Los gobiernos de Castilla-La Mancha y Asturias prevén dejar a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sin más apoyo socialista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles que el de la Generalitat de Cataluña en el nuevo modelo de financiación. Los presidentes castellanomanchego, Emiliano García-Page y asturiano, Adrián Barbón, coinciden en rechazar el polémico principio de la «ordinalidad», que favorece especialmente a Cataluña.
Para el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, es una «trampa» en favor de que esta comunidad próspera reciba 4.700 millones anuales más del sistema en discriminación del resto. «Es una propuesta negociada bajo el chantaje de los independentistas, que sólo quieren obtener privilegios frente a los demás», asegura a EL MUNDO este veterano socialista en vísperas de acudir al CPFF.
En su opinión, «la ordinalidad es una línea roja para el gobierno de Castilla La Mancha. No vamos a aceptar un modelo de financiación que defienda que quien más tiene más recibe».
Un portavoz oficial del Gobierno asturiano confirma también a este diario que para el equipo de Barbón «el principio de ordinalidad no es aceptable». Es el criterio impuesto por el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y el propio Illa a Montero que permite a una comunidad próspera a escalar en la lista de las que más reciben hasta ocupar el mismo puesto que ocupa en la de las que aportan.
«La ordinalidad significa que aquellas CCAA con mayor capacidad tributaria, tienen derecho a disponer de mayor volumen de recursos, y, en consecuencia, sus ciudadanos tendrán derecho a mejores servicios públicos porque contarán con más financiación que los demás. Es indefendible para el PSOE y la izquierda en su conjunto», descalifica Ruiz Molina. «Tiene el agravante, de que le estamos mandando el mensaje a la sociedad de que quien paga más IRPF porque manifiesta una mayor capacidad económica tiene derecho a ser mejor tratado con relación a los servicios públicos que prestamos las comunidades», critica.
En el caso catalán, es la tercera que más aporta, tras Madrid y Baleares, y pasará al tercer puesto también de las que más reciben, según confirmó Montero el pasado viernes. La ministra también confirmó que no aplicará el principio igual a Madrid, que, si recibiera igual trato que la Generalitat, se convertiría en la primera comunidad en recibir fondos del sistema al ser la que más contribuye.
Con este panorama, Montero ha convocado para este miércoles el consejo que reúne al Gobierno central con las comunidades autónomas y cuenta como único respaldo en las filas socialistas a la consellera de Hacienda catalana, Alicia Romero. Tanto la vicepresidenta de la Junta del Principado, Gimena Llamedo, como Ruiz Molina, tienen instrucciones de plantarse ante el planteamiento de Montero, pese a que es su jefa en el partido como vicesecretaria general sólo por debajo de Pedro Sánchez. Ruiz Molina lamenta que el PSOE no disponga de una propuesta como el PP al haber descartado Montero intentar presentar una propuesta de consenso con las comunidades que gobierna el partido en el poder.
Para García-Page, la traición de Montero a los principios socialistas es evidente, puesto que, según ha recordado estos días, el PSOE no aceptó en su último congreso de Sevilla las enmiendas de los socialistas catalanes en favor de consagrar la ordinalidad en el nuevo sistema de financiación.
«Es un plato precocinado», avanzó por su parte el lunes la vicepresidenta asturiana que asistirá excepcionalmente al CPFF en sustitución del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. No nos ha gustado que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe», afirmó la vicepresidenta que recalcó que eso atenta contra la igualdad territorial. Ruiz Molina también protesta por la falta de transparencia de Montero. No son por tanto, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, las únicas que rechazan el modelo del gobierno central, porque, aunque encierre más financiación para todas las comunidades, consideran injusto y regresivo el planteamiento.
Hay otra comunidad gobernada por los socialistas con derecho a asistir al CPFF: Navarra. Sin embargo, Montero ha decidido dejar fuera a las comunidades forales del nuevo modelo, pese a que defendió en su etapa de consejera andaluza que la futura reforma debía limitar sus privilegios. Por tanto, los consejeros de País Vasco y Navarra asisten al debate de la reforma de la financiación de las comunidades de régimen común -todas las demás- desde el tendido, con la garantía del Gobierno central de que podrán mantener amplia distancia de la media de España en las cifras que consiguen por habitante. Al menos un 70% más, según informó este diario el pasado domingo.