- FRANCISCO CABRILLO
Algunos gobiernos actuales utilizan medidas económicas como instrumentos políticos. Estas restricciones implican amenazas y buscan forzar cambios en las políticas de otros países.
El final de la Guerra Fría en los últimos años de la década de 1980 fue interpretado de forma bastante generalizada como el comienzo de una época en la que las relaciones internacionales se desenvolverían en términos mucho más pacíficos y cooperativos que en el pasado reciente.
Pero esto solo ha sido parcialmente cierto. La realidad, por desgracia, no ha dado la razón a los más optimistas y los conflictos internacionales han continuado de muy diversas formas, en especial en la tercera década del siglo XXI. Tales conflictos, sin embargo, muestran diferencias importantes en relación con los enfrentamientos del pasado. Y una de las más relevantes es el peso que han cobrado las que podríamos denominar nuevas guerras económicas.
En el mundo del análisis económico el término geoeconomía era prácticamente inexistente hasta fechas bastantes recientes. Hoy, sin embargo, parece haberse convertido en un concepto al que se recurre con frecuencia creciente cuando se trata de abordar algunos de los problemas más importantes de la economía internacional de nuestros días.
Por geoeconomía suele entenderse el uso de políticas económicas para conseguir objetivos de carácter geopolítico. En términos estrictos la idea no es nueva. Al margen de la vieja tradición del mercantilismo anterior a la primera revolución industrial, ya en las primeras décadas del siglo XX pueden encontrarse estudios basados en este enfoque en algunos economistas de la época, especialmente en Alemania. Y ya en nuestros días han sido relativamente conocidos los trabajos publicados, precisamente tras el final de la Guerra Fría, por Edward Lutwark, a quien suele considerarse como el creador de la moderna geoeconomía. Pero no cabe duda de que ha sido en los últimos años cuando este tipo de estudios han cobrado mayor relevancia.
Las razones son fáciles de entender. Por una parte, algunos gobiernos -los Estados Unidos constituyen un caso relevante, pero no el único ciertamente- han empezado a utilizar instrumentos de carácter económico para conseguir objetivos políticos en sus relaciones con otros países; pensemos en la política exterior norteamericana frente a países como China, México, Canadá o la Unión Europea, con los que no mantiene conflictos armados, pero contra los que no ha dudado en diseñar amenazas muy diversas, en especial en el campo de la política comercial.
Por otra, las dos guerras más importantes de la década de 2020 -la de Ucrania y la de Irán- están teniendo una relevancia económica indudable, no solo para las naciones directamente implicadas en los conflictos, sino también para muchos otros países. El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán no es, en principio, un objetivo de política económica; pero es un arma económica muy potente a la hora de negociar una salida a la guerra y de definir las condiciones que se comprometan a aceptar las partes implicadas tras un posible acuerdo de paz. Y sus consecuencias afectan a multitud de actividades, desde la industria a la agricultura y los servicios, en países que poco o nada tienen que ver con el conflicto.
También encontramos aspectos geoconómicos muy importantes en la guerra de Ucrania. Las sanciones económicas se definen como la ruptura por parte de uno o varios gobiernos de las relaciones comerciales y financieras con un determinado país cuya política se trata de corregir. Y son consideradas como una forma relativamente "suave" de presión, que permite evitar un enfrentamiento bélico en el sentido estricto del término.
Si, de acuerdo con la famosa idea de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política con otros medios, tiene sentido que la distinción entre medidas económicas cuyo origen está en actividades bélicas ya existentes y medidas dirigidas a forzar cambios en las políticas de determinados países no tenga siempre una línea de separación clara; y que gran parte de la literatura económica existente sobre el tema aborde, por ejemplo, de forma conjunta las sanciones aplicadas en casos de conflictos bélicos y las diseñadas para hacer cambiar determinadas políticas nacionales consideradas ilegales o inaceptables para la comunidad internacional.
¿Qué puede ocurrir en el futuro? No cabe duda de que quienes defendemos los principios básicos de las economías abiertas y la cooperación internacional con las menores interferencias posibles por parte de los gobiernos pensamos que la situación actual dista de ser óptima. Pero la cuestión es saber si existe hoy una mejor alternativa. Es evidente que un enfrentamiento militar, aunque se trate de una guerra fría como la que vivió el mundo desde 1945 y a lo largo de más de cuarenta años, es una solución claramente peor.
Medidas como las sanciones económicas impuestas a Rusia tras haber invadido Ucrania son, ciertamente, restricciones al comercio libre, pero tienen plena justificación, como apoyo al país atacado y como instrumento de presión para frenar la agresión. Ya decía Adam Smith que podían justificarse medidas contrarias a la libertad de comercio en determinadas circunstancias si éstas reforzaban la defensa nacional, porque la seguridad es más importante que la opulencia. No es el mundo ideal. Pero el viejo escocés tenía razón.
Francisco Cabrillo es catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense. Fundación Civismo.
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