La Fiscalía Anticorrupción ha entregado al juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional un informe sobre las obras públicas bajo sospecha de haber sido amañadas por la trama. Lo ha elaborado la unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a esa Fiscalía especial, que ha encontrado irregularidades en todos los casos.
El informe ordenado en su día por el Tribunal Supremo examina 11 contratos, cinco correspondientes a Adif y seis a la Dirección General de Carreteras. Sus responsables en el periodo investigado, Isabel Pardo de Vera e Javier Herrero Lizano, respectivamente, se encuentran imputados. La investigación se centra en el periodo entre 2018 y 2021, cuando al frente del Ministeripo de Transporte estaba José Luis Ábalos. La pista inicial para su revisión fueron la información aportada por el empresario investigado Víctor de Aldama y los cruces de mensajes de imputados que se referían a las obras.
El prolijo informe, de 53 páginas y anexos, detecta algún tipo de irregularidad en todas las adjudicaciones examinadas. La principal empresa beneficiada fue Acciona, que concurría a las obras de forma individual o a través de una UTE.
En cinco ocasiones, según el informe, se aprobaron modificaciones del contrato que incumplían la normativa o que se acercaban sospechosamente al 20% de incremento del presupuesto para eludir controles más estrictos. En algunos casos, las modificaciones eran de tal envergadura que deberían haber llevado a la resolución del contrato. En otros, se licitaba como contrato independiente lo que debía ser una modificación, y se jugaba con las valoraciones para que recayera en la misma empresa del primer contrato.
No eran "imprevisibles"
En el caso de los tres contratos principales de ADIF, se detectó que antes de empezar las obras el contratista ya planteaba "defectos" que forzaban modificaciones. La IGAE señala que esto incumple la normativa, ya que no eran circunstancias "imprevisibles".
En el caso del soterramiento del AVE en Murcia, la IGAE indica que el proyecto "no se debió tramitar como proyecto independiente, sino como modificado". "Seguramente el hecho de tramitarlo como proyecto independiente se debió a que, si se tramitaba como modificado, las modificaciones superarían el 20% del contrato primitivo".
En unas obras de la A-68, la IGAE afirma que la modificación del contrato "no se debió tramitar". La suma de las modificaciones calificadas como "no sustanciales" superó "el umbral legal permitido por la Directiva europea y la Ley de Contratos del Sector Público".
Por otra parte, las fórmulas de valoración permitieron que la parte subjetiva de puntuación garantizara que la parte objetiva -el precio- no bastara para modificar qué empresa resultaba vencedora. En este aspecto, la IGAE cuestiona la actuación de Adif o Carreteras en nueve de los 11 contratos revisados.
"Difícil" cambiar al ganador
Sobre la fórmula empleada en Carreteras, la IGAE dice: "Como puede observarse, la fórmula permite incrementar notablemente las diferencias en puntuación de los criterios basados en juicios de valor haciendo muy difícil que el que ha obtenido la mejor puntuación en juicios de valor no sea el adjudicatario. No se alcanza a ver que justificación tiene la aplicación de la indicada fórmula, que permite que diferencias pequeñas, que siempre son más fáciles de justificar por el valorador, se transformen en diferencias elevadas".
En el caso de unas obras de la A-12, la fórmula de puntuación distorsionó los resultados. De haberse empleado la fórmula anterior, la adjudicataria habría perdido el contrato.
En el caso de los tres contratos de Adif a Acciona, los criterios "determinantes" de la adjudicación "han sido los de juicios de valor". Y se precisa que en dos de ellos, salvo para un licitador, "no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación basados en fórmulas (precio)".
En el ámbito ferroviario, la auditoría ha examinado cinco obras: el soterramiento de la red arterial en Murcia, la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, la construcción de plataforma en el tramo Pulpí-Vera del Corredor Mediterráneo, el tratamiento de infraestructura entre Monforte y Lugo, y las obras de emergencia para la estabilización de taludes en la línea Gijón San Crespo-Pravia en Asturias.
En cuanto a Carreteras los seis proyectos bajo sospecha son: los tramos Úbeda-Torreperogil de la autovía A-32, la adaptación de la segunda calzada en el tramo Salas-La Espina de la A-63 y el trazado riojano Arrúbal-Navarrete en la A-68, el tramo de la A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, la remodelación del Puente del Centenario en Sevilla y un contrato de conservación y explotación en el sector TE-02 de Teruel.