Apertura del año judicial en Cataluña -una de las plazas más complejas por la saturación en los juzgados- marcada por la crisis en vivienda y la convulsa sesión en el Congreso que se está celebrando con los dos decretos en el punto de mira. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia catalán no ha querido ser ajena al problema y ha exigido a los parlamentarios "herramientas sólidas con capacidad de respuesta" a las diversas situaciones "con una mirada amplia y justa".
Así se ha posicionado la justicia catalana sobre una crisis que sacude las calles y la política, y para la que el TSJ pide tener más soluciones y mecanismos para aplicar y "garantizar que todos los derechos que han de ser protegidos tengan respuesta". De hecho, Caso ha puesto como ejemplo un convenio firmado entre el decanato de Barcelona con el Ayuntamiento sobre los desahucios. "Muchas de las actuaciones que previmos después pasaron a ley".
"En tiempos de desánimo y decepción, hay que armarse de nuevo de esperanza", ha remarcado para apelar a las "generaciones" que "hicieron posible lograr un sistema de derechos sociales básicos "tenían esperanza".
Por otro lado, la presidenta del TSJ catalán también ha hecho referencia a la "diversidad propia de una sociedad que ha crecido gracias a la mezcla de culturas y formas de pensar". "Los tribunales seremos siempre la última frontera y velaremos por la defensa de los valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la igualdad y la justicia.
Al acto, celebrado en el Palacio de Justicia de Barcelona, también ha asistido el fiscal superior, Francisco Bañeres, quien se ha preguntado si la respuesta penal "es lo suficientemente contundente" en lo relativo a la posesión de armas blancas y de fuego por parte de bandas criminales.
Entre los datos más relevantes, ha señalado que los delitos cometidos el año pasado por menores de edad experimentaron un incremento de un 4,5%, siendo especialmente destacable el aumento del 17% de robos con violencia e intimidación.
También ha afirmado que los delitos contra la libertad sexual "continúan mostrando una tendencia ascendente que resulta bastante preocupante", con un aumento de un 9% de casos de agresión sexual, lo que confirma una evolución sostenida en los últimos años.