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L. Carvajal Las diez causas por corrupción que se entrelazan para asfixiar al GobiernoLos sumarios, salvo el del hermano de Sánchez, comparten protagonistas, ministerios, organismos públicos o empresas
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Domingo, 14 de diciembre 2025, 00:11
Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández ... para «parasitar» instituciones y el blanqueo de dinero del crimen venezolano con dinero del rescate de Plus Ultra– ha enmarañado, más si cabe, el panorama judicial y policial al que se enfrenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Son ya diez causas de corrupción las que se entrelazan, a veces solapándose y otras reproduciendo patrones, empresas (como Servinabar) o personajes que se repiten en más de un sumario. Reiterada también es la aparición en muchos de estos flancos judiciales de personas muy cercanas a la vicepresidenta María Jesús Montero o a la exvicepresidenta Teresa Ribera. La irrupción de nuevas líneas de investigación sobre la SEPI, Hacienda o Transición Ecológica enreda esta madeja que parece seguir enrollándose sobre sí misma.Caso mascarillas originario
La instrucción ya está lista para juicio en el Supremo. Anticorrupción pide 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama por los contratos de 53 millones de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión de Víctor de Aldama. Es la causa por la que están en prisión el exministro y el exportero de prostíbulo. Los enchufes de las 'amigas' de Ábalos en empresas públicas van en esta pieza sumarial.
Caso mascarillas en las islas
En manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo'. Se investiga la adjudicación supuestamente irregular por los gobiernos de Ángel Víctor Torres (Canarias) y Francina Armengol (Baleares) de contratos millonarios de material sanitario a la empresa de De Aldama. La UCO ya entregó a Moreno un primer informe que reveló las gestiones de Torres para acelerar los pagos a la red y soslayar los reparos de sus técnicos a los pagos.
Caso Pardo de Vera-Herrero
El Supremo reenvió de vuelta a la Audiencia Nacional la investigación sobre la supuesta intervención personal de la entonces jefa de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector de Carreteras, Javier Herrero (ambos imputados) en los amaños de obras con Ábalos al frente de Transportes.
Caso sobres de Ferraz
El 6 de noviembre el juez Ismael Moreno aceptó, tal como le pidió el Supremo, abrir una investigación sobre los pagos en metálico de Ferraz sin soporte documental a Ábalos y Koldo descubiertos en la investigación patrimonial del exministro. El 3 de diciembre el magistrado ordenó al PSOE que entregara la relación de todos los abonos en 'cash' desde 2017 a 2024 y desde Sánchez al último empleado. El Supremo decidió seguir indagando sobre la caja del PSOE después de considerar que el exgerente del PSOE Mariano Moreno no había dado explicaciones convincentes sobre el trasiego de efectivo y la falta de control de esos gastos. Moreno es director de Enusa, la empresa pública de gestión del uranio.
Caso Leire-Fernández-Antxon
Es la investigación que ha estallado esta semana con la detención de los tres supuestos cabecillas de esta trama de dimensión todavía desconocida, pero que alcanza de lleno a una decena de organismos, fundamentalmente de Hacienda y Transición Ecológica. La SEPI, dirigida entre 2018 y 2019 por Vicente Fernández, hombre de confianza de Montero, y la omnipresente Servinabar están en el centro de este nuevo caso que instruye en la Audiencia Nacional el juez Antonio Piña. Una de las empresas públicas registradas ha sido Enusa, dirigida por el exgerente del PSOE. Díez fue responsable de comunicación de la misma durante tres años antes de pasar a Correos, a la que la UCO también ha demandado información en este procedimiento judicial.
Caso 'fontanera'
El juez de Plaza de Castilla Arturo Zamarriego acusa en esta pieza a Díez de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para intentar malbaratar las investigaciones que salpican al Ejecutivo, al PSOE y al entorno personal de Sánchez. Y todo ello presentándose como la «mano derecha» de Cerdán para cumplir las supuestas órdenes del presidente de «limpiar todo». El caso comenzó al filtrarse la grabación de una cita en el despacho del abogado Teijelo en la que Díez conspiraba contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de la UCO que investiga los sumarios que cercan al Ejecutivo.
Caso hidrocarburos
Lo instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Fue el sumario por el que estuvo en la cárcel De Aldama. La UCO ha concluido que la trama del conseguidor gastó un millón de euros para conseguir el favor de Ábalos a fin de agilizar los permisos a la operadora Villafuel. La Guardia Civil ve «indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos» de Transportes, Hacienda y Transición Ecológica.
Caso Begoña Gómez
Las diligencias previas del juez Juan Carlos Peinado nacieron a raíz de las investigaciones periodísticas sobre la relación de Víctor de Aldama con Begoña Gómez, después de que el empresario fuera detenido junto con Koldo en febrero de 2024. De Aldama, a sueldo de Air Europa, asegura que gestionó la ayuda de Ábalos para el rescate de la compañía a través de la SEPI y que la mujer de Sánchez también medió, a petición del ex CEO de Globalia Javier Hidalgo. La Audiencia de Madrid ha vetado a Peinado seguir ahondando en esta vía de investigación.
Caso Plus Ultra
Este caso, que ha estallado esta semana, no es relativo a corrupción, pero está vinculado a otras causas que sí. Es el único que lleva la Policía y no la Guardia Civil. El Juzgado de Instrucción 15 de Madrid ordenó detener a los dos máximos responsables de la compañía, acusados de destinar parte de los 53 millones del rescate de la SEPI al blanqueo de dinero del crimen venezolano. Tanto De Aldama como Ábalos han apuntado a que el expresidente Rodríguez Zapatero fue quien presionó para ese desembolso millonario, polémico desde el inicio.
Caso David Sánchez
La supuesta contratación fraudulenta del hermano del presidente por la Diputación de Badajoz, que será enjuiciada en mayo, es la única causa sin nexo con los otros procedimientos judiciales, salvo que fue la UCO la que la investigó.
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