- IRATXE BERNAL
"La mayoría" de la decena de potenciales compradores ha solicitado más tiempo para analizar los datos. El plazo para la formalización de la primera puja pasa del 14 de este mes al 7 de octubre a las 14:00 horas.
La juez que tramita el concurso voluntario de acreedores de Tubos Reunidos ha ampliado los plazos inicialmente previstos tanto para acceder a la información de la compañía como para lanzar una oferta, ya sea por su totalidad o por alguno de sus activos. De este modo, el acceso a la plataforma donde se ha recopilado la documentación financiera, legal y operativa finalizará el día 30 a las 23:59 horas en vez del próximo lunes, y el plazo de presentación de la primera oferta pasa del 14 de este mes al 7 de octubre a las 14:00 horas.
Según ha informado hoy miércoles la compañía, "hay varios interesados que han firmado la carta de confidencialidad", una cifra que, según fuentes conocedoras del proceso, estaría en torno a la decena. De ellos, "la mayoría" habría solicitado al administrador concursal —la firma PKF Attest— alargar los plazos inicialmente previstos para analizar con más tiempo la información a la que han tenido acceso y preparar mejor sus respectivas pujas. "Atendiendo al interés del concurso y con el objetivo de maximizar el valor de la masa activa mediante la obtención del mayor número posible de ofertas suficientemente analizadas y fundamentadas, de forma excepcional ha acordado ampliar una sola vez, con carácter general para todos los participantes, los plazos actualmente vigentes", señala.
El pasado 4 de mayo la tubera presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores y el 29 de junio comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la aprobación por parte del Juzgado de las bases que regulan el proceso concursal, paso que supuso la apertura formal del procedimiento competitivo (puja entre los interesados) para presentar ofertas.
Si bien en la valoración de las ofertas se priorizará la compra total para asegurar "la cohesión del negocio, el retorno a los interesados y el mantenimiento del empleo", la jueza también ha dado la opción de pujar por solo una de las unidades productivas "siempre que esta mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria". En cualquier caso, las ofertas deberán establecer el compromiso de mantenimiento de la actividad por un mínimo de dos años. Este es el período habitual en estos casos para evitar la especulación a corto plazo y garantizar que el comprador dé continuidad a la producción.
Para poder participar en el proceso, los interesados debían firmar antes del 7 de septiembre el acuerdo de confidencialidad que da derecho tanto al acceso de la información interna de la compañía como a reunirse con los representantes legales de los trabajadores y visitar las plantas de Amurrio, Trápaga e Iruña de Oca junto a sus respectivos responsables. Esta fecha límite queda ahora prorrogada al día 30.
La siguiente fecha era el 14 de septiembre, ahora aplazada al 7 de octubre, que es el último día en el que los interesados podrán realizar su primera oferta. De todas las que se entreguen, el administrador concursal seleccionará solo cinco, que podrán participar en un proceso de preguntas y respuestas sobre los aspectos financieros y legales relacionados con la situación de la tubera.
Tras esa fase, de la que no se habían publicado las fechas, cada uno de los cinco participantes en el proceso de puja deberá cerrar su oferta definitiva. Después, el administrador concursal las valorará y "ordenará jerárquicamente" para iniciar una fase de negociación laboral con los trabajadores. Si no se logra un acuerdo sobre las condiciones de empleo, el oferente podrá desistir y se pasará a evaluar la siguiente propuesta en la lista.
Tubos Reunidos cerró 2025 con una deuda de una deuda de 263,2 millones y unas pérdidas netas de 118,1 millones de euros, a los que ahora hay que sumar los 881 acumulados durante el primer semestre. En este tiempo, mientras el concurso seguía su calendario, la la producción se detuvo tres meses por la huelga en protesta por el ERE finalmente suspendido y la empresa se ha visto implicada en un escándalo político y judicial por el presunto pago en 2021 de comisiones ilegales para asegurar el rescate de 112,8 millones de la la Sepi, con los consiguientes registros de las sedes por parte de la Guardia Civil e imputación de tres directivos, entre ellos su máximo responsable, Carlos López de las Heras.
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