Más de la mitad de los recursos por liquidaciones concluyen a favor del contribuyente, según los fiscalistas que firman un nuevo informe del Instituto de Estudios Económicos.
En un contexto donde la productividad empresarial es una de las principales asignaturas pendientes, el elevado número de juicios -y la duración de los mismos- entre las empresas y el Fisco están suponiendo un importante lastre para la competitividad del tejido productivo español.
Al menos, así lo pone de manifiesto un informe presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) hace unas semanas, bajo el título El problema de la litigiosidad tributaria en España, y en cuya elaboración han participado 17 profesionales del ámbito jurídico y académico. El documento vuelve a señalar el problema de la inseguridad jurídica como uno de los principales problemas a los que se enfrentan las sociedades en el apartado tributario. Algo que se hace evidente a tenor de los datos que se extraen de la batalla judicial con Hacienda.
Ante el colapso de los tribunales, los plazos de resolución que se manejan son en muchos casos excesivos, alcanzando incluso los diez años hasta que se emite una sentencia en firme. Además, alrededor de la mitad de las actas de inspección que se recurren son anuladas total o parcialmente por los tribunales, mientras que aproximadamente el 60% de las liquidaciones tributarias recurridas concluyen dando la razón al contribuyente, "lo que indica que la Administración actúa de manera incorrecta en demasiados casos, alimentando el problema de la litigiosidad", concluye el documento.
Esta falta de seguridad también ha sido señalada por otros expertos en la materia en los últimos meses, como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que en un paper remitido al Ministerio de Hacienda el pasado octubre señalaron la necesidad de modificar la regulación legal de las consultas tributarias para aportar mayor concreción a los profesionales y reforzar su carácter vinculante "para colmar las necesidades anticipadas de seguridad jurídica de los contribuyentes" y reducir el número de casos que terminan dirimiéndose en los tribunales.
El consenso de los autores del informe del IEE es que existe una "hiperregulación" fiscal con constantes cambios en las leyes y en los criterios de interpretación de la norma, que dispara los recursos que deben dedicar las empresas a pleitear contra el Fisco. Estos recursos, además de su valor cuantificable, también supone un importante coste de oportunidad, al restar fondos que podrían dedicarse al crecimiento empresarial.
Todo ello, en un contexto donde, en opinión de los fiscalistas, la Administración Tributaria impulsa la agresividad de la Inspección con su sistema de incentivos, utilizándola más como una "policía fiscal" que como un servicio a disposición de los contribuyentes. "Resulta sangrante que quien se lucra -en la medida que sea- de la labor comprobadora que acomete no sufra repercusión de ninguna clase cuando sus decisiones son desautorizadas por los tribunales de Justicia y ponen de manifiesto una mala praxis", valora el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Luis Manuel Alonso, uno de los autores del documento.
En conclusión, "la litigiosidad tributaria no es solo un problema técnico o jurídico; es un factor que incide en la confianza de los inversores, en la seguridad de las empresas y en la eficiencia de la administración pública". Los autores valoran que "de poco vale aprobar medidas fiscales destinadas a favorecer la actividad productiva y la creación de empleo si su capacidad para generar resultados reales queda reducida debido a la falta de confianza de los operadores económicos respecto de la posterior interpretación y aplicación efectiva de dichas medidas".
Propuestas de cambio
El informe va acompañado de una batería de soluciones concretas, basadas en el derecho comparado con otros países del entorno español, como Italia, Portugal o Reino Unido, y urge al legislador a implementar estas reformas para alinear el sistema tributario de España con los estándares de eficiencia de estos países.
- Como propuesta estrella, se señala la necesidad de establecer mecanismos alternativos para la resolución de conflictos tributarios, de forma similar a los SMAC en el ámbito laboral. Estos organismos podrían encargarse de resolver disputas técnicas de forma rápida, y también servirían para intentar alcanzar acuerdos antes de llegar a juicio.
- En segundo lugar, y en línea con la propuesta elevada por la Aedaf hace unos meses, el documento reclama que Hacienda ofrezca mayor certeza ex ante (antes de llegar a la liquidación o el litigio) sobre los criterios a seguir por parte del contribuyente, a través de consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos (DGT) más rápidas y claras.
- Asimismo, dentro del apartado de las reformas procesales y organizativas, el documento propone la introducción de la figura del "pleito testigo" en el ordenamiento jurídico. Esto es, la posibilidad de paralizar miles de recursos idénticos hasta que la Justicia resuelva uno y este criterio fije el rumbo a tomar, evitando así "el colapso de los tribunales".
- Por último, los fiscalistas reclaman la mejora de la calidad técnica de las leyes, la reducción de la dispersión normativa en el ámbito territorial y revisar el sistema de sanciones para que no sean automáticas, reconociendo el "derecho al error" de los contribuyentes. Todo, como "un objetivo necesario para mejorar la competitividad de España".