La Airef alerta del creciente coste de los fallos judiciales en contra de las administraciones públicas, que arrojan una factura de 1.617 millones anuales en la última década.
Cada golpe del mazo judicial en contra de los intereses de las Administraciones Públicas tiene su eco en las arcas del Estado. Solo en los dos últimos años, las sentencias judiciales contra el Gobierno central, los autonómicos y locales han costado más de 14.000 millones de euros al contribuyente.
Así lo ha cuantificado este miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que estima en 14.400 millones de euros el coste público de hacer frente a las sentencias judiciales en contra del conjunto de Administraciones Públicas solo entre los ejercicios 2024 y 2025.
En concreto, detalla el informe sobre los riesgos fiscales del Estado elaborado por Airef, el coste ascendió a más de 11.200 millones en el año 2024, el 0,7% del PIB, y a 3.100 millones en 2025, el 0,2% del PIB. La mayor parte de este impacto se concentró en la Administración central, aunque también afectó a los Fondos de la Seguridad Social y a las Corporaciones Locales.
Destacan en el ejercicio 2024, las sentencia que obligaron a devovler a los pensionistas de las antiguas mutualidades la doble tributación por IRPF a la que habían sido sometidos (con un coste público de casi 6.000 millones de euros); o la declaración de inconstitucionalidad de las subidas fiscales en el Impuesto de Sociedades aprobados vía Real Decreto-ley por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2016 (un golpe a Hacienda de 3.048 millones en 2024 y de 1.057 millones en 2025). El año pasado, el principal impacto se derivó del fallo sobre el fondo de comercio de empresas extranjeras (1.250 millones).
La cifra supone un incremento exponencial de la factura judicial pública. En los últimos 10 años, el periodo 2014 a 2025, el gasto de la Administración central en sentencias ascendió a 19.407 millone, lo que equivale a un gasto medio anual de 1.617 millones, calcula Airef.
A partir de aquí, la Airef alerta de que hay en marcha varios procedimientos judiciales que amenanzan con disparar la factura pública. Es el caso del fallo contra la tarifa autonómica el Impuesto de Hidrocarburos con un impacto potencial máximo de hasta 6.500 millones de euros.
Además, recopila el organismo, las diferentes administraciones de España afronta relevantes fallos en contra a raíz de los arbitrajes internacionales en materia de energía renovable; las concesionarias de autopistas de peaje; la venta de participaciones con pérdidas; la responsabilidad por los avales del Covid; las tasas de gestión de residuos radiactivos y de reserva del dominio radioeléctrico; o las tasas de basura municipal.
Con este panorama, la Autoridad Fiscal insta al Estado a "reforzar la recopilación, actualización y transparencia de la información relativa a los procedimientos judiciales con posible impacto fiscal".
Inés Olóndriz, al frente del organismo, recoge el testigo dejado por Cristina Herrero y recomienda a las administraciones acometer una evaluación del posible impacto financiero y legal antes de introducir cambios normativos, adoptar una estrategia judicial proactiva y crear una base de datos centralizada sobre las principales sentencias con posible impacto en el déficit.
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