Tras ocho años desde la aprobación del plan para acabar con la Cañada Real Galiana, el proceso de realojos continúa sorteando trabas. La negativa de muchas familias a marcharse y la apertura de la vía judicial para demoler las viviendas pone en ralentí todo este operativo. Junto a esto, la adquisición de los inmuebles extiende en el tiempo todo el proceso, al tener de cumplirse unos requisitos en la ubicación de las viviendas para evitar generar nuevos guetos en los barrios o municipios receptores. De esta forma, se priorizan los realojos en los municipios cercanos a la Cañada y se topa el número de viviendas por zona que se puede destinar para esta finalizadad.
Desde 2019 se han realojado a 337 familias de la Cañada Real, según los datos de la Comunidad de Madrid. El pacto alcanzado hace ocho años para acabar con este asentamiento ilegal contabilizaba un total de 2.149 familias, según el censo efectuado en 2011, cifra de la que se debe restar las viviendas regularizadas del sector 1. Aunque los traslados se han realizado por más de 50 municipios de la región, los servicios sociales aconsejan que las nuevas viviendas estén cercanas al entorno donde residían antes las familias. Por ello, indican desde el Gobierno regional, "las operaciones se llevan a cabo en las localidades más próximas a esta zona". Entre estas se encuentran Arganda del Rey, Coslada, Madrid, Mejorada del Campo, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Velilla de San Antonio.
Por otra parte, el plan para desmantelar este asentamiento ilegal que se extiende por más de 14 km recoge la necesidad de topar el máximo de realojos por barrio para evitar problemas entre la población residente y la desplazada. Así, al adquirirse los inmuebles "se tiene en cuenta el número máximo de viviendas a adquirir en cada municipio y distrito para favorecer una buena convivencia en los barrios", concretan desde la Comunidad. Este límite depende de la densidad de población y tamaño de cada localidad, fijándose en una cifra que puede oscilar entre una o 20 casas.
Estas acciones se encaminan a evitar la formación de guetos en los barrios y municipios receptores. "La intención del pacto por la Cañada Real era evitar que se produjesen este tipo de situaciones. Para ello se proponía intentar consolidar las viviendas que pusieran serlo, efectuar realojos en la misma Cañada, en zonas aptas, o sino repartiendo a las familias de forma equitativa por los ayuntamientos", explica el profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, secretario general del Observatorio Euromediaterráneo de Democracia y Espacio Público, y presidente del comité de investigación de Sociología Política de la Federación Española de Sociología, Roberto Barbeito.
Sin embargo, a pesar de establecerse la necesidad de una distribución pareja para evitar concentraciones, Barbeito aclara que en la práctica nunca ocurre así, ya que en función de la zona y el barrio el precio de la vivienda cambia y "los realojos se hacen en zonas baratas". El experto en Sociología puntualiza que en todos los procesos de estas características hay riesgo de un proceso de guetificación, ya sea por cuestiones socioeconómicas, culturales, religiosas o de idioma, lo que implica mayores conflictos.
"Las personas reubicadas si son próximas entre sí van a tener unas relaciones consolidadas de confianza y comparte un problema, que es el realojo, eso les va a unir y a diferenciar con los vecinos de la zona de acogida", apunta Barbeito. La manera de ejecutar este proceso también es importante, comenta el profesor de la Rey Juan Carlos, ya que si se traslada a un grupo numeroso de población a otra zona ya habitada los residentes pueden percibirlo como una invasión, más cuando son personas de otro país o que hablan otra lengua. Para evitar las situaciones de conflicto se considera necesario una planificación y comunicación constante por parte de todos los agentes implicados, incluso los realojados, para acordar el proceso y que se pueda dar una buena convivencia.
Hasta la fecha la mayoría de los realojos corresponden a los 'cañadienses', censados en 2011, que lo han solicitado. Sin embargo, una gran parte de la población de la Cañada Real rechaza, de forma expresa o tácita, abandonar su residencia actual. Esta situación está demorando el proceso de demolición de las infraviviendas, al tener que aguardar a la resolución de los recursos administrativos y judiciales. "Hemos empezado por las personas que querían marcharse, tras ello se abordará el grueso donde hay que aplicar las ordenes de demolición y habrá que ver los informes que solicitan el juez para estos casos", explican fuentes implicadas en el proceso.
En todo el periplo para desmantelar la Cañada Real y los recursos planteados por los residentes coexisten dos cuestiones, por un lado las apreciaciones urbanísticas, es decir si las viviendas se puede regularizar o no. Y por otro lado, la cuestión social y la evaluación de servicios sociales sobre el grado de vulnerabilidad de estas personas. "Por ahora en el tema urbanístico los tribunales nos dan la razón, ya hay sentencias firmes para demoler aunque no se han ejecutado en su mayoría. Esa será la segunda fase donde se pedirán los informes de vulnerabilidad para ver qué ocurre con estas personas", aclaran.
Cuando estas órdenes de derribo se materialicen, se desconoce qué pasará con aquellos 'cañadienses' que rechazan la opción de realojo, ya que por su situación y formar parte de un asentamiento susceptible de realojo no pueden acceder a otro tipo de ayudas habitacionales. A este contexto se suma la llegada de nuevos habitantes, que al llegar después de 2011 no tiene derecho a las mismas ayudas, a pesar de que en muchos casos solicitan el acceso a una de las viviendas que se ofrecen.
Las actuaciones y la planificación que se desarrollan en la actualidad se amparan en el pacto regional de 2017 alcanzado entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno central, el Ayuntamiento de la capital, el de Rivas-Vaciamadrid y el de Coslada. La voluntad de acabar con el mayor asentamiento ilegal de Europa se reeditó con el protocolo firmado en 2024 para destinar una inversión de 330 millones de euros en una década. Estos fondos aportados entre las administraciones implicadas en el proceso de realojo, se consignan bajo el objetivo de adquirir o rehabilitar viviendas sociales.
Las actuaciones que se contemplan para buscar alternativas habitacionales, desarrollar programas sociales de empleo y crear planes educativos para contribuir a la inserción social deberán definirse en el documento pendiente de aprobarse. Así, los técnicos de cada administración deben detallar y consensuar el acuerdo que formalizará las medidas a implementar. Junto a las tareas pendientes, mientras avanza el proceso se han reforzado las labores de vigilancia y control en la zona para evitar la construcción de nuevas viviendas. La Policía Local patrulla los sectores de forma constante para buscar indicios de edificaciones en curso y proceder de inmediato a demoler las estructuras para frenar la proliferación de infraviviendas.
Desde 2019 se han realojado a 337 familias de la Cañada Real, según los datos de la Comunidad de Madrid. El pacto alcanzado hace ocho años para acabar con este asentamiento ilegal contabilizaba un total de 2.149 familias, según el censo efectuado en 2011, cifra de la que se debe restar las viviendas regularizadas del sector 1. Aunque los traslados se han realizado por más de 50 municipios de la región, los servicios sociales aconsejan que las nuevas viviendas estén cercanas al entorno donde residían antes las familias. Por ello, indican desde el Gobierno regional, "las operaciones se llevan a cabo en las localidades más próximas a esta zona". Entre estas se encuentran Arganda del Rey, Coslada, Madrid, Mejorada del Campo, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Velilla de San Antonio.
Por otra parte, el plan para desmantelar este asentamiento ilegal que se extiende por más de 14 km recoge la necesidad de topar el máximo de realojos por barrio para evitar problemas entre la población residente y la desplazada. Así, al adquirirse los inmuebles "se tiene en cuenta el número máximo de viviendas a adquirir en cada municipio y distrito para favorecer una buena convivencia en los barrios", concretan desde la Comunidad. Este límite depende de la densidad de población y tamaño de cada localidad, fijándose en una cifra que puede oscilar entre una o 20 casas.
Estas acciones se encaminan a evitar la formación de guetos en los barrios y municipios receptores. "La intención del pacto por la Cañada Real era evitar que se produjesen este tipo de situaciones. Para ello se proponía intentar consolidar las viviendas que pusieran serlo, efectuar realojos en la misma Cañada, en zonas aptas, o sino repartiendo a las familias de forma equitativa por los ayuntamientos", explica el profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, secretario general del Observatorio Euromediaterráneo de Democracia y Espacio Público, y presidente del comité de investigación de Sociología Política de la Federación Española de Sociología, Roberto Barbeito.
Sin embargo, a pesar de establecerse la necesidad de una distribución pareja para evitar concentraciones, Barbeito aclara que en la práctica nunca ocurre así, ya que en función de la zona y el barrio el precio de la vivienda cambia y "los realojos se hacen en zonas baratas". El experto en Sociología puntualiza que en todos los procesos de estas características hay riesgo de un proceso de guetificación, ya sea por cuestiones socioeconómicas, culturales, religiosas o de idioma, lo que implica mayores conflictos.
"Las personas reubicadas si son próximas entre sí van a tener unas relaciones consolidadas de confianza y comparte un problema, que es el realojo, eso les va a unir y a diferenciar con los vecinos de la zona de acogida", apunta Barbeito. La manera de ejecutar este proceso también es importante, comenta el profesor de la Rey Juan Carlos, ya que si se traslada a un grupo numeroso de población a otra zona ya habitada los residentes pueden percibirlo como una invasión, más cuando son personas de otro país o que hablan otra lengua. Para evitar las situaciones de conflicto se considera necesario una planificación y comunicación constante por parte de todos los agentes implicados, incluso los realojados, para acordar el proceso y que se pueda dar una buena convivencia.
Hasta la fecha la mayoría de los realojos corresponden a los 'cañadienses', censados en 2011, que lo han solicitado. Sin embargo, una gran parte de la población de la Cañada Real rechaza, de forma expresa o tácita, abandonar su residencia actual. Esta situación está demorando el proceso de demolición de las infraviviendas, al tener que aguardar a la resolución de los recursos administrativos y judiciales. "Hemos empezado por las personas que querían marcharse, tras ello se abordará el grueso donde hay que aplicar las ordenes de demolición y habrá que ver los informes que solicitan el juez para estos casos", explican fuentes implicadas en el proceso.
En todo el periplo para desmantelar la Cañada Real y los recursos planteados por los residentes coexisten dos cuestiones, por un lado las apreciaciones urbanísticas, es decir si las viviendas se puede regularizar o no. Y por otro lado, la cuestión social y la evaluación de servicios sociales sobre el grado de vulnerabilidad de estas personas. "Por ahora en el tema urbanístico los tribunales nos dan la razón, ya hay sentencias firmes para demoler aunque no se han ejecutado en su mayoría. Esa será la segunda fase donde se pedirán los informes de vulnerabilidad para ver qué ocurre con estas personas", aclaran.
Cuando estas órdenes de derribo se materialicen, se desconoce qué pasará con aquellos 'cañadienses' que rechazan la opción de realojo, ya que por su situación y formar parte de un asentamiento susceptible de realojo no pueden acceder a otro tipo de ayudas habitacionales. A este contexto se suma la llegada de nuevos habitantes, que al llegar después de 2011 no tiene derecho a las mismas ayudas, a pesar de que en muchos casos solicitan el acceso a una de las viviendas que se ofrecen.
Las actuaciones y la planificación que se desarrollan en la actualidad se amparan en el pacto regional de 2017 alcanzado entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno central, el Ayuntamiento de la capital, el de Rivas-Vaciamadrid y el de Coslada. La voluntad de acabar con el mayor asentamiento ilegal de Europa se reeditó con el protocolo firmado en 2024 para destinar una inversión de 330 millones de euros en una década. Estos fondos aportados entre las administraciones implicadas en el proceso de realojo, se consignan bajo el objetivo de adquirir o rehabilitar viviendas sociales.
Las actuaciones que se contemplan para buscar alternativas habitacionales, desarrollar programas sociales de empleo y crear planes educativos para contribuir a la inserción social deberán definirse en el documento pendiente de aprobarse. Así, los técnicos de cada administración deben detallar y consensuar el acuerdo que formalizará las medidas a implementar. Junto a las tareas pendientes, mientras avanza el proceso se han reforzado las labores de vigilancia y control en la zona para evitar la construcción de nuevas viviendas. La Policía Local patrulla los sectores de forma constante para buscar indicios de edificaciones en curso y proceder de inmediato a demoler las estructuras para frenar la proliferación de infraviviendas.