Durante años, la llamada Entity List de Estados Unidos se ha interpretado como una herramienta geopolítica dirigida a frenar el avance tecnológico chino. Sin embargo, su alcance no se queda en lo simbólico ni en la retórica diplomática: también tiene consecuencias económicas inmediatas para compañías que operan en la cadena global de los chips. Applied Materials acaba de comprobarlo con una penalización civil de 252 millones de dólares vinculada a exportaciones hacia SMIC, en un episodio que ilustra hasta qué punto los controles de Washington pueden traducirse en costes tangibles para la industria.
La sanción. El movimiento llega tras un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para cerrar alegaciones de exportación irregular de equipamiento para la fabricación de semiconductores a filiales de Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Según la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), entre noviembre de 2020 y julio de 2022 se produjeron 56 exportaciones o intentos de exportación valorados en torno a 126 millones de dólares, realizados pese a que determinadas operaciones ya estaban sujetas a requisitos de licencia. La multa civil acordada asciende al doble de esa cifra y, según el propio Departamento de Comercio, representa el máximo legal aplicable en este caso.
Detrás de escena. La secuencia regulatoria arranca con una notificación específica remitida a Applied Materials el 25 de septiembre de 2020, en la que se adverttía de que ciertas operaciones relacionadas con SMIC quedaban sujetas a control de licencia por motivos de posibles usos militares finales. Este tipo de comunicaciones, conocidas como cartas “is-informed”, comunicaban a la empresa receptora que necesitaba autorización para determinadas exportaciones, reexportaciones o transferencias.
Qué exportaciones están en cuestión. La investigación del regulador estadounidense se centra en sistemas de implantación iónica y módulos asociados, herramientas empleadas en las primeras fases del proceso de fabricación de semiconductores para modificar, mediante dopaje, las propiedades eléctricas del silicio. Aunque no se trata de maquinaria tan visible como la litografía avanzada, su papel resulta esencial en múltiples nodos tecnológicos, tanto maduros como de última generación.
El esquema logístico bajo análisis. La documentación del caso recoge un modelo de producción y envío fragmentado que involucraba varias jurisdicciones antes de la entrega final en China. Parte de los equipos se originaba en Estados Unidos, continuaba su proceso en Corea del Sur y terminaba en filiales de SMIC, mientras que ciertos módulos viajaban desde Singapur de forma independiente. BIS presenta este recorrido como un elemento central para reconstruir las operaciones examinadas y evaluar si el marco de control de exportaciones fue respetado durante toda la cadena.
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Las condiciones más allá de la multa. El acuerdo alcanzado no se limita al pago económico. La orden incluye una denegación de privilegios de exportación suspendida durante tres años, que podría activarse si la compañía incumple las obligaciones establecidas, junto con la exigencia de auditorías externas periódicas y certificaciones anuales de cumplimiento.
El mensaje. La resolución no solo cierra un expediente administrativo, también ofrece una lectura más amplia sobre el momento que atraviesa la industria tecnológica global. Las políticas de control de exportaciones impulsadas por Washington están mostrando su capacidad para trasladar decisiones estratégicas al terreno operativo de las empresas, con consecuencias financieras y regulatorias medibles.
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La “lista negra” de EEUU a empresas chinas no era simbólica: que se lo digan a Applied Materials y su multa de 252 millones
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por
Javier Marquez
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La “lista negra” de EEUU a empresas chinas no era simbólica: que se lo digan a Applied Materials y su multa de 252 millones
EEUU ha impuesto a Applied Materials una multa de 252 millones por exportaciones ligadas a SMIC
Durante años, la llamada Entity List de Estados Unidos se ha interpretado como una herramienta geopolítica dirigida a frenar el avance tecnológico chino. Sin embargo, su alcance no se queda en lo simbólico ni en la retórica diplomática: también tiene consecuencias económicas inmediatas para compañías que operan en la cadena global de los chips. Applied Materials acaba de comprobarlo con una penalización civil de 252 millones de dólares vinculada a exportaciones hacia SMIC, en un episodio que ilustra hasta qué punto los controles de Washington pueden traducirse en costes tangibles para la industria.
La sanción. El movimiento llega tras un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para cerrar alegaciones de exportación irregular de equipamiento para la fabricación de semiconductores a filiales de Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Según la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), entre noviembre de 2020 y julio de 2022 se produjeron 56 exportaciones o intentos de exportación valorados en torno a 126 millones de dólares, realizados pese a que determinadas operaciones ya estaban sujetas a requisitos de licencia. La multa civil acordada asciende al doble de esa cifra y, según el propio Departamento de Comercio, representa el máximo legal aplicable en este caso.
Detrás de escena. La secuencia regulatoria arranca con una notificación específica remitida a Applied Materials el 25 de septiembre de 2020, en la que se adverttía de que ciertas operaciones relacionadas con SMIC quedaban sujetas a control de licencia por motivos de posibles usos militares finales. Este tipo de comunicaciones, conocidas como cartas “is-informed”, comunicaban a la empresa receptora que necesitaba autorización para determinadas exportaciones, reexportaciones o transferencias.
Qué exportaciones están en cuestión. La investigación del regulador estadounidense se centra en sistemas de implantación iónica y módulos asociados, herramientas empleadas en las primeras fases del proceso de fabricación de semiconductores para modificar, mediante dopaje, las propiedades eléctricas del silicio. Aunque no se trata de maquinaria tan visible como la litografía avanzada, su papel resulta esencial en múltiples nodos tecnológicos, tanto maduros como de última generación.
El esquema logístico bajo análisis. La documentación del caso recoge un modelo de producción y envío fragmentado que involucraba varias jurisdicciones antes de la entrega final en China. Parte de los equipos se originaba en Estados Unidos, continuaba su proceso en Corea del Sur y terminaba en filiales de SMIC, mientras que ciertos módulos viajaban desde Singapur de forma independiente. BIS presenta este recorrido como un elemento central para reconstruir las operaciones examinadas y evaluar si el marco de control de exportaciones fue respetado durante toda la cadena.
Las condiciones más allá de la multa. El acuerdo alcanzado no se limita al pago económico. La orden incluye una denegación de privilegios de exportación suspendida durante tres años, que podría activarse si la compañía incumple las obligaciones establecidas, junto con la exigencia de auditorías externas periódicas y certificaciones anuales de cumplimiento.
El mensaje. La resolución no solo cierra un expediente administrativo, también ofrece una lectura más amplia sobre el momento que atraviesa la industria tecnológica global. Las políticas de control de exportaciones impulsadas por Washington están mostrando su capacidad para trasladar decisiones estratégicas al terreno operativo de las empresas, con consecuencias financieras y regulatorias medibles.
