El fiasco del Informe PISA en Cataluña ha destapado el hundimiento de un modelo educativo que se hace trampas en el solitario. Por un lado, la Generalitat ha ocultado durante 15 meses que había apartado de la prueba a demasiados alumnos con necesidades de apoyo educativo -el 23%-, muchos más del 5% que permitía la OCDE. Por otro, cuando ha reconocido su «error», la consellera Esther Niubó ha revelado que esta metodología de excluir a una cuarta parte del estudiantado -precisamente el que más puede ensombrecer la estadística por tener bajas competencias académicas- ya la había practicado en sus evaluaciones internas de 4º de la ESO.
Ya no son sólo los datos catalanes de PISA 2025 los que están adulterados, de tal forma que no se van a poder comparar los resultados con los de otras comunidades autónomas cuando salga el informe el próximo 8 de septiembre, sino que también está viciada la muestra de las pruebas internas catalanas.
La cronología de los hechos que maneja el Ministerio de Educación, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, apunta a la responsabilidad de la Generalitat en el caso de PISA. Las fuentes consultadas revelan que, en abril de 2025, la empresa encargada de realizar las pruebas, que reporta al Ministerio, detectó que en Cataluña «se estaba produciendo una elevada tasa de exclusión de alumnado» en la realización de las evaluaciones, que acababan de comenzar en esos momentos.
Participaron 51 centros educativos y la mayoría de estudiantes excluidos (493) correspondía a alumnos con discapacidades cognitivas, emocionales o conductuales, además de 92 adolescentes con dominio insuficiente del idioma y seis con discapacidad.
La alerta
Personal técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que depende del Ministerio, contactó entonces «con los correspondientes niveles técnicos del Consell Superior d'Avaluació Educativa en Cataluña» para comunicarles «las incidencias». El Ministerio tuvo la posibilidad de «alertar de que los datos excedían las tasas de exclusión, que es lo que hizo».
Pero no sirvió de nada porque la Generalitat no tomó medidas y mantuvo oculta la situación. Quince meses después, la consellera Niubó ha terminado admitiendo lo que define como una «incidencia técnica» sin ánimo de «maquillar» o «manipular» los datos, aunque reconoce que no ha habido «un protocolo claro de control».
No ha sido hasta marzo de este año cuando la OCDE, después de realizar los estudios comparativos correspondientes, informó «de la trascendencia estadística que esta incidencia ha tenido en el tratamiento de los datos». Y dejó a Cataluña fuera de la comparabilidad, con el correspondiente sonrojo para todos. La Administración catalana tuvo entonces la oportunidad de dar cuenta del problema, que no tiene precedentes en la historia de PISA, pero nuevamente volvió a ocultarlo.
Hasta el punto de que el pasado día 6 presentó el informe con recomendaciones de la OCDE para mejorar su escuela -por el que ha pagado 1,5 millones de euros de fondos públicos- y no contó nada de la alteración de la muestra de PISA, que finalmente admitió la semana pasada, en vísperas de las vacaciones de agosto.
A la cola
El origen de haber contratado los servicios de la OCDE, en realidad, procede del pavor que tenían los responsables del Departamento a que se repitieran los desastrosos resultados de Cataluña en la pasada edición de PISA. Según las fuentes consultadas, se ha vivido como una auténtica humillación en el entorno educativo catalán haber quedado en los últimos puestos de la fila, entre Canarias y Andalucía. Esa edición reflejó que Cataluña había sido la región que más había caído de España, junto al País Vasco y Navarra.
Y mostró que el 29% de los alumnos de Cataluña no llega a los mínimos niveles funcionales de rendimiento en Matemáticas para desenvolverse en la vida. En vez de ir al fondo del problema y ayudar a estos estudiantes a mejorar su rendimiento, el sistema los ha dejado fuera de las evaluaciones, los ha sacado de las estadísticas y ha preferido ocultar la realidad de una escuela que es vendida como «modelo de éxito», pero que, en realidad, «hace aguas» y se encuentra en una situación de «emergencia», según denuncian los profesores y unas familias cansadas de que sus hijos «se gradúen de la educación obligatoria, a los 16 años, sin saber leer ni escribir correctamente».
«El fraude es evidente y hace muchos años que lo denunciamos. Todo el sistema educativo catalán se basa en una gran mentira y ahora su propia negligencia lo ha destapado todo», expresa Andreu Navarra, portavoz de Professors de Secundària, el sindicato mayoritario en los institutos de Cataluña. Este colectivo sabe de casos en que los alumnos «son entrenados» en la prueba de competencias básicas de la Generalitat resolviendo exactamente el mismo examen el día anterior. «Es una forma muy particular de entender la inclusión. En vez de ayudarles a aprender, les dejan sin hacer nada y luego les dan el título. Si la realidad en el aula es más compleja, razón de más para reforzar contenidos y recursos, no para recortarlos».
El fiasco de PISA en Cataluña es también un aviso para el resto de comunidades, porque el alumnado con necesidades específicas derivadas de desventaja (incluidas las asociadas a situaciones socioeconómicas o socioculturales que comprometen sus resultados) ha pasado de 47.581 en 2017/18 a 247.673 en 2025/26, es decir, un incremento de un 421%, avisa Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela.