El sindicato mayoritario entre los altos funcionarios del Estado, Fedeca, se ha mostrado crítico con el acuerdo salarial firmado recientemente por el Gobierno, CSIF y UGT para elevar la retribución de los empleados públicos un 11,4% en el periodo 2025-2028. La presidenta de la organización, Ana Ercoreca, ha advertido de que las cifras que hay sobre la mesa pueden ser "engañosas" y ve riesgo de que los funcionarios vuelvan a perder poder adquisitivo, como ya sucedió con el anterior acuerdo.
Desde Fedeca consideran que, en el mejor de los casos, la subida pactada permitiría ganar un 2% de poder adquisitivo. Por el contrario, advierten de que si las previsiones de inflación se quedan cortas —algo que han sido la norma en los últimos años— la capacidad de compra de los sueldos públicos "seguirá erosionándose".
En concreto, señalan que si se cumplen las previsiones de inflación del Banco de España (2,5% en 2025 y 1,7% en 2026) se neutralizarán buena parte de las subidas pactadas. Además, advierten de que condicionar un 0,5% de subida en 2026 a que la inflación supere el 1,5% ese año no ofrece garantías.
En consecuencia, el sindicato principal de los altos funcionarios reclama que se vinculen los sueldos "obligatoriamente" al IPC real con cláusulas automáticas de revisión y compensación si se producen desvíos. Un mecanismo similar al que disfrutan los pensionistas desde el año 2022, que garantiza revalorizaciones de acuerdo a la evolución de los precios del consumo. "Si la subida no tiene en cuenta el IPC real, esa subida no será real, no será objetiva y supondrá una pérdida del poder adquisitivo", ha valorado Ercoreca.
Del mismo modo, Fedeca ha reclamado que existan complementos salariales que tengan en cuenta el precio de la vivienda y del lugar de destino, especialmente en las grandes ciudades. Un problema que "afecta sobre todo a la gente que accede por primera vez a la administración pública", ha señalado la presidenta de Fedeca.
Al mismo tiempo que reivindican que se recupere de manera íntegra la paga extra suprimida en 2010 por la crisis económica, que se ha devuelto solo parcialmente. "Desde 1982, los empleados públicos han perdido más del 44% de poder adquisitivo y el recorte de la paga extra ha supuesto una pérdida acumulada superior a 14.000 euros en determinados cuerpos", ha añadido Ercoreca.
Además, los altos funcionarios sostienen que firmar un pacto hasta 2028 —cuando la legislatura concluirá, como tarde, en 2027— supone un "fraude de ley". "No sabemos el panorama que habrá y a nuestro parecer [el acuerdo] debería estar también amparado por el Congreso", ha señalado Ercoreca.
Desde Fedeca consideran que, en el mejor de los casos, la subida pactada permitiría ganar un 2% de poder adquisitivo. Por el contrario, advierten de que si las previsiones de inflación se quedan cortas —algo que han sido la norma en los últimos años— la capacidad de compra de los sueldos públicos "seguirá erosionándose".
En concreto, señalan que si se cumplen las previsiones de inflación del Banco de España (2,5% en 2025 y 1,7% en 2026) se neutralizarán buena parte de las subidas pactadas. Además, advierten de que condicionar un 0,5% de subida en 2026 a que la inflación supere el 1,5% ese año no ofrece garantías.
En consecuencia, el sindicato principal de los altos funcionarios reclama que se vinculen los sueldos "obligatoriamente" al IPC real con cláusulas automáticas de revisión y compensación si se producen desvíos. Un mecanismo similar al que disfrutan los pensionistas desde el año 2022, que garantiza revalorizaciones de acuerdo a la evolución de los precios del consumo. "Si la subida no tiene en cuenta el IPC real, esa subida no será real, no será objetiva y supondrá una pérdida del poder adquisitivo", ha valorado Ercoreca.
Del mismo modo, Fedeca ha reclamado que existan complementos salariales que tengan en cuenta el precio de la vivienda y del lugar de destino, especialmente en las grandes ciudades. Un problema que "afecta sobre todo a la gente que accede por primera vez a la administración pública", ha señalado la presidenta de Fedeca.
Al mismo tiempo que reivindican que se recupere de manera íntegra la paga extra suprimida en 2010 por la crisis económica, que se ha devuelto solo parcialmente. "Desde 1982, los empleados públicos han perdido más del 44% de poder adquisitivo y el recorte de la paga extra ha supuesto una pérdida acumulada superior a 14.000 euros en determinados cuerpos", ha añadido Ercoreca.
Además, los altos funcionarios sostienen que firmar un pacto hasta 2028 —cuando la legislatura concluirá, como tarde, en 2027— supone un "fraude de ley". "No sabemos el panorama que habrá y a nuestro parecer [el acuerdo] debería estar también amparado por el Congreso", ha señalado Ercoreca.