Las maniobras del Gobierno para tratar de cuadrar el círculo de apoyos a sus medidas para sortear, al menos temporalmente, el malestar social que ha estallado ante el grave crisis del mercado de la vivienda, han provocado un clima de recelo e incluso de latente rechazo en las formaciones que el Ejecutivo creía más fáciles de convencer.
Es el caso de los independentistas catalanes de Junts, poco proclives a regalar bazas a Sánchez, y de los nacionalistas vascos (PNV), muy molestos ante el trágala que supone una vez más tener que pronunciarse con un sí o un no ante normas complejas que se presentan precipitadamente y bajo la figura del decreto ley.
Los dos grupos, que en total suman doce escaños, más que suficientes para tumbar sólo con su abstención la norma principal aprobada por el Consejo de Ministros, constituyen el sector de la derecha del bloque de investidura, y son los que ahora se enfrentan a un decreto que, aún conteniendo algunas de las medidas que defienden para afrontar el problema de la vivienda, se muestran insatisfechos al comprobar que su reclamación bandera -proteger a las familias y al pequeño propietario- no se recoge como esperaban en el decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros y que mañana viernes será debatido y votado en un pleno extraordinario convocado ad hoc en el Congreso.
En medio del clima de incertidumbre y confusión que se instaló ayer entre las formaciones parlamentarias tras conocer de madrugada sólo el texto de uno de los dos decretos fraguados por el Ejecutivo, tanto los nacionalistas vascos como los independentistas de Junts expresaron sus serias reticencias ante lo que se plasmaba en el documento y que apenas habían podido analizar con detalle.
Ninguna de las dos formaciones quiso adelantar el sentido definitivo de lo que votarán mañana pero de los argumentos que esgrimieron en la tribuna del Congreso y en los pasillos de la Cámara se desprendía un malestar capaz de hacer temblar las expectativas del Gobierno.
No obstante, desde el Ejecutivo intentaron trasladar sensación de tranquilidad hasta el punto de que el propio Pedro Sánchez afirmó sentirse «optimista» y confiado en que al final se superarían las reticencias. Es esa una labor que, en principio, resulta más plausible en el caso del PNV y menos en el caso de Junts.
La portavoz del grupo catalán, Míriam Nogueras, aseguró ante los periodistas sentirse «decepcionada» y «preocupada» tras haber analizado «con rigor» el decreto publicado en el BOE y comprobar que, en su opinión, no se recogen sus dos principales demandas: prohibir la compra de vivienda por parte de los fondos buitre y proteger a las familias.
Nogueras insistió que con el decreto en la mano, los fondos podrán seguir comprando -el decreto sólo establece la prohibición de comprar por debajo del 70% del valor de mercado- y el inquilino que reside en una vivienda tendrá prioridad sobre un familiar del propietario, por ejemplo, dijo, un hijo al que se quiere dejar el piso en herencia.
Junts además se explayó en su crítica al Gobierno por el «numerito» que ha montado al trocear las medidas en dos decretos -el segundo, impulsado por Sumar, previsiblemente no se convalidará-, evidenciando la «falta de rigor y de solvencia» de un Ejecutivo internamente enfrentado. Pese a todo, Junts no ha dado un portazo definitivo al decreto. Seguirá analizándolo hasta el último minuto y tomará una decisión en consecuencia. Su voto en contra, unido al de PP y Vox, tumbaría la norma.
También la portavoz en el Congreso de los nacionalistas vascos, Maribel Vaquero, hizo hincapié en que su grupo necesitaba tiempo para estudiar en profundidad las 96 páginas del decreto publicado en el BOE, pero de partida ya advirtió del riesgo de que en el intento necesario de «acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables» se acabara convirtiendo al «pequeño propietario en el enemigo».
«Se puede y se debe defender al inquilino sin criminalizar a quien pone una vivienda en alquiler», recalcó Vaquero en la sesión de control, antes de explicar en la pregunta que dirigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que en Euskadi, los pequeños propietarios aportan el 90% de la oferta de alquiler y, en tanto no haya disponible un parque suficiente de vivienda pública, esos pequeños arrendatarios son necesarios.
Para el PNV es imprescindible no «equiparar a los grandes fondos de inversión con los pequeños propietarios» y, además, asegurar que «la función social de la vivienda no debe recaer sobre los particulares, sino sobre la Administración pública».
Este grupo defiende la necesidad de construir más vivienda protegida -algo que se echa en falta en el decreto-, alentar la seguridad jurídica y propiciar los incentivos. En definitiva, «más zanahoria y menos palo». La pregunta que lanza el PNV al Gobierno es si los decretos aprobados por el Consejo de Ministros «garantizarán mañana el acceso a una vivienda digna a cualquier persona que quiera iniciar un proyecto de vida».