- C. MORÁN
- Alsa, Avanza y Arriva se lanzan a por el megacontrato de autobús de Madrid
- La 'Enatcar II' lanzada por Renfe divide a las empresas de autobús
La batalla empresarial lleva a los tribunales el macroconcurso de Renfe de 1.000 millones, el nuevo mapa concesional del Gobierno y una parte de las licitaciones locales gallegas.
España se ha convertido en el escenario europeo donde se libra la mayor batalla por el negocio de la movilidad urbana e interurbana. Coincidiendo con la renovación masiva de los principales contratos de transporte de autobús estatales, autonómicos y locales, donde hay en juego más de 15.000 millones de euros de cifra de negocio, las empresas afinan sus ofertas y, al mismo tiempo, engrasan sus servicios legales de cara a una judicialización global del mercado que ya está tomando cuerpo, incluso antes de adjudicarse, con contratos suspendidos que suman unos 3.000 millones de euros.
Está recurrido el concurso de Renfe para buscar un socio para crear una empresa de transporte alternativo al tren, un contrato con una cartera de negocio de más de 1.000 millones de euros que las pequeñas y medianas empresas del sector han conseguido parar en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc).
En paralelo, el Ministerio de Transportes acaba de enviar a información pública las 34 líneas que componen el nuevo mapa concesional estatal. Hasta ahora, solo una de las líneas, la concesión que une Bilbao con Castro Urdiales (Cantabria) se ha licitado y, nada más anunciarse, Lictrain, operador vinculado al grupo de transporte y logística Ontime, lo ha recurrido ante el Tacrc. "Demuestra el grado de judicialización que sufre el sector", dicen las empresas consultadas, que avisan de que la tensión solo ha empezado.
Todo el sector pone su mirada en Cataluña, donde la Generalitat, en una decisión muy polémica, ha aprobado una nueva prórroga a través de un Decreto ley para los servicios de transportes de la región de seis años, hasta 2034. La decisión blinda el negocio de los actuales operadores incumbentes (Moventis, Alsa, Monbus, Sagales o Planes) y cierra la puerta a otros gigantes del sector sin presencia en ese mercado, que mueve cientos de millones al año.
Los servicios de Competencia de Cataluña ya han avanzado que recurrirán la prórroga expediente por expediente, mientras que varios despachos trabajan también en este asunto al creer que la decisión vulnera la legislación nacional y comunitaria. "La prórroga vulnera la ley de contratos y el Reglamento de la UE 1370/2007", aseguró el jurista Fernando Cascales en una reciente intervención en la que catalogó al sistema concesional español como "fallecido". Alberto Dorrego, socio de Eversheds Sutherland, también ve el Decreto ley catalán como un "golpe a la línea de flotación del modelo concesional español". "Le están dando munición a la Comisión Europea para que ponga en cuestión a España cuando defiende que el modelo concesional es la mejor fórmula de competencia por el mercado", dice el especialista en derecho público.
Lo ocurrido en Cataluña ha tenido eco en Madrid, donde el Gobierno regional está a punto de lanzar el concurso de los 21 lotes en los que se ha divido el transporte regular en autobús, un negocio de 11.000 millones. "No es razonable que compañías catalanas hayan blindado su negocio local los próximos seis años y puedan pujar con libertad en el concurso de Madrid", critican varias empresas, en clara referencia al grupo catalán Moventis, propiedad de la familia Martí.
La judicialización del transporte se extiende al ámbito local.Galicia está siendo el mayor campo de batalla al salir al mercado la explotación de servicio de autobús de alguna de las grandes capitales de la región como Ourense, Santiago de Compostela y Vigo. En Ourense, la adjudicación del contrato ya se encuentra recurrida en los tribunales. También hay batalla en Santiago, mientras que en Vigo se está a la espera de la apertura de las ofertas económicas. En juego, varios cientos de millones de euros de cifra de negocio que afecta a grupos de transporte de la talla de Monbus, Avanza, Alsa, Arriva y la portuguesa Barraqueiro, entre otros.
El enfrentamiento en los tribunales sobrepasa fronteras, con gigantes del sector como Flixbus como principal ariete contra el modelo concesional español y empeñado en desembarcar en el mercado doméstico a través de la controvertida figura del servicio de cabotaje, lo que permitiría que una parte del pasaje de líneas internacionales pueda desembarcar o subirse en estaciones nacionales.
La Comisión Europea abrió en abril de 2025 la puerta a que la región de Renania-Palatinado autorizase la línea Tréveris-Madrid de Flixbus con cabotaje en España con paradas intermedias en Barcelona, Zaragoza y Guadalajara.
La línea generó dos procesos judiciales contra la decisión ante el Tribunal General de la UE (TJUE). Uno lo presentó España, registrado como asunto T-388/25. El otro lo presentó la patronal Confebús, registrado como asunto T-532/25. Ambos piden la anulación de la decisión de Bruselas.
España interpuso su recurso en junio de 2025 y, ese mismo mes, presentó una demanda separada de medidas cautelares para suspender la ejecución mientras se resuelve el fondo. El TJUE la rechazó al no apreciar urgencia. El recurso sobre el fondo sigue abierto. La patronal Confebús presentó otro recurso contra la misma decisión, pero sin pedir cautelares.
La amenaza de Flixbus con el cabotaje
Flixbus quiere entrar en el mercado nacional a través del cabotaje.DREAMSTIMEEXPANSIONEl Gobierno español se opone frontalmente a que la alemana Flixbus pueda abrir líneas internacionales con cabotaje en España. Según las fuentes jurídicas consultadas, la defensa española en Bruselas ha dejado mucho que desear. Ponen como ejemplo que el análisis enviado al tribunal europeo está plagado de errores de traducción como denominar a Arcos de Jalón como Bows of Pull y Tretris a la alemana Tréveris. El informe tampoco dejaba claro por qué había que proteger la exclusividad de una concesión que llevaba caducada desde el 24 de marzo de 2013 o por qué, a pesar de ello, sigue recibiendo incentivos a la demanda del erario público. Asimismo, incluía fallos como atribuir al servicio internacional los mismos tiempos de viaje que los de la concesión.
Pugna por el 'ticketing' de Madrid
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha puesto en marcha la segunda fase del concurso de proyectos para la implantación de un sistema de ticketing Account-Based Ticketing (ABT) en el transporte público de la Comunidad de Madrid, una iniciativa llamada a transformar la forma en la que millones de usuarios acceden y pagan por los servicios de movilidad de la región con un presupuesto de 40 millones de euros.
Con el inicio de esta nueva etapa, los seis candidatos seleccionados (Kentkart; Hitachi Rail; la UTE formada por Cubic y Eysa; la integrada por Masabi y Accenture; y la alianza de Inetum y BPC; y la unión entre Indra y Kontron) han sido formalmente invitados a desarrollar y presentar sus proyectos para el futuro sistema de ticketing madrileño.
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