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La nueva financiación de Sánchez penaliza a las CCAA del PP que ofrecen bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones

La nueva financiación de Sánchez penaliza a las CCAA del PP que ofrecen bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones
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Se les achacan ingresos "normativos" por ese tributo superiores a los reales. Calcular la capacidad tributaria de cada autonomía es clave. Más información: Hacienda ofrece a las CCAA una financiación que prima el gasto sanitario y minimiza el criterio poblacional.

Arcadi España, ministro de Hacienda. Europa Press Europa Press

Macroeconomía La nueva financiación de Sánchez penaliza a las CCAA del PP que ofrecen bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones

Se les achacan ingresos "normativos" por ese tributo superiores a los reales.

Calcular la capacidad tributaria de cada autonomía es clave.

Más información:Hacienda ofrece a las CCAA una financiación que prima el gasto sanitario y minimiza el criterio poblacional.

Publicada 11 julio 2026 02:31h Las claves

Las claves Generado con IA

Hacienda ha aprovechado su propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica para acotar en lo posible las bonificaciones fiscales que algunas CCAA (sobre todo del PP) ofrecen en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que pueden llegar a ser del 100%.

A la hora de calcular la capacidad tributaria y la contribución que se debe hacer al sistema común por parte de las comunidades, no se tienen en cuenta esas exenciones. Se contempla su capacidad normativa, es decir, lo que ingresarían sin aplicar deducciones, no la recaudación real que obtienen cada año.

Ese proceso penaliza a todas las autonomías del sistema común (sin País Vasco y Navarra), que a pesar de ingresar menos por las herencias y las donaciones, aportarán al sistema más. Como si esos recursos hubieran entrado en sus arcas y en la renta real de sus ciudadanos.

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Es decir, que autonomías como Madrid, a la que se ha acusado de hacer dumping fiscal desde otras regiones por bonificar al 100% el tributo entre familiares de primer grado, no sólo recauda menos por ese tributo.

Además aporta más para el reparto del sistema entre las CCAA de menor renta, porque su capacidad potencial de ingresar con este tributo es muy alta.

De la suma de todos los impuestos que ingresa cada comunidad, dependerá el reparto para llegar al 75% de la medida de recursos por habitante (nivelación horizontal).

Y de esa capacidad tributaria dependerá también si aporta al sistema o recibe una compensación para reducir en dos tercios la distancia de cada CCAA respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid (nivelación vertical).

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Evidentemente, ese no es el único impuesto que se incluye en la capacidad tributaria de cada autonomía. Ni mucho menos el más cuantioso. Aunque sí puede ser el más problemático a la hora de negociar el modelo con los consejeros de Economía y Hacienda, si es que se llega a hacer.

Por lo pronto, Hacienda se ha molestado en enviar un informe técnico pormenorizado para justificar el cálculo estimativo que hace de esos ingresos en todas las regiones que mantienen ventajas fiscales en ese tributo.

Hasta ahora era muy complicado hacer ese cálculo por la falta de bases de datos que desglosaran de forma fidedigna cuál es la recaudación real y potencial de las CCAA en un tributo tan complejo como Sucesiones y Donaciones.

Las tablas que ofrece el análisis realizado entre 2009 y 2022 (no hay datos cerrados más recientes) demuestran grandes variaciones entre un año y otro, dada la disparidad de tarifas y bonificaciones de cada autonomía.

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En la revisión del modelo de financiación de 2009 se abrió a las CCAA la capacidad normativa casi total sobre el tributo, y los datos se pierden a partir de ahí. El ingreso real del tributo es de 3.181 millones en 2022, frente a una capacidad normativa para obtener más de 4.000 millones.

La Comunidad de Madrid podría haber ingresado 802 millones y se quedó en 662. Eso es apenas un 17% menos. En otras comunidades, con mucha menos actividad y renta, los montantes son menores y las diferencias porcentuales mayores.

Curiosamente, en Cataluña, el efecto hace ya cuatro años fue el contrario: se le calculaban unos ingresos estándar de 764 millones y la recaudación real fue de 891 millones, un 16,7% más.

Ante este maremágnum de datos poco fiables repartidos por toda la geografía nacional, el análisis de Hacienda opta por escudriñar cuatro complicados modelos econométricos de expertos de prestigio. Pero tampoco llega a ningún resultado concluyente.

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Al final, la decisión salomónica que ha llegado a las CCAA este viernes es que su recaudación normativa por Sucesiones y Donaciones se estimará como “el triple de la recaudación real del impuesto de cada comunidad en 1999, actualizado bien por la evolución del PIB aplicable a fallecidos o bien por la evolución del ITE”, que son los Ingresos Tributarios del Estado.

Esa “fórmula de consenso” a la que se ha llegado ante “la dificultad de afirmar de manera sólida que un método de evolución permite dar con el valor normativo más idóneo”, es con la que todas las CCAA del PP con ventajas fiscales en ese tributo se tienen que poner a calcular ahora cómo queda su financiación.

Según el último análisis de la imposición autonómica del REAF, las comunidades que prácticamente liberan de pagar este impuesto entre familiares de primer grado son Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia, las once del PP.

Uno de los últimos estudios del Banco de España de finales del año pasado estimaba una recaudación potencial por Sucesiones y Donaciones en España de entre 7.000 y 10.000 millones en España. Frente a ello y pese a la falta de datos fiables, la recaudación real apenas llega a los 4.000 millones.

Más tributos

En esa cesta de la capacidad tributaria se incluyen todos los ingresos de impuestos cedidos a las CCAA y la parte que ahora se amplía del IRPF (55%) e IVA (56,5%), junto al 58% de los Impuestos Especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos y electricidad).

Entre los cedidos está la recaudación por Transmisiones Patrimoniales, disparado por la subida de precios de la vivienda usada y que disparará el cálculo en las comunidades más caras, junto al AJD y otra de las figuras polémicas, el Impuesto del Patrimonio.

Las bonificaciones fiscales a este tributo ya se frenaron el impuesto a las grandes fortunas. Por si acaso, el documento deja claro que se incluirá “su valor normativo, entendiendo como tal la recaudación real imputada a cada Comunidad en dicho año sin el ejercicio de las competencias normativas”.

Esa cesta de cálculo, que puede disparar y trastocar el nivel de ingresos y riqueza que se estima a la hora de repartir los excedentes (nivelación vertical y horizontal) del nuevo modelo, se completa con el impuesto a la banca, cedido a las CCAA, y los nuevos tributos sobre juego, residuos, movilidad, etc.

Aunque la clave a partir de ahora va a estar en el juego político y el tremendo rechazo a priori que tiene esta propuesta, Hacienda recuerda que lo que se busca es “una medición más correcta de la capacidad fiscal de cada comunidad”, para que el modelo tenga la “mayor equidad” posible.

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