- JAVIER AYUSO
En España hay 5.416 jueces y magistrados en activo (el 58% mujeres), que resuelven cerca de 6,5 millones de procedimientos al año, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial.
Unos funcionarios públicos altamente capacitados sobre los que descansa uno de los pilares de nuestra democracia, que trabajan con medios insuficientes y que están siendo atacados sin piedad por unos políticos impresentables que solo buscan complacer a sus líderes y permanecer en el poder. Cada descalificación a un juez, venga de quien venga, supone una carga de profundidad a la separación de poderes y al propio sistema institucional que nos dimos todos los españoles.
Es hora de denunciar este ataque sistemático de quienes se escudan en absurdas conspiraciones "para desgastar el Gobierno por cualquier medio".
Si alguien piensa de verdad que existe lawfare, lo que debe hacer es denunciarlo ante los juzgados o recurrir las sentencias o disposiciones dictadas, porque nuestro país goza de un sistema garantista que defiende al ciudadano. Todo, menos juzgar a la Justicia desde la misma sede del Consejo de Ministros como viene ocurriendo desde que se iniciaron los procedimientos sobre corrupción relacionados con el partido y la familia del presidente del Gobierno.
Cuando la portavoz del Ejecutivo denuncia una operación para derribarlo "ante la incapacidad de lograrlo con votos", o los ministros Óscar Puente y Óscar López hablan de "albañilería judicial" o de "mala política y nada de justicia", están atacando a todo un colectivo que merece mucho más respeto que los que ejercen de escuderos o palmeros de su jefe. Curiosamente, los improperios aumentan cuando las disposiciones judiciales afectan a los familiares de Pedro Sánchez.
El martes, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, por la Diputación de Badajoz, y a 18 años al que fuera el presidente de esta diputación y anterior líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.
Los tres magistrados han descartado el tráfico de influencias, por el que se solicitaban penas de seis años de prisión, porque no se ha podido acreditar. Si los voceros oficiales pintaran con pincel en vez de hacerlo con brocha gorda, ayer mismo hubieran destacado que la sentencia despeja cualquier sombra de conexión con Pedro Sánchez, pero no se pueden pedir peras al olmo.
El problema es que no estamos hablando de casos aislados. Líderes políticos de prácticamente todos los partidos llevan años atacando a la Justicia cuando son imputados, procesados o condenados por todo tipo de delitos.
Lo hicieron los independentistas catalanes tras ser condenados, lo hizo el PP cuando empezaron a destaparse sus múltiples casos de corrupción y lo han hecho otras fuerzas políticas frente a otros procedimientos judiciales... es una mala costumbre española.
Pero en este caso, la situación es mucho más grave, porque desde el PSOE no solo se ha atacado públicamente a jueces y magistrados, sino que se creó, presuntamente, una organización criminal para desacreditarlos, junto a policías y guardias civiles que investigaban a miembros del partido y de la familia de Sánchez.
Una banda liderada por el mismísimo secretario de organización socialista, Santos Cerdán, actualmente investigado junto a Leire Díez y otros camaradas por hacer ese trabajo sucio propio de las cloacas. Y no es su única imputación; también se le investiga por una presunta trama corrupta para cobrar comisiones por adjudicaciones oficiales.
No cabe duda de que el Gobierno está cercado por la corrupción. Sin embargo, en vez de ponerse al frente de la manifestación para denunciar a quienes se han saltado las leyes, han optado por señalar tan solo a los "casos aislados" que han sido pillados "in fraganti" (José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García...) y negar la evidencia sobre los más cercanos al presidente, como el condenado fiscal general del Estado, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la directora general de la Guardia Civil, la administradora del PSOE y, por supuesto, su hermano y su esposa, Begoña Gómez.
"El tiempo pondrá a cada uno en su lugar", dijo Pedro Sánchez en su día, poco después de calificar de "menuda inventada" alguno de los casos de corrupción. Pero cuando la Justicia está poniendo a cada uno en su lugar, la respuesta es atacarla.
"La democracia se debilita atacando a los jueces cada vez que una resolución resulta incómoda y, por el contrario, se fortalece cuando quienes ejercen el poder aceptan que también ellos, su partido y su entorno familiar están sometidos al Estado de derecho", decía ayer el editorial de El Mundo.
Por su parte, El País coincidía en que la respuesta debe ir por la vía de las "apelaciones en un sistema judicial con garantía propia de un Estado de derecho" y no "denunciando una cacería judicial". ¿No se dan cuenta nuestros políticos que atacar a la Justicia es atacar la propia democracia?
En los próximos días habrá que seguir atentos a las noticias que salgan de los tribunales. En Bruselas y en Madrid. La Corte Europea decidirá hoy jueves sobre el alcance de la amnistía para el prófugo Carles Puigdemont, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid dictaminará en breve si hay que abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez.
Hay que pedir el mismo respeto en uno y otro caso, aunque hay poca esperanza de que los perjudicados no vayan a lanzar a sus perros de presa a morder a los magistrados.
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