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Territori opta por la prórroga ante el terremoto que suponía convocar un concurso, pese a que esta era la opción que defendía la Acco. La UE, además, aboga por la liberalización del sector.
Solución de compromiso. El Govern de Salvador Illa (PSC) emulará a Jordi Pujol -de la extinta CiU-, que en su última legislatura prorrogó durante 25 años las concesiones de las líneas de autobús interurbano.
La decisión se adoptó en 2003, a las puertas de las elecciones que dieron paso a los tripartitos de izquierdas, y significaron el mantenimiento del status quo en un sector donde las empresas familiares tienen un fuerte protagonismo, y donde la actividad se ha ido concentrando en torno a grandes grupos.
Las concesiones expiran en 2028 y el Govern adjudicó a principios de año a una consultora el rediseño de todas las líneas. El secretario general de Mobilitat, Manel Nadal, había defendido públicamente en reiteradas ocasiones que su compromiso con convocar un concurso. Sin embargo, finalmente se opta por una prórroga, según informó ayer Ara.
La decisión lleva en un momento de gran dependencia de la Generalitat respecto a las operadoras, ya que le han permitido ofrecer alternativas a los usuarios de la red ferroviaria ante el colapso que arrancó a principios de año y que todavía está lejos de resolverse.
Diferentes fuentes del sector explican que la próxima semana el Govern presentará un nuevo catálogo de servicios para las empresas que operan las líneas de autobús interurbano. El sector llevaba tiempo exigiendo al Govern alguna alternativa al concurso, ante las fuertes inversiones que debe acometer para adaptar su flota a las nuevas exigencias ambientales.
La duda es cuándo durará exactamente la prórroga, ya que la anterior fue de 25 años. El Govern señala que su decisión tiene encaje legal, pese a que la Autoritat Catalana de la Competència (Acco) lleva tiempo exigiendo un concurso, aunque sus informes no son vinculantes. Además, la UE aboga por la liberalización en sus directivas.
Precedente
El grupo centenario BaixBus bajó la persiana en 2024 tras quedarse fuera del macroconcurso del AMB. Este precedente inquietaba al sector, ya que en la contratación pública el precio es clave al ser un factor fácilmente cuantificable.
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