- JAVIER AYUSO
Pasadas las ocho de la mañana de ayer, mientras Pedro Sánchez se vestía con su camisa blanca, traje negro y corbata gris para ir a la audiencia oficial con el Papa, en el Vaticano, un grupo de agentes de la UCO de la Guardia Civil entraban por sorpresa en la sede del PSOE en la calle de Ferraz en Madrid, pasando bajo una enorme pancarta de "no a la guerra".
Es el segundo registro en la sede socialista en menos de un año, tras el ordenado en junio de 2025 tras la primera imputación del que fuera secretario de organización, Santos Cerdán.
Cuando fue informado por sus ayudantes, el presidente del Gobierno se debió dar cuenta que el milagro que buscaba en su cita con León XIV estaba arruinado. Tras el duro golpe de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, llegaba la orden de registro y una nueva imputación a Cerdán, junto al histórico militante socialista andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes. Y puede que la lista siga aumentando tras el análisis de toda la documentación incautada.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en un auto de unas veinte páginas, justificaba los registros de ayer por la investigación en curso a lo que se ha venido en llamar "las cloacas del PSOE" (también conocido como el "caso Leire Díez") y situaba el comienzo de una "trama criminal" con la Carta a la Ciudadanía del líder socialista y sus cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Según el juez, la operativa tenía como objetivo atacar todas las investigaciones en curso contra miembros del gobierno, del partido y de la familia de Sánchez. Y añade que "Santos Cerdán puso a disposición de la trama criminal la propia estructura del PSOE".
Un nuevo procedimiento judicial que mantiene completamente bloqueadas las acciones del Gobierno, ya de por sí castigadas por su extrema debilidad parlamentaria. Desde hace meses, el presidente ha intentado hacer olvidar todos los casos de corrupción que le salpican con una intensa actividad internacional. Sin embargo, tras cada foto en el extranjero y los aplausos en instituciones amigas, el climax se iba desinflando a medida que crecía el incendio interno, que ni siquiera está estabilizado.
Sánchez viajaba al Vaticano para mostrar su alineación de la posición expresada por el Papa frente a las guerras en curso, especialmente a las de Gaza e Irán, y tuvo que conformarse con una buena foto y poco más. Había hecho el esfuerzo de defender a la Iglesia Católica (nunca felicita públicamente a los católicos en sus festividades y sí a los musulmanes, y se ausenta de las misas funerales por las víctimas de catástrofes en España), en espera de un milagro que le hiciera recuperar la agenda política e informativa. Pero la Justicia volvió a jugar en su contra. Además, el calendario previsto no augura nada bueno. Hoy mismo comienza el juicio oral contra su hermano, el 9 de junio su esposa tendrá que volver a los juzgados de la Plaza de Castilla a recoger el auto de procesamiento y los días 17 y 18 del mismo mes prestará declaración como investigado el expresidente Zapatero. Luego vendrán las sentencias sobre José Luis Ábalos y Koldo García.
A pesar de todo, el líder socialista sigue actuando como si no pasara nada. Defiende la inocencia de sus familiares y de su buen amigo Zapatero y anuncia que nada ni nadie le hará cambiar de opinión respecto a aguantar toda la legislatura. En respuesta al clamor que se extiende entre la oposición, algunos de sus aliados e incluso entre destacados líderes socialistas, Sánchez afirmó ante los periodistas en Roma que convocar elecciones anticipadas sería una decisión partidista y que él defiende el interés general y la estabilidad. No se sabe a qué estabilidad se refiere cuando ha sido incapaz de aprobar ni una sola Ley de Presupuestos en la legislatura y ha renunciado a presentar la mayoría de sus propuestas en el Parlamento, por no contar con los votos suficientes.
Mientras tanto, sus socios y aliados se muestran perplejos ante los escándalos de corrupción que se han producido en los últimos años, hacen algún amago sobre las líneas rojas que no se deben traspasar (en concreto, que se demuestre que hubo financiación ilegal en el PSOE) y siguen apoyando al Gobierno.
Gabriel Rufián superó ayer todos los ridículos anteriores al decir que su partido tomaría una decisión cuando hubiera una sentencia firme. O sea, dentro de cinco o diez años. ¿Dónde estará entonces el líder republicano?
La clave para esa dejación de responsabilidades políticas de los aliados de Sánchez hay que buscarla en el pago en cómodos plazos del Ejecutivo del precio que exigen sus socios por su apoyo. El martes, la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, aprobó un cambio en el reglamento de la Cámara para facilitar el acceso de grupo propio a los partidos nacionalistas e independentistas. Cada semana se producen nuevas cesiones a sus socios.
Donde sigue creciendo el desconcierto y el pesimismo es entre las bases socialistas y entre los alcaldes y presidentes autonómicos que todavía se mantienen en el poder. Son conscientes de que cada día que pase será peor de cara a las próximas elecciones. Pero se muestran impotentes frente al aparato sanchista, que hace ya tiempo que destruyó cualquier posibilidad de crítica, ni siquiera debate, en el partido. El PSOE ha dejado de existir y todas las decisiones se toman en el complejo de La Moncloa.
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