Más de quince mil hectáreas de monte, valle y vida en la Sierra Norte de Guadalajara se ven amenazados por lo que, posiblemente, sea la representación de la más febril de las codicias y tentaciones: el oro. En esa extensión, la empresa minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD espera desarrollar su sueño dorado a través de su filial española Oroberia S.L.U., la cual ha solicitado permisos de investigación del subsuelo de la zona. A través de tres proyectos, la minería amenaza a unos pueblos que no están dispuestos a morir de nuevo. De ahí la insurrección dentro de la España vaciada -que el alcalde de Naharros, Ricardo Antón, prefiere llamar con amarga ironía "la España vacilada"- protagonizada por ayuntamientos, asociaciones y vecinos de todo tipo de pelaje bajo una alianza para la defensa de algo tan elemental como el derecho a seguir siendo. "Cuando vamos a reclamar a la administración, nos preguntan '¿cuántos censados sois?' ¿Y qué más da? Asocian el valor de un pueblo con la cantidad de gente que vive, algo que, creo, toda esta clase de proyectos aprovecha pensando que, siendo pocos, vamos a estar desunidos", explica el propio Antón.
Desde primavera, 14 ayuntamientos afectados directamente están en pie de guerra contra los proyectos "Gua", "Dala" y "Jara". La nueva ola minera y el surgimiento de tantos "proyectos estratégicos" en territorio nacional encuentran, en parte, amparo en el nuevo Reglamento sobre Materias Primas Fundamentales, diseñado por la Unión Europea y en vigor desde el 11 de abril de 2024. Desde Bruselas, presentan la necesidad de cubrir el 10% de la extracción de la cadena de suministros como un gesto de resiliencia energética casi patriótico.
Pero esta retórica se deshace cuando toca tierra en pueblos como estos. Y pasa porque lo que allí se vende como un "interés general" aquí se traduce -debido a las medidas claves del Reglamento- en permisos acelerados, una facilidad inquietante para catalogar como "estratégico" un proyecto y empresas extranjeras que infligen una herida en el sentido y significación de la naturaleza y de quiénes la habitan. "Si es para la dependencia de Europa y nuestro interés general, ¿por qué en estos proyectos el interés proviene de una multinacional australiana con inversores de todo el mundo?", reflexiona Javier Cantero, alcalde de La Toba. "También dicen que es para nuestro propio beneficio, pero las empresas no son estatales, ni están participadas por el Estado. Son privadas y la materia prima la venderán al que más le pague".
Pero la legislación española también tiene su aquel en esta jugada. La regulación de las actividades extractivas en suelo patrio no ha sufrido modificaciones desde hace 52 años. Nadie la ha tocado desde 1973, cuando los últimos tecnócratas del franquismo redactaron la Ley de Minas. El texto convierte todo recurso mineral en dominio público y el propietario del terreno carece de derecho sobre lo que hay bajo sus pies, salvo sobre los considerados de poco valor como áridos, arenas o gravas. "Si una empresa lo solicita y la administración le concede el permiso, tienes que permitirle entrar y, si no llegas a un acuerdo, te expropia la misma administración", cuenta Cantero.
Esta combinación de normas ha sembrado el terreno perfecto para lo que hoy sucede en la Sierra Norte. Con cada uno de los tres proyectos, Oroberia pretende realizar seis sondeos en una primera fase y, si los resultados son favorables, otros seis en una segunda, con una profundidad de entre 300 y 400 metros. "El tipo de mina -galería o a cielo abierto- dependerá de la altura a la que encuentren los minerales", explica Cantero, "si es a 200 metros o menos de la superficie ya se trataría de una explotación a cielo abierto".
En Naharros, uno de los municipios también afectados, saben bien lo que eso significa. Desde hace más de 40 años conviven con las explotaciones a cielo abierto de la mina de El Picacho. El murmullo de las máquinas, a poco más de 800 metros, y el polvo se cuelan constantemente en sus casas. "Remover la tierra levanta polvo -brillante, por los microcristales- que el viento se lleva y acaban respirando los vecinos de la zona, pudiendo producirles enfermedades como silicosis [enfermedad pulmonar que puede derivar en complicaciones como cáncer, EPOC o fibrosis]", señala el popular, Ricardo Antón.
"Después de 40 años de una cantera, vas al pueblo y, en lugar de haber 50 personas censadas, hay cuatro. Una cantera lo que trae es pobreza, destrucción y, literalmente, muerte", continua el político del PP rodeado de otros alcaldes, reunidos en Ríofrío del Llano (Guadalajara) y de colores políticos diversos (PSOE y Unidas Podemos-Izquierda Unida), pero unidos por la voluntad de permanecer. Son ellos, junto al resto de sus vecinos, custodios de una España que sobrevive en los márgenes, y precisamente por ello se convierten, sin proponérselo, en testigos y centinelas de las negligencias medioambientales. "Las administraciones, tanto autonómicas como la central sean del color que sean, tendrían que preocuparse por evitar echar a la gente que seguimos aquí, en esta parte de España que no está vacía", añade la alcaldesa de Ríofrío del LLano, la socialista Maite Pérez. Y es que a ellos -que siguen sosteniendo con su presencia lo que muchos quisieran que dieran por perdido- se les unen otros vecinos que, de la mano del teletrabajo, han encontrado una facilidad para volver a sus orígenes de una forma permanente.
Pero los tres proyectos, con fecha de registro en agosto, podrían acabar con la tranquilidad. Sólo uno -'Jara' , 7.500 hectáreas- terminó su periodo de información pública; para el 'Dala' (4.200 hectáreas) y el 'Gua' (2.800 hectáreas) aún quedan varios meses.
Representación del terreno afectado por los tres proyectosTemen, no sin razón, que todo siga su curso, que después del derecho a la investigación (tres años, prorrogables hasta seis), se explote el suelo hasta el agotamiento y que, una vez cumplido el beneficio, la empresa desaparezca, dejando tras de sí la tierra mutilada y la promesa de restauración incumplida. "Necesitan muchos recursos hídricos y, además, emplean tratamientos químicos que van a sus balsas de contención en medio de la naturaleza y que acaba infiltrándose", explica el también socialista y teniente alcalde de Pálmaces de Jadraque, José Ramón Gil.
"¿Cómo se repara la cresta de una montaña que ha tardado 400 millones de años en formarse? La minería no se plantea hacer las cosas para que tenga un menor impacto", añade Antón sobre la rehabilitación y reparación del suelo tras el cierre de las minas. "Tiene un valor geológico único, es como tirar el Coliseo romano y reconstruirlo con piedras nuevas".
Pero incluso si la tierra sobreviviera al daño físico, persiste en sus cabezas el temor de la "especulación". Porque "una vez concedido el derecho de investigación o explotación", como explica Cantero "ese mismo derecho puede venderse o alquilarse". Y es que la legislación española permite que los derechos de explotación se extiendan durante 30 años, prorrogables hasta 75, lo que en la escala humana equivale a una vida.
UNESCO Y RED NATURA 2000
No se trata, además, de cualquier terreno. Están en juego entornos naturales privilegiados, lugares que forman parte de la Red Natura 2000 (como el Valle del río Cañamares y Riberas del Henares), otros que la UNESCO ha reconocido por su valor biológico y paisajístico y uno de interés geológico singular, el llamado Cretácico Superior del Embalse de Alcorlo. Intervenir allí -abrir galerías, remover la tierra, contaminar las aguas- sería alterar también la coexistencia que la Sierra Norte ha mantenido con el tiempo, una armonía que en otras partes de la Península y de Europa ya se perdió para siempre. Sólo, en lo que respecta al proyecto Jara, más del 63% del territorio afectado -unas 1.780 hectáreas- concentra una riqueza biológica excepcional, que podría desaparecer por la búsqueda de oro.
"Riofrío del Llano, por ejemplo, es un ayuntamiento que, gracias a la pedanía de Santa Mera, hemos sido incluidos en el proyecto de la UNESCO del Paisaje Dulce y Salado", explica la alcaldesa, "se echaría a perder toda pretensión sostenible en la que estamos volcados".
En los 14 ayuntamientos amenazados, la naturaleza no es un decorado, sino que forma parte de la rutina. Por eso, desde ecologistas hasta cazadores, todos coinciden en la causa de defender el verdadero oro de esta comarca. Movidos por salvar su verdadero dorado, han recabado más de 200 alegaciones en contra de los tres proyectos extractivos. Aunque, como bien reconoce Maite Pérez, no ha sido fácil. "Al no habernos visto en nada parecido, en un principio no sabíamos como teníamos que proceder y tampoco teníamos asesoramiento", cuenta, "pero, al final, gracias a Ecologistas en Acción y a la unión entre los Ayuntamientos, hemos sido capaces de seguir adelante".
Tras esta primera oleada de resistencia civil, los municipios confían en que la Junta de Castilla-La Mancha -que, aseguran, les consta "está sensibilizada"- escuche sus razones y detenga a tiempo lo que podría convertirse en una herida irreversible. Como bien señalan estos alcaldes, estas propuestas mineras atentarían contra la propia legislación de la Administración Autonómica. "Estos proyectos también chocan de frente con la Ley de Despoblación con la que tanto se llena la Junta de Castilla-La Mancha la boca", critican. "Una ley que de lo que trata es de que con los recursos naturales que hay naturales, la gente pueda vivir en sus pueblos y no se tenga que marchar", añade Pérez.
Desde el 7 de mayo de 2021, el gobierno de García-Page emprendió una suerte de cruzada legislativa para frenar la sangría poblacional en las zonas rurales, proteger su desarrollo socioeconómico y garantizar la permanencia de quienes resisten en territorios donde apenas se concentra el 20% de los castellanomanchegos. Sin embargo, señalan los alcaldes, estos proyectos mineros actuarían como una fuerza inversa, capaz de revertir con un solo golpe décadas de política pública y de esfuerzos para no abandonar sus raíces.
Aunque en noviembre la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara obligó a Oroberia a englobar los tres proyectos en uno sólo y a someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria -en lugar de simplificada, que es más ágil y menos exigente-, cada día que pasa en esta esquina de la provincia de Guadalajara, los vecinos sueñan con seguir siendo dueños de la tierra que han cuidado durante generaciones, tal como la han conocido y trabajado. No quieren ser despojados en nombre de la extracción de materias primas, ni aparecer reducidos a cifras en listas estratégicas de Bruselas, como este 2025 ha sucedido con sus paisanos de Abenójar (Ciudad Real), Beariz (Ourense), Cañaveras (Cáceres), Monesterio (Badajoz) o los términos sevillanos de Gerena, Salteras y Guillena. Todo en nombre de la fiebre por las llamadas tierras raras que, parece, amenazar ya todo.