La guerra contra la infancia: la impunidad se hace paisaje

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José Ibarrola La Tribuna La guerra contra la infancia: la impunidad se hace paisaje

Nunca habíamos invertido tanto en seguridad mientras tantos menores permanecen expuestos. La pregunta se vuelve urgente: ¿seguridad para quién?

Pilar Kaltzada

Presidenta Save The Children España

Viernes, 24 de abril 2026, 02:00

... advertencia como presagio: «Lo contrario de la justicia no es la injusticia, es la impunidad». El informe 'No a la guerra contra la infancia', que cada año elaboramos en Save the Children, demuestra que cuando nadie responde y no hay consecuencias, el daño se repite y termina por normalizarse. La impunidad no solo permite que la violencia continúe: la convierte en paisaje. Hoy es 'normal' que las guerras se diseñen y ejecuten contra quienes no pueden defenderse, contra niños y niñas que sufren de manera desproporcionada la ausencia de mecanismos de supervisión y sanción. Nunca antes atacar a la infancia en zonas de conflicto había sido tan fácil ni había estado tan naturalizado; sale, prácticamente, gratis.

En 2024, Naciones Unidas verificó 41.763 violaciones graves contra 22.495 niños y niñas, con una media de 78 al día, todos y cada uno de los días del año. No son ataques abstractos y, por eso, hay que nombrarlos: asesinatos, mutilaciones, reclutamiento forzoso, secuestros, violaciones y agresiones sexuales, ataques a escuelas y hospitales o privación de ayuda humanitaria.

520 millones de menores vivían en 2024 en zonas afectadas por conflictos armados

Hemos documentado un impacto diferenciado por género y edad: los niños son más frecuentemente reclutados, asesinados o mutilados, y las niñas sufren de forma desproporcionada violencia sexual. Ignorar esta dimensión no es neutral, ya que supone intervenir sin comprender el daño real ni los patrones que se repiten cuando incumplir las normas apenas tiene coste.

La guerra no es un paréntesis en la vida de millones de niños y niñas: es el entorno en el que crecen, su paisaje, con conflictos largos, solapados y heredados. Cuando una escuela es atacada no se pierde solo un curso escolar; se pierde futuro. Y cuando la ayuda no llega, el daño no siempre es visible, pero es igual de letal. Mientras 2024 se consolidaba como el peor año registrado para la infancia en estos contextos, el mundo alcanzaba cifras récord en gasto y lógica militar. La paradoja es brutal. Nunca habíamos invertido tanto en seguridad mientras tantos niños y niñas permanecen tan expuestas. La pregunta deja de ser retórica y se vuelve urgente: ¿seguridad para quién?

Ante un contexto de esta magnitud, la tentación más peligrosa es pensar que estamos ante un problema demasiado grande para abordarlo. No lo es. Los datos no muestran ausencia de mecanismos, sino insuficiente determinación para activarlos de manera coherente y constante. Y ahí la responsabilidad política es insustituible. El informe no se limita a describir la realidad: propone medidas claras para revertirla. Son decisiones concretas, posibles, capaces de alterar esta tendencia si se asumen con determinación.

Cada excepción tolerada hoy es una violación que se repetirá mañana. Por eso, la primera recomendación es hacer efectiva la garantía de protección. No basta con proclamar principios; es imprescindible exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y situar la defensa de la infancia como una línea roja real, verificable y no negociable.

La impunidad no es neutra: es un mensaje que está llegando con claridad a quienes ejercen la violencia. Instamos a garantizar la rendición de cuentas sin dobles estándares. Las violaciones graves contra la infancia deben ser monitorizadas, documentadas y sancionadas de forma sistemática. Bloquear la ayuda no es una cuestión técnica, es una forma de violencia que se puede evitar si se protege el espacio humanitario, y esto no es una cuestión técnica sino una decisión política. Garantizar el acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda humanitaria salva vidas ahora y previene daños irreversibles a medio plazo.

Ninguna política pública debería contribuir, directa o indirectamente, a dañar aquello que decimos proteger. Por eso exigimos coherencia transversal en todas las decisiones. La defensa de la infancia no puede quedar confinada al ámbito humanitario; debe atravesar la acción exterior, la estrategia de seguridad y las decisiones comerciales y presupuestarias. La infancia debe ser el indicador central de seguridad y paz. Incorporar este criterio no es simbólico; es responsabilidad.

Los niños y las niñas no piden gestos simbólicos o declaraciones: exigen decisiones. Y deben tomarse ya, ahora, porque el tiempo, cuando hablamos de niños y niñas, no es infinito. Como tampoco debería serlo la impunidad que, cuando nadie la detiene, termina por convertirse en paisaje.

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