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Las firmas son falibles, pero al menos rinden cuentas.
Pocas frases en las finanzas aceleran menos el pulso que "asesor de voto". La tediosa tarea de monitorizar miles de presentaciones de empresas y opinar sobre votaciones de accionistas, en su mayoría intrascendentes, suena aburrida, y debería serlo. Sin embargo, Institutional Shareholder Services y Glass Lewis se encuentran en medio de una tormenta. Sus oponentes deberían proceder con cautela.
Un enemigo es Donald Trump. El presidente estadounidense emitió una orden ejecutiva exigiendo una regulación onerosa para ambas firmas el mes pasado. El estado de Texas ha implementado leyes que complican su labor, aunque esto enfrenta un desafío legal. Y en el mundo corporativo, los consejeros delegados de JPMorgan y Tesla, Jamie Dimon y Elon Musk, son vehementes críticos con los asesores de voto.
El martes, Dimon hizo algo más que limitarse a quejarse. La división de gestión de activos de JPMorgan, que administra unos 4 billones de dólares (3,4 billones de euros), anunció que renunciaría por completo a cualquier dependencia de los asesores de voto externos. Ha desarrollado su propio motor de recomendaciones, Proxy IQ, utilizando inteligencia artificial entrenada en miles de juntas de accionistas anteriores.
Más allá del hecho de que Dimon ha tenido enfrentamientos con los asesores de voto en el pasado por su generosa remuneración, existen sólidos argumentos para usar grandes modelos de lenguaje para hacer lo que ISS y Glass Lewis hicieron hasta ahora. Ambos disfrutan de un duopolio, en parte porque monitorizar a tantas empresas requiere economías de escala. Sólo las gestoras de activos más grandes, con sus propios equipos de compromiso y "gestión responsable", pueden realizar dichas tareas de forma interna.
Es cierto que las firmas de asesoramiento de voto son falibles. Pero al menos rinden cuentas. Además de los asuntos rutinarios sobre los que votan los accionistas, también hay decisiones difíciles sobre fusiones, elecciones de consejos de administración y paquetes salariales para ejecutivos. Al investigar, desarrollar estándares y posicionarse, ISS y Glass Lewis ofrecen un servicio, pero también una protección. Quienes prescindan de ellos deberían estar preparados para responder por sus decisiones de voto.
Si se mira con perspectiva, la premisa presidencial para criticar a los asesores de voto es en sí misma un poco inestable. La orden de Trump afirma que los asesores de voto están "motivados políticamente" y exige que se les examine en virtud de la legislación sobre valores, competencia y trabajo. La implicación es que han ido más allá de la simple redacción de informes y están intentando interferir en las políticas.
Más bien, son las propias empresas y accionistas los que se han politizado. Accionistas marginales, de todos los partidos políticos, presentan propuestas de nicho para votar en las juntas de empresa. Pesos pesados como Larry Fink, de BlackRock, han subido y bajado el volumen en temas como el cambio climático y la seguridad de las armas. La carta anual de Dimon a los accionistas se ha convertido en un voluminoso tomo sobre cómo gobernar EEUU.
Las amenazas que enfrentan ISS y Glass Lewis son potencialmente existenciales, tanto por parte de los reguladores como de las alternativas de IA, como demuestra JPMorgan. Pero su ausencia no eximiría a los accionistas ni a las empresas de las complejas elecciones que caracterizan la toma de decisiones empresariales. Desafiar a las empresas de asesoramiento de voto para que justifiquen sus opiniones es saludable; descartarlas abiertamente no lo sería.
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