El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira. Ana Escobar / EFE
Valencia La Generalitat planea reducir a 35 horas la jornada de los funcionarios sin más personal y con "mejoras de eficiencia"El acta de la última mesa de negociación recoge que la medida no se traducirá en nuevas contrataciones para cubrir las horas que se dejen de trabajar.
Más información:Hacienda prevé reducir a 35 horas la jornada laboral de los funcionarios valencianos a partir del 1 de enero de 2027
Leer en CastellanoMarta Gozalbo Valencia Publicada 29 junio 2026 06:00hLa Generalitat Valenciana mantiene su intención de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales para los funcionarios valencianos, pero todo apunta a que lo hará sin un incremento adicional de plantilla y, por tanto, de presupuesto.
Al menos, eso se desprende de lo trasladado a los sindicatos en la Mesa de Negociación celebrada el pasado 24 de abril, en la que los responsables de la Conselleria de Hacienda y Función Pública hicieron una radiografía detallada del estado actual del empleo público y las limitaciones presupuestarias que tienen las arcas de la Generalitat.
En aquel encuentro, conviene recordar, el conseller del ramo José Antonio Rovira les aseguró a los representantes sindicales la intención de la administración autonómica de aplicar la reducción de jornada a partir del 1 de enero de 2027.
La Generalitat deja fuera de los Presupuestos de 2026 la jornada laboral de 35 horas de los funcionarios valencianosEn la cita, tal y como recoge el acta de la reunión, la Conselleria aprovechó, eso sí, para dejar claras las condiciones en las que se llevará a cabo: sin nuevas contrataciones para cubrir las horas que dejen de trabajarse.
Para justificar la postura, la directora general de Presupuestos, Amparo Haro, realizó previamente un análisis de la evolución del empleo público de la Generalitat en los últimos cuatro años y el crecimiento del coste de personal derivado tanto del aumento de plantilla como de las sucesivas subidas salariales aprobadas a nivel estatal.
"Durante los últimos meses se han realizado cálculos detallados sobre el coste de implantar las 35 horas en los distintos ámbitos: Función Pública, Sanidad, Educación y Justicia", expuso para acto seguido instar a las mesas sectoriales a iniciar las negociaciones con los sindicatos para su puesta en marcha.
Ahora bien, advirtió que Hacienda había manifestado a las consellerias que "cualquier avance debería realizarse de manera seria y rigurosa" y que todo cambio tenía que estar "sustentado en la viabilidad presupuestaria y disponibilidad de recursos".
Haro alertó de que el crédito presupuestario es "de carácter limitativo y la Generalitat debe cumplir la Regla de Gasto establecida por el Gobierno de España y por la Unión Europea", que fijan un límite de crecimiento del gasto del 3,5% en 2026, un 3,4% en 2027 y un 3,2% en 2028.
Asimismo, subrayó cómo había aumentado el gasto del capítulo 1 -el dedicado a las nóminas- como "consecuencia directa de los acuerdos salariales estatales, que suponen un aumento acumulado del 6,5% (2,5 % en 2025; 2,5 % consolidable en 2026; y 1,5 % adicional en 2026), con un impacto estimado de 611 millones de euros".
En términos de empleo público, la plantilla de la Generalitat, describió, había pasado "de 135.016 puestos en 2021 a 160.198 en 2025", lo que suponía "un incremento de 25.154 efectivos, un 18,63%".
9.300 millones en nóminas
Y agregaba: "En la actualidad, el Capítulo I supera los 9.300 millones de euros y representa un importe que supera el 31% del presupuesto total de la Generalitat". O dicho de otro modo: casi un tercio va destinado exclusivamente a pagar los sueldos del personal que trabaja en la administración.
"En este contexto, el coste de la implantación de la jornada de 35 horas deberá abordarse mediante mejoras de eficiencia, reorganización y redistribución de recursosdentro del propio capítulo de personal", trasladó la alto cargo de la Generalitat a los representantes sindicales durante la reunión.
En la práctica, esto significa que el Gobierno valenciano planea que la reducción de jornada se articulará a través de una reordenación interna de efectivos y una optimización de los recursos ya existentes, sin habilitar partidas extraordinarias para ampliar plantillas.
Con todo, en el Ejecutivo autonómico entienden que el crecimiento experimentado por la plantilla pública en los últimos años ofrece margen para abordar esa reorganización.
El planteamiento se produce después de que el Ejecutivo autonómico haya presentado las cuentas de 2026 y no haya incluido en ellas este compromiso, algo que ya puso en alerta a los sindicatos hace semanas.
Pérez Llorca echa cuentas para reducir -o no- la jornada de los funcionarios a 35 horas: pide un informe del coste en cada áreaLa decisión, según explicaron desde el departamento de Hacienda a EL ESPAÑOL, obedecía a que la medida no iba a comenzar a aplicarse hastael 1 de enero de 2027 y, por tanto, no tenía porqué aparecer reflejada en los presupuestos de este ejercicio.
Su ausencia, sin embargo, levantó suspicacias entre UGT, CCOO y CSIF, pues ponían en duda que el Consell fuera a aprobar unas nuevas cuentaspara el año que viene. Más aún cuando las recién presentadas -2026- todavía no han sido siquiera validadas por Les Corts Valencianes.
A pocos meses de que se produzcan las elecciones autonómicas, tanto en el parlamento autonómico como en el propio Gobierno valenciano se da por sentado que Vox no querrá pactar unos nuevos presupuestos. Y menos apenas seis meses después de haber negociado los anteriores, que además tendrán un porcentaje bajo de ejecución.
La determinación de no reservar dinero, con todo, cobra ahora un nuevo significado, pues el mensaje de fondo queda claro: la reducción de jornada sigue sobre la mesa, pero su aplicación no se traducirá en nuevas incorporaciones.
Sanidad y servicios sociales
Presidencia, en su momento, había encargado un informe para cuantificar el coste real de la reducción horaria en las distintas áreas de la Generalitat para saber si era viable aplicar la medida, o no. Un informe del impacto económico que a día de hoy no ha trascendido.
No obstante, en aquel encuentro el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, aseguró que las cifras variaban significativamente según el sector, "siendo especialmente elevado en sanidad y servicios sociales debido a la organización por turnos".
Según los cálculos que manejaba el anterior ejecutivo de PSPV y Compromís, la reducción de la jornada semanal de los sanitarios hubiera tenido un impacto económico de 140 millones de euros al año, dado que haría falta contratar entre 1.600 y 2.000 empleados para compensar la reducción de las 2,5 horas que dejasen de trabajar.
Con este escenario, la negociación entra en una fase clave, pues los sindicatos han reiterado en numerosas ocasiones que este compromiso de legislatura -firmado con el expresidente Carlos Mazón para cumplir entre 2024 y 2026- debía ir de la mano de un refuerzo de efectivos.
UGT advirtió en su momento, de hecho, que si el cambio no implicaba nuevas incorporaciones, el personal iba a tener que asumir "mayor carga de trabajo, en menos tiempo". Por lo que la llegada de las 35 horas no sería una "mejora de las condiciones laborales", sino una "sobrecarga" y un "mayor estrés".