- CARLOS CUERPO
- El año 2025 cierra con 152.000 parados menos y con la creación de más de 500.000 empleos
- La actividad del sector servicios español escala en diciembre a máximos anuales
Más allá de las cifras de crecimiento -cerca del 3% en 2025, liderando entre las economías avanzadas- los datos muestran una realidad más profunda de modernización y cambio estructural que desmiente viejos clichés sobre nuestra economía.
España está construyendo un modelo de crecimiento equilibrado, robusto, diversificado y, por ello, sostenible en el largo plazo. Estamos demostrando que podemos competir sin volver a recetas caducas que ya mostraron sus límites. Se están sentando las bases de la prosperidad futura.
A menudo, el ruido nos impide escuchar la melodía de fondo, por eso es importante destacar las realidades que apuntan a la transformación de nuestra economía. Además de la mejora simultánea en productividad y empleo, algo insólito en nuestra historia reciente (recordemos que en España la productividad crecía en las etapas de destrucción de empleo) existen numerosos indicadores que confirman la profundidad del cambio en curso.
En primer lugar, la revolución verde como factor de competitividad. La decidida apuesta por las energías renovables no solo supone defender el futuro de nuestro planeta, sino que ha sido un elemento de autonomía estratégica y de soberanía energética que reduce nuestra dependencia de combustibles fósiles de los que carecemos y ha contribuido a proteger a España de los shocks energéticos recientes, además de ofrecer una ventaja en costes para nuestra industria. Las renovables son, también, un atractivo para la inversión extranjera directa. Según el Financial Times, somos el sexto país que ha atraído un mayor número de nuevos proyectos de inversión productiva (denominados "greenfield") entre 2018 y 2025 y, segundo en nuevos proyectos de inversión en energías renovables (con datos hasta noviembre).
En segundo lugar, el fin de la anomalía laboral española. Si algo caracterizaba al mercado de trabajo español era su extraordinaria -y dañina- dualidad, con alrededor de un tercio de sus trabajadores con contratos temporales, lo que provocaba una gran volatilidad y amplificaba el ciclo económico, junto con un desempleo estructural excepcionalmente alto. En los últimos años se está dando la vuelta a esa situación.
La creación récord de puestos de trabajo desde la pandemia hasta superar los 22,4 millones de ocupados ha permitido reducir la tasa de paro en cerca de cincos puntos desde 2018, situándose ante la barrera del 10%. Ésta constituye una barrera histórica que el mercado de trabajo de nuestro país solo ha roto en ciclos de crecimiento sustentados en desequilibrios, concentrados en sectores concretos, como ocurrió en el boom inmobiliario. El modelo actual es muy diferente gracias a las medidas adoptadas por un gobierno progresista. Hoy, la creación de empleo es más sostenible, se concentra en sectores de alto valor añadido, lo que se traduce en mayor estabilidad, en ganancias de productividad y en mejores salarios. Las empresas están contratando más que nunca, y lo están haciendo de manera creciente a través de contratos indefinidos. Están invirtiendo en sus trabajadores y aumentando con ello su productividad, y por otra parte los trabajadores indefinidos cuentan con más derechos y tienen un incentivo claro a formarse para su puesto de trabajo. La reforma laboral de 2021 ha permitido atacar definitivamente la dualidad y desencadenar esta fuente de crecimiento.
En tercer lugar, el impulso de nuestro capital humano. España está invirtiendo significativamente en la educación de los trabajadores como vía para aumentar su productividad. Estamos acercando las habilidades de los trabajadores a las cualificaciones que demandan las empresas, a través de su recualificación continua y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado, y, muy especialmente, con la FP Dual, que dispone de un catálogo de oferta educativa profundamente renovado. A ello hay que sumarle una inversión histórica en becas. El refuerzo de nuestro capital humano se refleja también en la reducción de la tasa de abandono escolar temprano, actualmente en mínimos históricos, en torno al 12%, frente al 33% de 2002, cuando teníamos una tasa de desempleo juvenil similar a la actual. Con ello se amplían las perspectivas de futuro de nuestros jóvenes, corrigiendo, una vez más, otra anomalía en nuestra historia económica: creación de empleo ya no significa más abandono escolar.
Otro de los factores que está contribuyendo al impulso del capital humano es el atractivo de España para trabajadores migrantes, sobre todo de Latinoamérica, cada vez con mayor cualificación. La aportación de estos trabajadores es fundamental para el crecimiento a corto plazo. Ya lo estamos viendo, de hecho, en el aumento del PIB per cápita que es achacable, en parte, a su participación en nuestra economía. Una población joven y con capacidad de emprender e innovar supone también una condición para el crecimiento a largo plazo de nuestra economía. Es decir, la inmigración no es, como en otras ocasiones, un factor coyuntural sino un ingrediente imprescindible para que el crecimiento de nuestra economía continúe. La capacidad de atraer inmigrantes cualificados es uno de los factores críticos del éxito de las economías y ahí España, que ya supera los 49 millones de habitantes, parte con una ventaja que no puede desaprovechar.
En cuarto lugar, la innovación como punta de lanza. Veníamos de un ecosistema de startups prácticamente inexistente hasta el año 2018, un ecosistema que ha duplicado su tamaño entre 2020 y 2025, siendo el tercero que más rápido ha crecido en la Unión Europea, sólo por detrás de Irlanda y Bélgica en estos cinco años. Además, este crecimiento se está centrando cada vez más en proyectos relacionados con deep tech, con sectores estratégicos como Inteligencia Artificial, biotecnología o food tech. Esta transformación es clave para que las empresas españolas asciendan en la cadena de valor global y para la creación de puestos de trabajo de alta cualificación.
Este cambio viene impulsado por las reformas del Plan de Recuperación, con la clara contribución de la entrada en vigor de la Ley de Startups. Y, por supuesto, por el esfuerzo tractor de las inversiones del Plan que están reforzando infraestructuras punteras - como la participación en la red de supercomputadores europea, entre otros- e intangibles como la atracción y retención del talento. La inversión en I+D ha aumentado un 60,1% respecto a 2018, con tasas promedio anual muy superiores a la Unión Europea, favoreciendo nuestra convergencia progresiva.
En quinto lugar, una menor dependencia del exterior. En 2007 uno de nuestros principales problemas era el fuerte déficit exterior. Hoy la situación es la contraria: España registra superávit, genera ahorro para financiarse y mantiene su cuota comercial en el mundo gracias a un sector empresarial cada vez más competitivo. Incluso en un contexto global complejo, nuestras exportaciones de servicios crecieron con intensidad: en año récord de llegada de turistas, el aumento de ingresos por servicios no turísticos es aún mayor. Estos servicios, de alto valor añadido, se han consolidado ya como un motor económico capaz de superar el tradicional peso del turismo. Esto, de nuevo, es otra de las señales que habla del efecto de modernización de nuestra actividad productiva que ha superado la etiqueta del sol y playa.
En sexto lugar, el refuerzo del escudo social. El crecimiento, las grandes macromagnitudes, son una condición necesaria para que los españoles puedan experimentar mejoras tangibles en su día a día. Esa es la razón de la reciente inclusión de indicadores de desigualdad y pobreza en el Cuadro Económico que acompaña el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y pretende servir de guía de la política económica, garantizando que el crecimiento económico va de la mano de una mejor distribución de la renta. Un crecimiento con propósito.
A pesar de que todavía nos queda mucho trabajo por delante, la evolución positiva de la tasa de ocupación en los últimos años, la reducción de la tasa de paro y políticas como las sucesivas subidas del SMI, la creación del Ingreso Mínimo Vital o la reforma laboral de 2021 han sido determinantes para mejorar la redistribución de la renta. Así, a pesar del episodio de escalada de precios de los últimos años, el poder adquisitivo se ha recuperado en España con mayor fuerza que en los países del G7, según los datos de ingresos disponibles brutos reales per cápita de la OCDE (desde el primer trimestre de 2022, aumentan un 7,8% frente a un 5,4% en los países G7). Además, entre el año 2018 y 2024, en España es el tercer país en que más ha caído la tasa de riesgo de pobreza en toda la zona del euro, reduciendo en un tercio el diferencial respecto a la media de la eurozona. En definitiva, la política económica está permitiendo que el crecimiento diferencial de la economía de España se traduzca también en mayor bienestar del conjunto de la ciudadanía.
Todos estos factores no son independientes entre sí, sino que se retroalimentan y son los responsables del círculo virtuoso de crecimiento de los últimos años. Una economía con energía verde y competitiva y abundancia de trabajadores cualificados favorece la creación de empresas innovadoras y reducen nuestra dependencia exterior, lo que nos hace más resilientes a los shocks y hace más atractivo invertir; y, en una economía que crece, surgen más oportunidades para innovar y emprender.
A pesar de la resiliencia que está mostrando nuestra economía frente a todo tipo de shocks, la historia nos muestra que estos procesos transformadores pueden detenerse e incluso revertirse. Es necesario continuar adoptando políticas para no desviarse de este.
No faltan los retos. Tras 15 años llenos de shocks económicos recurrentes - desde la crisis financiera hasta la guerra de Ucrania y su efecto en los precios, pasando por la pandemia- una parte de la ciudadanía experimenta una situación de inseguridad económica, especialmente nuestros jóvenes.
Frente a esa inseguridad y al pesimismo que los datos económicos no logran todavía corregir del todo, tenemos la obligación de seguir trabajando para que este crecimiento se distribuya de manera justa, para seguir reforzando nuestro escudo social y consolidando la modernización de nuestra economía. No son objetivos contradictorios, sino que van de la mano.
Ejemplo de este trabajo es la estrategia para facilitar el acceso a la vivienda. Resolver el problema de la vivienda no es solo un objetivo social: es una reforma económica estructural, porque afecta a la movilidad laboral, la productividad, la natalidad y la igualdad de oportunidades. Avanzar en este objetivo es nuestra mayor prioridad, en responsabilidad compartida con las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Desde el Estado, estamos abordando este desafío con una estrategia integral atacando todas las fuentes posibles de este problema, poniendo soluciones en todos los ámbitos. Desde la recomposición del parque público de vivienda, para dar un acceso asequible a través de la nueva empresa estatal, Casa 47, al esfuerzo inversor público y privado o la lucha contra las viviendas turísticas ilegales. Entre un amplio abanico de medidas, cabe destacar la agilización de los trámites y licencias para que se construya más rápido, los avales públicos a través del ICO para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda sin esperar a disponer de la entrada o los incentivos fiscales para dinamizar la oferta de alquiler, recogidos en la Ley de Vivienda.
En nuestra hoja de ruta también queremos crear las condiciones para romper el patrón de una España de empresas demasiado pequeñas, poco productivas y poco competitivas, que no pueden permitirse salarios atractivos y no podían crecer por el camino. Apostamos por ayudar a las empresas a crecer, a innovar a través de la inversión y que, con ello, generen más empleo, atraigan talento y paguen mayores salarios, redundando de manera positiva en el funcionamiento del conjunto de la economía y del bienestar de los ciudadanos. De la mano de los empresarios y sindicatos estamos trabajando para conseguir este cambio estructural en nuestra demografía empresarial a través de la simplificación normativa; la innovación y digitalización; el acceso a financiación; el desarrollo de talento y la internacionalización.
Estamos en pleno proceso de transformación y modernización de nuestra economía. Un proyecto de prosperidad compartida que redefine el Made in Spain asociándolo a un producto innovador, sostenible, competitivo y socialmente comprometido.
Debemos mantener las manos firmes en el volante para consolidar lo conseguido, renovar la ilusión de lo que está por venir y hacerlo todos juntos.
Seguimos.
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