José Ángel González, el ya cesado director adjunto operativo de la Policía (DAO).
España Las denuncias por violencia de género en la Policía se han duplicado en cuatro años: de 61 casos se ha pasado a 121Los datos revelan un aumento sostenido de los procedimientos activados desde que el protocolo entró en funcionamiento en 2021.
Más información:El DAO de la Policía nombrado por Marlaska, investigado por supuesta violación a una agente en una vivienda de Interior
Ángela Poves Publicada 23 febrero 2026 21:46h Actualizada 23 febrero 2026 21:47hLas claves nuevo Generado con IA
Las denuncias internas por casos de violencia de género se han duplicado en cuatro años en la Policía con José Ángel González al frente, el ya cesado director adjunto operativo (DAO).
Los procedimientos abiertos han pasado de 61 en 2022 a 121 en 2025, según registra el protocolo de la Policía Nacional, a cuyo contenido ha podido acceder este periódico.
El protocolo interno de actuación contra la violencia de género se aprobó en febrero de 2021 y entró en funcionamiento a principios de 2022.
Estápensado para casos en los que la posible víctima o el agresor sean funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía "en situación de servicio activo, así como el alumnado de los centros docentes dependientes de la Dirección General de la Policía con carácter supletorio".
En 2023 se registraron 87 denuncias de casos de violencia de género y, en 2024, 96, aunque no siempre culminan esos expedientes en apertura de pesquisas judiciales.
La querella contra el exdirector operativo de la Policía por violación: "La sujetó, le bajó el pantalón y metió su mano"Fuentes policiales consultadas por este periódico señalan que el incremento de los casos no sólo se debe a un aumento de los agresores, sino también a una mayor concienciación social y mejora de la confianza en los mecanismos de denuncia.
Todos estos casos coinciden con el tiempo en que José Ángel González, acusado ahora de una presunta violación a una subordinada en un piso propiedad de Interior, estuvo al frente de la Dirección Adjunta Operativa.
González tenía, entre otras funciones, velar por la correcta coordinación operativa y funcionamiento interno de los distintos servicios policiales.
Su presunta víctima, no obstante, optó por no utilizar este protocolo y querellarse directamente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha citado a declarar al ya ex DAO el próximo 17 de marzo.
A su vez, Interior ha abierto un procedimiento interno para investigar si la mano derecha de González, el comisario Óscar San Juan, implicó a más agentes en su intento por comprar, supuestamente, el silencio de la agente, que aseguró en la querella que San Juan le habría ofrecido el destino que ella quisiese.
Interior investiga si la 'mano derecha' del DAO implicó a más agentes al tratar de comprar el silencio de la víctimaEl protocolo se activa cuando se abre un atestado por violencia de género o por un procedimiento judicial relacionado con estos delitos.
A partir de ese momento, se incorpora el caso al sistema y se realiza una evaluación inicial del riesgo, que determina las medidas de protección y seguimiento a la víctima.
Entre otras actuaciones, el protocolo recoge como medida de protección que se retirará el arma de forma preventiva hasta que haya resolución del procedimiento.
El agente denunciado tampoco podrá acceder al contenido del atestado en cuestión ni a las bases de datos policiales que pudiera facilitar la localización de la víctima y será vigilado con un sistema de alerta.
Otra de las medidas cautelares es que, en caso de que el denunciado desempeñe un puesto de trabajo correspondiente a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) o la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), será asignado a otra unidad o servicio.
La denuncia es evaluada por la Comisión Central de Seguimiento, que tiene carácter permanente, y a nivel regional, por una Comisión Territorial de Seguimiento en cada una de las Jefaturas Superiores.
Asimismo, se da cuenta inmediata a la Autoridad Judicial competente para la apertura de un procedimiento o la adopción de las medidas cautelares que considere oportunas.
Para la víctima, el protocolo ofrece asistencia y protección especializada. No obstante, tampoco podrá acceder al atestado de su caso ni a otra base de datos policial.
Además, tiene derecho a la protección de la identidad, a la asistencia psicológica, a reducción de jornada e, incluso, de excedencia "sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia de la misma".