Los colectivos españoles en Argentina han reaccionado a la suspensión del derecho al voto a las personas nacionalizadas con la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, pidiendo al Tribunal Supremo que revise su decisión. "Estas personas no son titulares de una mera expectativa de derecho, sino ciudadanos españoles cuya nacionalidad ha sido reconocida o se encuentra en vías de reconocimiento por los procedimientos legalmente establecidos", dijo en un comunicado emitido el pasado jueves la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina (FEDESPA), que agrupa a las instituciones españolas asentadas en la Argentina. Se trata de la mayor colectividad española organizada fuera de España.
Argentina es el país con la mayor comunidad de españoles en el exterior, y el proceso de nacionalizaciones derivado de la Ley de Memoria Democrática convertirá en breve a Buenos Aires en la tercera ciudad con más españoles en el mundo, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Cerca de 1,1 millones de argentinos, descendientes de españoles, obtendrán cuando se cierre el proceso la nacionalidad española.
FEDESPA, aunque dijo respetar la medida cautelar del Tribunal Supremo, pidió que "cualquier análisis sobre los efectos electorales de dichas nacionalidades" se haga "respetando los principios de igualdad, seguridad jurídica y participación democrática".
La colectividad española en Argentina está unida en el reclamo, aunque hay una situación especialmente delicada, la del PP argentino, presidido por Martín Mimendez, un empresario de 35 años. Según pudo saber EL MUNDO, Mimendez se ausentó de la reunión de FEDESPA, presidida por José Manuel Besteiro, celebrada en forma virtual en la noche de este miércoles.
Más allá de ser la máxima autoridad del PP en un país clave para el voto exterior, Mimendez, nieto de cántabro y gallega, es también secretario general del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires y representante del Club Español. El CRE es un órgano electivo y consultivo oficial del Consulado de la capital argentina, competente en temas de la defensa de los derechos de los españoles en el exterior, aunque no forma parte de FEDESPA.
Mientras el PSOE argentino agita el tema casi a diario en sus redes sociales, en las cuentas del PP argentino el asunto no existe. EL MUNDO buscó comunicarse reiteradas veces con Mimendez, sin respuesta. La postura de la dirección del partido es mal vista por la vasta mayoría de la colectividad española en Argentina, y hace poco más de dos meses el propio Mimendez fue enfático en declaraciones a EL MUNDO acerca de la posición del PP respecto de la emigración. "Siempre defendimos el vínculo de España con los descendientes de españoles y desde hace muchos años hemos pedido que la nacionalidad llegue a los nietos de la emigración. Proponemos una nueva ley de nacionalidad que no tenga una ventana temporal, que sea permanente".
El líder del PP argentino fue más allá: "Feijóo ha venido muchas veces a Buenos Aires. Y las políticas de la Xunta de Galicia dirigidas a la emigración son ejemplares; ninguna comunidad autónoma hace eso".
La actual polémica con la ley de nietos sitúa en una posición complicada al PP argentino, que hasta ahora seguía la "doctrina Fraga", la de Manuel Fraga Iribarne, el político español que más persistente e intensamente cultivó el voto de la emigración.
A eso apuntó también FEDESPA en el comunicado, en el que considera "especialmente preocupante que un debate de esta trascendencia para la comunidad española en el exterior se haya desarrollado sin la participación formal de las organizaciones representativas de dicha colectividad".
Así, la entidad pide "un canal institucional" para ser escuchada antes de que se avance en el tema: "FEDESPA promoverá, por los medios jurídicamente procedentes, la presentación de un informe institucional independiente y solicitará formalmente que su voz y la de las entidades que integran la colectividad española en la República Argentina sean escuchadas y tenidas en consideración dentro del debate institucional suscitado por esta cuestión".
FEDESPA hizo un llamamiento "al Tribunal Supremo, al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a la Junta Electoral Central y al conjunto de las instituciones competentes" para que se abra un diálogo con los españoles en el exterior. "La comunidad española en el exterior forma parte integrante de la realidad nacional española y no puede ser considerada un sujeto pasivo de decisiones adoptadas", cerró el comunicado.