La Comisión Europea constata que la percepción de corrupción en España se ha disparado durante el Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, en los últimos cinco años. Y sostiene que es "relativamente alta" entre ciudadanos, expertos y empresas.
Bruselas así lo recoge en el informe del Estado de Derecho que ha publicado este viernes, y en el que en concreto señala que "en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional, España obtiene 55 puntos sobre 100, ocupando el 17º puesto dentro de la Unión Europea y el 49.º a nivel mundial". "Esta percepción ha empeorado de forma significativa durante los últimos cinco años", añade la Comisión Europea.
Y todavía más. Recuerda que "según el Eurobarómetro Especial sobre Corrupción 2026, el 92% de los ciudadanos considera que la corrupción está muy extendida en España frente al 71% de media en la UE". El 53%, además, afirma sentirse personalmente afectado por la corrupción en su vida cotidiana por un 30 % de media europea.
El documento, tal como ha adelantado EL MUNDO este viernes, también recoge el señalamiento que sufren los jueces por parte del Gobierno. Esta misma semana ha vuelto a ocurrir hasta en dos ocasiones: con la confirmación por parte de la Audiencia de Madrid del juicio contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; y con la sentencia de inhabilitación contra el hermano del líder del Ejecutivo, David Sánchez. "Albañilería judicial", "causa política" y "auténtica barbaridad" son algunos de los calificativos que han lanzado diferentes miembros del Ejecutivo, algo que no gusta en absoluto en la capital comunitaria.
"Jueces y profesionales del Derecho siguen mostrando preocupación por las declaraciones públicas de responsables políticos criticando resoluciones judiciales. Miembros de la judicatura, entre ellos el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones judiciales y también el Tribunal Constitucional, continúan advirtiendo de que las declaraciones dirigidas contra jueces concretos contribuyen a erosionar la confianza pública en la Justicia", recoge el informe de la UE.
"El Tribunal Supremo ha denunciado acusaciones de lawfare judicial y críticas personales dirigidas contra sus magistrados, especialmente tras algunas resoluciones de gran repercusión pública", sigue enumerando Bruselas, que lanza la siguiente advertencia: "Según las normas europeas, aunque la crítica a las resoluciones judiciales forma parte del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar manifestaciones que puedan menoscabar la independencia judicial o la confianza pública en la Justicia. Asimismo, todos los poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— deben actuar con respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y preservar la confianza de la ciudadanía".
La UE incluye en su advertencia al ámbito judicial, sí, pero la advertencia proviene de las presiones que afirman sufrir los jueces, y no es precisamente la primera ocasión en la que Bruselas advierte al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los señalamientos.
El relevante informe de la Comisión, relativo a 2025, también toma nota de la condena al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz. "Después de que el Tribunal Supremo declarara culpable al anterior Fiscal General del Estado de la filtración de información confidencial, este presentó su dimisión", recoge el documento.
Y por supuesto se hace referencia de manera extensa a la situación del Consejo General del Poder Judicial, punto en el que Bruselas vuelve a subrayar que una parte de los vocales siguen siendo elegidos por los políticos. "La Comisión de Venecia señaló que no se ajustaría al estándar del Consejo de Europa de elección por los propios jueces, al considerar que, además de los riesgos internos de politización presentes en el primer modelo, hace que el procedimiento sea vulnerable a la politización externa en el Parlamento", sostiene.
"Respeta y acata" la sentencia del TJUE
Durante la presentación del informe del Estado de Derecho, y más allá del propio informe, el comisario de Justicia, Michael McGrath, ha sido preguntado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. Evitando meterse en cualquier problema, el responsable irlandés se ha limitado a apuntar que la Comisión "siempre respeta y acata las resoluciones del Tribunal". "Por lo que tomamos nota atentamente de todas sus sentencias, incluidas las relativas a la Ley de Amnistía". Nada más.