Las trampas que hizo Cataluña en el informe PISA, alterando la muestra de estudiantes para excluir de ella a todos los alumnos con necesidades de aprendizaje, han afectado también a la muestra de toda España. Así lo reconoció el Ministerio de Educación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según revelan a EL MUNDO fuentes de este organismo internacional, que ha retirado ya los resultados de los alumnos catalanes del informe internacional con el fin de evitar que haya confusión con los datos.
El problema se ha detectado antes de la publicación del informe el próximo 8 de septiembre, pero el mayor fiasco en la historia del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes -que analiza las competencias en Lectura, Matemáticas y Ciencias de una muestra significativa de alumnos de 15 años de todo el mundo- deja un agujero en la estadística y un problema de reputación.
La fiabilidad de los resultados nacionales no está en cuestión y el análisis de toda España no ha sido invalidado, pero los resultados obtenidos en Cataluña no se consideran representativos ni pueden compararse con los de otros territorios ni con los de ediciones anteriores.
Según el relato de los hechos realizado a EL MUNDO por el Ministerio de Educación, en abril de 2025, una vez que las pruebas habían comenzado, la empresa asturiana 2E Estudios y Evaluaciones, encargada de la aplicación de las evaluaciones, avisó al Ministerio de que estaba observando unas tasas de exclusión del alumnado superiores a las establecidas. De hecho, el 23% del alumnado seleccionado en Cataluña para participar en las pruebas quedó exento de realizarlas (591 de 2.545 adolescentes), una proporción muy superior al límite máximo del 5% establecido por la OCDE para garantizar la validez estadística de los resultados
Los técnicos del Ministerio contactaron con los del Consell Superior d'Avaluació Educativa en Cataluña y hubo «comunicaciones sobre las incidencias que se estaban observando por parte de la empresa». Pero no fue hasta marzo 2026 -es decir, casi un año después-, en el momento en que la OCDE comunica a los países los resultados de las pruebas, «cuando se conoce el impacto de aquellas incidencias técnicas sobre los resultados de las pruebas». A pesar de ello, la Generalitat ocultó el problema hasta el pasado día 24.
Aquí la OCDE prosigue el relato: «En marzo de 2026 debatimos los resultados preliminares de la adjudicación de datos para España con el Ministerio de Educación español. Durante las conversaciones, el Ministerio informó de que el aumento de la tasa de exclusión de España se debía principalmente a un incremento de la tasa de exclusión de Cataluña», revelan las fuentes de este organismo con sede en París.
Esta circunstancia no se conocía. E indica que lo que se ha definido como «una incidencia técnica» ha sido más grave de lo que se ha dado a entender, pues la muestra nacional sí se ha visto afectada por el incremento del índice de exención de Cataluña, una región que representa un 14% de su población escolar.
¿Cuál es el índice de exención de España? Ni la OCDE ni el Ministerio lo quieren precisar y se remiten a la publicación de los datos el próximo septiembre. Todo apunta a que será más alto que el de otras ediciones (en 2022 fue del 4,02%) y rondará el máximo del 5% permitido, pero, aun así, la muestra es suficientemente holgada como para que se puedan hacer comparaciones entre España y otros países y haya sido dada por válida.
Lo que no se podrá hacer es comparar los resultados de Cataluña con otras autonomías ni con otras ediciones. Las fuentes de la OCDE explican que debatieron con los expertos internacionales del llamado Grupo de Adjudicación de Datos de PISA la elevada tasa de exclusión de Cataluña y comunicaron al Ministerio su decisión de «no incluir a Cataluña en el informe internacional». Los expertos de este grupo recomendaron no revelar los resultados de Cataluña por separado debido a su mayor tasa de exclusión.
Y aquí se produjo cierta discrepancia, porque España quería, a pesar de todo, publicar los datos catalanes. Al final, llegaron a un término medio: el informe internacional de la OCDE no incluirá los resultados de Cataluña, mientras que el informe nacional de España, publicado en exclusiva por el Ministerio de Educación, sí los presentará, aunque con una nota que explicará por qué no cumplen los requisitos y avisando de que no son comparables.
Las fuentes de la OCDE consideran «importante» que se investigue todo lo ocurrido para esclarecer los factores que provocaron tan «elevada tasa de exclusión», así como «adoptar medidas para reducir las exenciones en futuras ediciones de PISA».
La Síndica de Greuges, por su parte, ha abierto una actuación de oficio en la que ha comenzado pidiendo al Departamento de Educación información sobre los 51 colegios que formaban parte de la muestra, las características del alumnado exento, los mecanismos de acompañamiento y supervisión aplicados por los centros participantes y la verificación de los criterios aplicados. También ha solicitado la documentación enviada a los centros antes de las pruebas y una copia del informe elaborado a raíz de las diligencias informativas abiertas para esclarecer los hechos.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que inicialmente había protegido a la consellera de Educación, Esther Niubó, aseguró ayer que llegará «hasta el final» para esclarecer las causas del error. «Tomaremos las decisiones que haya que tomar», prometió, dando a entender que se producirá alguna dimisión.
Lo cierto es que ha pasado una semana y la Generalitat no dice qué ha ocurrido. Una de las posibilidades es que diera instrucciones poco claras a los institutos. Directores de centros han contado a RAC1 que responsables del Departamento de Educación les dieron que podían dejar fuera a los alumnos con algún tipo de discapacidad o que no supieran hablar bien catalán, pero en ningún momento les indicaron que no podrían superar el máximo del 5%.