- IGNACIO DEL CASTILLO @naciocastillo Madrid
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El sector de los centros de datos contiene la respiración a la espera de conocer si la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre supone el fin de la amenaza existencial que supone para los proyectos en curso el borrador de decreto de centros de datos que prepara el Gobierno.
Algunos analistas consideran que en estos momentos, toda la carne política se va a poner en el asador de la crisis de la vivienda -la bandera electoral del PSOE para esta campaña-, y que los centros de datos, una realidad lejana y confusa para la mayoría de los electores, pasará a un segundo plano.
Pero otros consideran que el hecho de que el Consejo de Ministros vaya a volver a aprobar los dos decretos sobre vivienda que tumbó el Parlamento -para que sean aprobados por la Diputación Permanente- señala que el Ejecutivo está determinado a llevar a cabo sus planes, por muy polémicos que sean estos, hasta el último día posible.
Amenaza existencial
El borrador de decreto presentado -y que el presidente Sánchez anunció que se aprobaría en octubre- establece una serie de requisitos tan estrictos, especialmente en consumo de energía renovable, que los expertos creen que son de imposible cumplimiento o que elevan desmesuradamente el coste. Eso lleva al sector a pronosticar que de los actuales proyectos de inversión de data center en España, que ascienden a unos 67.000 millones de euros hasta 2030, hasta el 90% está en riesgo de deslocalización a Portugal o Francia, donde las normas son menos restrictivas.
Sin trámite
En esa hipótesis, las cábalas sectoriales se hacen sobre el hecho de que, en realidad, el real decreto no necesita trámite parlamentario y que sólo requiere los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. Pero ni siquiera estos informes son vinculantes, con lo que, aunque es evidente que el tema que trata no tiene carácter de urgencia, en realidad no existe ningún impedimento legal para su aprobación inmediata si así lo pretende Transición Ecológica, el ministerio ideólogo del decreto. De hecho, el atronador ruido electoral desatado ayer ahogaría cualquier protesta del sector en caso de que se apruebe.
Prioridad
La otra gran duda sectorial en caso de que se apruebe el decreto, es qué nivel de prioridad -se presume bajo- podría tener su derogación para un hipotético Gobierno del PP, que no podría constituirse antes de 2027 dada la fecha de las elecciones , y que ya ha anunciado que, en caso de gobernar, se enfrentaría en sus primeros meses a una exhaustiva labor de derogación de muchas de las normas aprobadas por el PSOE desde 2018.
Pero hay que tener en cuenta que Madrid y Aragón, gobernadas por el PP, serían las más perjudicadas por la vigencia del decreto ya que, hoy, Madrid concentra el 55% de los data center, seguido de Aragón (30%) y de Cataluña (12%). Y con un marco hostil, cada mes de retraso en derogar el decreto podría suponer la pérdida de proyectos millonarios que se deslocalizasen a otros países.
El precio de la luz
Uno de los argumentos que maneja el Gobierno para defender su decreto es el temor a que el consumo creciente de estos centros dispare el precio de la luz ya a partir del 2027. Pero según las previsiones de los promotores de data center, en 2027 el consumo de los CPD será el mismo que el de hoy. En 2027 no hay previstas nuevas conexiones por la escasez de puntos de acceso disponibles y los primeros nuevos centros de datos conectados llegarán ya en 2028.
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