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La crisis causada en Ceuta con la entrada descontrolada de decenas de miles de inmigrantes tiene dimensión política, pero también un alcance económico cuyas consecuencias son aún difíciles de prever, aunque las pérdidas se hayan cifrado inicialmente en unos 30 millones de euros.
La situación de caos e inseguridad ha golpeado con fuerza el sector servicios, que representa casi el 90% del valor añadido y que supone el 88% del empleo de los ceutíes.
La invasión provocó, desde un primer momento, que muchos comercios tuvieran que cerrar y que hubiera una oleada de cancelaciones en el sector turístico.
En total se calcula que el 70% del comercio ceutí se habría visto claramente perjudicado por unos acontecimientos cuya responsabilidad recae sobre el Gobierno de España, por su incapacidad para asegurar las fronteras.
Ante el desgaste político que supone esta crisis para el Ejecutivo, Pedro Sánchez intenta ahora revertir la situación enviando cada pocos días un ministro a Ceuta, para trasladar la idea de que se está volcando.
Cada visita, sin embargo, viene acompañada de buenas palabras y pocas soluciones. Ayer le tocó al vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que anunció medidas de choque.
Tres semanas después del asalto, Ceuta sigue siendo un caos, con miles de inmigrantes en sus calles, que demuestran la inoperancia del Gobierno.
Para superar esta crisis, Ceuta necesita algo más que palabrería o medidas coyunturales. Necesita una medida estructural que no es otra que la garantía de la soberanía española. Eso es lo que debe ofrecer Sánchez para devolver la confianza que Ceuta necesita.
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