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Garamendi y Díaz, en una foto de archivo. EP La patronal planta a Díaz en su plan para sentar a los trabajadores en la dirección de las empresasCEOE y Cepyme anuncian que no acudirán a la primera reunión para abordar esta reforma, que Trabajo había convocado para este jueves
Martes, 10 de marzo 2026, 10:45
... de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó su plan —incluido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar— para, según el equipo de Díaz, «llevar la democracia por primera vez a las empresas» y sentar a los trabajadores en los órganos de dirección de las compañías.En una nota difundida tras un comité ejecutivo extraordinario celebrado el lunes, la patronal ha mostrado su desacuerdo con el plan, que pretende que las compañías den voz y voto a sus empleados en los órganos estratégicos. «No queremos cooperativizar las empresas mercantiles», afirmó Díaz durante la presentación de la iniciativa en febrero, sino que —según sus palabras— el objetivo es adoptar modelos de otros países europeos que incentivan la cogestión, como ocurre en Alemania.
El Ministerio de Trabajo presentó el pasado 2 de febrero el informe encargado a un equipo de expertos para abordar esta reforma, que servirá de base para una futura iniciativa legislativa. Entre las propuestas incluidas en ese documento figura la implantación de un modelo de cogestión empresarial en el que un tercio de los puestos del consejo de administración esté reservado a los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados. En las compañías de mayor tamaño, la recomendación es que los representantes de la plantilla ocupen hasta la mitad de los asientos del órgano de dirección.
El informe también plantea que el Ejecutivo impulse medidas para favorecer la participación de los empleados en la propiedad de las empresas. En concreto, propone establecer un plan para que los trabajadores puedan acceder al capital de las compañías, con un mínimo del 2% de las acciones en empresas de más de 25 trabajadores. Otras iniciativas sugeridas incluyen incentivos fiscales o prioridad en la adjudicación de contratos públicos para aquellas compañías que permitan la participación de sus empleados en los órganos de dirección.
Las patronales han respondido con dureza. En su comunicado conjunto, CEOE y Cepyme consideran que la propuesta del Ministerio de Trabajo supone «un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada». Los representantes de la patronal, liderados por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel, sostienen que la iniciativa constituye «un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa que genera desconfianza y desalienta las inversiones en nuestro país».
Las organizaciones empresariales añaden que resulta «sorprendente» que el Gobierno impulse este tipo de reformas «en un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial». A su juicio, plantear «una supuesta falta de democracia en la empresa» para introducir estos cambios supone poner sobre la mesa «un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado» y constituye, además, «un nuevo desprecio a la negociación colectiva», que consideran uno de los espacios «más genuinamente democráticos» del sistema laboral español.
Asimismo, las patronales sostienen que el planteamiento del Ministerio de Trabajo vulnera el artículo 38 de la Constitución, que recoge el principio de libertad de empresa, y recuerdan que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a las compañías la capacidad de organización y dirección.
Este episodio se produce en un momento de creciente tensión entre los empresarios y el Ministerio de Trabajo, que acumula varios desencuentros en los últimos meses. Aunque el choque no se circunscribe únicamente al departamento de la líder de Sumar, el cruce de declaraciones se ha extendido al conjunto del Gobierno.
«¿Dónde está la patronal cuando el Ibex alcanza máximos históricos?», espetó recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma de la última subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros, una medida que la patronal no suscribió. Díaz fue más allá y citó expresamente al presidente de la CEOE: «El señor Garamendi gana 23 veces el SMI; le pido prudencia».
Semanas antes se produjo otro momento de tensión después de que la patronal abandonara la mesa de negociación para pactar la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales tras 20 meses de conversaciones. «Eso sí que es no estar a la altura de su puesto», respondió entonces la vicepresidenta segunda, después de que Garamendi criticara que Díaz no estaba a la altura de su cargo y la acusara de actuar como un «negacionista climático y de la salud mental» en el marco de la reforma de esa ley.
Estos episodios se suman a otros desencuentros recientes entre CEOE y Trabajo, como la negociación para reformar la indemnización por despido improcedente el pasado mes de octubre, de la que la patronal también se levantó por no compartir la premisa de la mesa. Aquel fue el primer abandono de una mesa de diálogo. Antes, y a pesar de no estar de acuerdo con muchas decisiones —como las subidas del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral o la reforma del subsidio por desempleo—, la patronal siempre se había mantenido en las negociaciones con el Gobierno y los sindicatos. Incluso llegó a ser acusada de «calentar la silla» por parte de las organizaciones sindicales, aunque desde la CEOE defendían que seguían «haciendo aportaciones».
La tensión ha ido escalando y los desencuentros se suman a una lista cada vez más larga. «El diálogo social está profundamente herido», afirmó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras el rechazo de la patronal a ampliar los permisos por defunción. La vicepresidenta segunda fue aún más allá: «Desde que se fotografió con [Javier] Milei está irreconocible».
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