- MIGUEL Á. PATIÑO
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Repsol, Seat y cientos de grupos más se unen a Endesa e Iberdrola y piden que el sobrecoste por apuntalar la red eléctrica se aclare y se sufrague entre todos.
Hoy, justo cuando se cumple un año del apagón, el problema es el posapagón. Es decir, los multimillonarios costes que está teniendo el sistema eléctrico para evitar otro colapso masivo como el que ocurrió el 28 de abril de 2025.
Aice, Anfac, Aspapel, Feique, Fiab, Sernauto, Unesid y otras grandes patronales empresariales españolas han unido su voz a la de Aeléc, la patronal eléctrica, para reclamar que esos costes, que ya superan los 3.000 millones de euros, según algunas estimaciones, se clarifiquen y se busquen fórmulas para mitigar su impacto en los grandes consumidores empresariales.
El movimiento de las patronales, que han elaborado un documento, a modo de manifiesto, denominado Observatorio de los servicios de operación [del sistema eléctrico] no tiene precedentes.
Esas patronales representan a grupos tan heterogéneos como Repsol, Moeve, BP, Seat, Citroën, Renault, Fiat, Cementos Lemona, Portland, Acerinox, ArcelorMittal y Celsa, entre otros muchos.
Todos ellos han unido su voz a las reclamaciones que lleva tiempo haciendo Aeléc, la patronal que engloba a Iberdrola y Endesa. Estas dos grandes eléctricas llevan desde hace meses arremetiendo contra Red Eléctrica (REE, grupo dependiente de Redeia) por el apagón de hace un año. Le culpan no solo de ser responsable como operador del sistema eléctrico. También de los elevados costes que ha tenido después el sistema por las medidas extra de apuntalamiento del mismo (modo reforzado) para evitar más cortes de ese tipo.
Batalla doble
Esa batalla es doble. Por un lado, hay un problema sobre a cuánto asciende realmente ese sobrecoste. Por otro, está el problema de quién lo paga.
REE mantiene que el modo reforzado ha supuesto hasta la fecha 660 millones de euros extra. La cifra fue dada por buena hace unos días por Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su comparecencia en el Congreso.
Las eléctricas -y ahora las patronales, varias de ellas unidas en torno a la denominada Alianza por la Competitividad de la Industria Española)- elevan exponencialmente el sobrecoste. Entre otras cosas porque suman toda la operativa de apuntalamiento del sistema eléctrico, no solo medidas específicas tomadas tras el apagón.
En concreto, según cálculos de las patronales, en 2025 los costes de la operación del sistema se dispararon a 3.500 millones, 1.000 millones más que en 2024, cuando no hubo apagón. En lo que va de 2026, los costes se han disparado a 1.800 millones. Es decir, se considerarían atribuibles al posapagón cerca de 3.000 millones.
Solo los primeros veintitrés días de abril los consumidores están pagando 23,58 euros por megavatio hora adicionales por la adquisición de su energía eléctrica.
El problema es cómo se reparte ese coste. En la actualidad, el sobrecoste de las medidas reforzadas se considera un coste variable, que debe subsumirse en el coste del kilovatio hora. Es decir, en el consumo de energía. A mayor consumo, mayor coste para un usuario. De esta forma, los que más peso soportan son los grandes consumidores, es decir, la gran industria.
Ese coste no es un peaje. Si lo fuera, el coste se repartiría entre todos los usuarios, como si fuera la derrama en una comunidad de vecinos. Más o menos sería a parte iguales dependiendo de unas variables, como por ejemplo el nivel de potencia contratado. En todo caso, el coste se socializaría.
Es lo que en última instancia está pidiendo la gran industria. No solo pide transparencia a la hora de establecer qué costes tiene la operación reforzada posapagón. También pide "soluciones regulatorias para la financiación de estos servicios".
En concreto, proponen al Gobierno "evaluar soluciones regulatorias que permitan asegurar una recuperación más estable vía costes regulados del sistema eléctrico [es decir, peajes fijos] de manera que se mantenga la financiación de los servicios necesarios, pero sin penalizar a la industria, logrando un equilibrio entre estabilidad de suministro y competitividad industrial.
Con esta solución, las eléctricas esquivan la réplica a sus críticas a Red Eléctrica por disparar los costes de la operación reforzada. Ese modo reforzado consiste en tener más centrales eléctricas convencionales funcionando, con lo que al fin y al cabo, los más beneficiados de los sobrecostes eran las propias eléctricas por tener más ingresos.
Reacciones múltiples
Las reacciones con motivo del primer año del apagón llegaron ayer en masa. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticó la falta de explicaciones un año después del suceso.
Por su parte, el Banco de España reivindicó el uso del efectivo como medio de pago, que siguió vigente el día del apagón.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hoy visita la nuclear de Ascó (Tarragona) defiende estas centrales para apuntalar el sistema.
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