El Ejecutivo da marcha atrás y aborta la nueva exigencia de presentar la declaración de la Renta siempre que se cobre prestación de desempleo.
Marcha atrás in extremis. El Gobierno aprovechó el cajón de sastre del último gran Real Decreto-ley de medidas sociales del año, aprobado en el Consejo de Ministros del martes, para rectificar sorpresivamente: finalmente los desempleados que cobren la prestación por desempleo no se verán obligados a presentar la declaración del IRPF, so pena de perder el paro, como anteriormente se había previsto que ocurriera a partir de 2026. La decisión beneficiará a cerca de dos millones de personas que evitarán que el trance del desempleo implique además nuevas cargas burocráticas y tributarias.
La medida fue originalmente impuesta por el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también mediante un Real Decreto-ley, aprobado en 2024. Tras su polémica aprobación, desvelada por EXPANSIÓN, la puesta en marcha acabó siendo retrasada por un ejercicio completo y, tras la marcha atrás de esta semana, finalmente no llegará a operar formalmente.
La intención inicial del Gobierno es obtener una nueva vía de información detallada de los beneficiarios de la prestación por desempleo, que quedarían automáticamente obligadas a detallar datos adicionales presentando la declaración del Impuesto sobre la Renta. Conviene tener presente que la medida se ideó después de que Hacienda impusiera también la obligación de que todos los trabajadores autónomos y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) presentara declaración de IRPF.
El propio decreto aprobado esta semana admite, sin embargo, que la aplicación de la iniciativa "excede la intención de la norma, que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo". "Resulta así necesaria la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo, pues su alcance actual no supone solo una obligación formal", argumenta, ahora el Gobierno.
"Desde que entró en vigor esta reforma, se ha observado que esta previsión no ha resultado adecuada, y que concurren motivos que justifican su supresión ya en el año 2026", desarrolla el nuevo decreto del Ejecutivo, que asegura que "el refuerzo de la interoperabilidad con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria" ha dejado de hacer necesaria la medida.
"Mantener esta obligación conlleva aumentar considerablemente las cargas administrativas en contra de aproximadamente dos millones y medio de personas nuevas que acceden al a la prestación por desempleo, a lo que hay que añadir lo que supondría para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tener que gestionar este volumen de declaraciones adicionales", prosigue el Ejecutivo, que calcula que el 75% de los 2,5 millones de beneficiarios del paro de 2024 cobró menos de 5.400 euros, lo que en ningún caso les hubiera conllevado tener que declarar el IRPF.
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