoyo nacía de un acuerdo de investidura que comprometía al Gobierno con una larga lista de concesiones a Cataluña.
EL PORTAZO. Tres años después, aquel respaldo se convirtió en ruptura. Junts acusó al Gobierno de incumplir los compromisos pactados y Míriam Nogueras dio por agotada la relación: Sánchez dejó de contar con sus votos y Junts incluso llegó a reclamar elecciones anticipadas.
EL DESGASTE. La alianza de siete votos imprescindibles se convirtió en una relación de exigencias e incumplimientos denunciados por Junts, hasta que la formación pasó a cuestionar la continuidad del presidente del Gobierno.