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Actividad militar estadounidense en la base aérea de Fairford. EFE La guerra en Irán ya le ha costado 13.000 millones extra a Europa solo en combustibleUn informe del Instituto Jacques Delors advierte de que la fragmentación de la UE en la respuesta política al conflicto eleva el gasto energético a 9.000 millones en medidas aisladas
Jueves, 9 de abril 2026, 17:14
... ha generado un sobrecoste de unos 13.000 millones de euros en importaciones energéticas para la Unión Europea. A ese impacto directo se suma la respuesta de los gobiernos, que han movilizado más de 9.200 millones de euros en ayudas, en su mayoría adoptadas de forma aislada y sin coordinación entre países.La mayoría de estas medidas buscan aliviar el golpe inmediato sobre hogares y empresas, pero lo hacen de forma generalizada. Predominan las rebajas fiscales y los topes al precio de los combustibles, fórmulas que contienen el impacto a corto plazo pero que, según el informe, distorsionan las señales del mercado y pueden acabar generando problemas de suministro si se prolongan. Además, los expertos advierten de una «trampa electoral»: una vez implantados, estos subsidios son difíciles de retirar por el coste político que implicaría.
172 millones de barriles
permanecen retenidos en la región
El trasfondo de la crisis es una vulnerabilidad estructural que persiste en el sistema energético europeo. Aunque la dependencia directa de Oriente Medio es limitada, el peso de los combustibles fósiles sigue siendo elevado —casi el 60% del consumo final—, lo que amplifica cualquier shock internacional. El estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal foco de riesgo. La posibilidad de imponer un peaje a los buques que lo atraviesan —de hasta dos millones de dólares por barco— podría añadir entre uno y dos dólares por barril al precio del petróleo y encarecer también el transporte de gas natural licuado. Todo ello en un contexto en el que unos 172 millones de barriles permanecen retenidos en la región, lo que anticipa tensiones en los mercados durante meses incluso si se mantienen treguas temporales.
España, la excepción
En este escenario, España aparece como una de las pocas excepciones dentro de la Unión Europea. Junto con Francia y Croacia, es uno de los únicos países que ha apostado por medidas orientadas a acelerar la electrificación, un enfoque más estructural que contrasta con la estrategia dominante en el resto del bloque, centrada en intervenciones a corto plazo. El informe subraya que esta diferencia es clave si Europa quiere reducir su dependencia de los combustibles fósiles y evitar crisis recurrentes.
Sin embargo, el documento también pone el foco en lo que no se está haciendo. Pese a las recomendaciones de organismos internacionales, ningún país ha aplicado medidas significativas para reducir la demanda de petróleo de forma coordinada. Mientras algunos Estados exploran fórmulas como el racionamiento, la reducción voluntaria del consumo sigue sin desarrollarse a escala europea.
La Agencia Internacional de la Energía ha tratado de contener la crisis mediante la liberación de 92 millones de barriles de reservas estratégicas
A corto plazo, la Agencia Internacional de la Energía ha tratado de contener la crisis mediante la liberación de 92 millones de barriles de reservas estratégicas, pero los analistas advierten de que esta es solo una solución temporal. Paralelamente, varios países están empezando a intervenir en los márgenes del sector energético y a plantear impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías, en línea con el precedente europeo de 2022.
El informe concluye que la falta de coordinación no solo reduce la eficacia de la respuesta, sino que eleva su coste y sus riesgos a largo plazo. Entre sus recomendaciones figura la convocatoria urgente de una reunión de ministros de Energía para fijar objetivos obligatorios de reducción del consumo y evitar fenómenos como el «turismo de combustible», en el que conductores cruzan fronteras hacia países con precios más bajos, lo que debilita las medidas nacionales.
Frente al actual enfoque, los autores defienden un giro hacia políticas estructurales: abandonar los topes generalizados, concentrar las ayudas en los hogares más vulnerables y acelerar la electrificación como eje central de la transición energética. Sin ese cambio, advierten, Europa corre el riesgo de afrontar una crisis prolongada con herramientas pensadas únicamente para el corto plazo.
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