Los socios independentistas de Pedro Sánchez desmienten que la legislatura tenga recorrido tras la escalada de corrupción que se está produciendo en las filas socialistas. Si el PNV lleva toda la semana instando al presidente del Gobierno a adelantar elecciones, ayer fue Junts la que aseguró "no esperar otra cosa" que no sea que el jefe del Ejecutivo disuelva las Cortes cuanto antes y llame a las urnas, "como cada vez piden más partidos".
Del mismo modo que el PNV, la formación dirigida por Carles Puigdemont sigue negándose a participar de una moción de censura junto al PP alegando "no estar aquí para quitar o poner gobiernos del Reino de España". Sin embargo, también es consciente del desgaste que supone mantener esta posición, que le está valiendo continuos reproches por parte de los populares, que acusan a los secesionistas de "sostener al Gobierno más corrupto de la Historia".
De ahí que Míriam Nogueras haya salido a la palestra para conminar a Sánchez a convocar elecciones. "Hace un año y medio que pedimos la cuestión de confianza y la gente se reía. Hace un mes ya pedimos elecciones por los incumplimientos del Gobierno. Siempre hemos ido súper avanzados; hemos visto lo que ha pasado y la gente ha estado a otras cosas. Pedimos elecciones, pero no soy yo quien tiene que poner la fecha. Hay un presidente de España que tiene que hacerlo", razona la portavoz de Junts en el Congreso en conversación con EL MUNDO.
Además de Junts y PNV -imprescindibles para la gobernabilidad-, otro de los socios parlamentarios del Ejecutivo central, Coalición Canaria, da también ha exigido un adelanto de las generales. Desde las propias filas socialistas, Felipe González y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presionan en público para la celebración anticipada de los comicios, mientras se extiende la inquietud entre los alcaldes que se presentarán a la reelección en un año y que temen un "voto de castigo" como el que creen que sufrieron en 2023 por la política nacional.
Aun así, Sánchez ha vuelto a reiterar su intención de seguir en La Moncloa hasta 2027 con o sin el apoyo del Congreso para poder legislar. "Ninguna de las investigaciones impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España en favor de los avances sociales y económicos y de las transformaciones sociales que venimos registrando de ocho años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura", aseguró el miércoles en una rueda de prensa en Roma mientras agentes de la UCO buscaban documentación sobre "una trama para desestabilizar" las causas judiciales que le afectan en la sede central de su propio partido en Madrid.
Hasta hace un par de semanas, la pretensión de Junts era que el Ejecutivo asumiera sus propuestas tributarias y de vivienda, después de que recientes acuerdos sectoriales como la exención del IVA para los autónomos que ingresan menos de 85.000 euros anuales -pactado a cambio de su respaldo al decreto de la guerra- no se hayan cumplido. Pero, ahora, los neoconvergentes empiezan a constatar que corren el peligro de abrasarse junto a Sánchez; de ahí que ya solo esperen que se rinda y convoque.
El propio Puigdemont ha tomado la palabra para subrayar las corruptelas del PSOE e implicar en ellas al presidente de la Generalitat Salvador Illa, al que afeó su "victimismo" por alentar la teoría de que Sánchez y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero están siendo perseguidos por la Justicia por motivaciones políticas. El líder de Junts también urgió a los socialistas a aclarar "de dónde viene el especial interés por China", tras los indicios de vinculan a la trama de Zapatero con negocios con el país asiático.
También el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que cuenta con un conocido predicamento en Junts pese a no pertenecer al partido, ha llamado en reiteradas ocasiones a avanzar las elecciones, tras haber jugado un papel destacado en la elaboración de la Ley de Amnistía que permitió la investidura de Sánchez. Ayer mismo, recuperó un mensaje que el PSOE publicó en las redes sociales en 2015 para pedir la dimisión del popular Mariano Rajoy en el que aseveraba: "En cualquier país de Europa, un presidente del Gobierno, con la sospecha de corrupción detrás de él, hubiera dimitido". A ello, Boye añadió: "Una gran verdad". También se preguntó irónicamente "¿Qué problema hay para convocar elecciones con 11 puntos de ventaja?", después de que ayer el CIS de Tezanos vaticinase ese margen a los socialistas respecto al PP.
Por su parte, el presidente del PNV, Aitor Esteban, sorprendió el pasado domingo a gran parte de sus 2.500 afiliados y simpatizantes cuando en el acto organizado para arrancar la precampaña electoral en Euskadi abrió el melón de las generales. "Es irresponsable [que el Gobierno de Sánchez] siga más allá de 2026", sentenció ante la mirada de tres diputados generales, alcaldes y centenares de ediles que habían ido a Durango para conjurarse en el pistoletazo de salida de una carrera electoral que tiene como meta los comicios municipales y forales de 2027. Relegado el objetivo de la contienda, Esteban elevó la exigencia al presidente el jueves desnudando el argumento su argumento para descartar las elecciones por el "interés general" y remarcando la esterilidad de agotar el mandato con una frase necrológica : "La legislatura ha llegado a su fin".
Las dos declaraciones públicas de Esteban en apenas cuatro días definen el incremento de la presión para que Sánchez convoque elecciones el próximo otoño, aunque acortar la legislatura vaya en contra del objetivo del PNV por lograr competencias como la Seguridad Social y prácticamente anule el pacto con el PSOE vasco y con EH Bildu para reformar el Estatuto de Gernika. De hecho, la consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, intentó cerrar el miércoles con el Ministerio de Yolanda Díaz el traspaso del Fogasa sin lograr su objetivo, como reconoció ayer el lehendakari Imanol Pradales.
En la semana en la que el PNV ha activado la cuenta atrás del mandato de Sánchez, solo Esteban se ha manifestado con contundencia por un adelanto electoral. El portavoz parlamentario y coordinador institucional del PNV, Joseba Díez Intxaustegi, recalcó en la televisión vasca que descartaba cualquier apoyo a una moción de censura presentada por el PP.
Según advirtió Esteban, Sánchez de no puede "hacer el avestruz" escondiendo la cabeza ante la cascada de investigaciones judiciales ni esperar a que la visita del Papa o la celebración del Mundial de Fútbol rebajaran la presión política contra él. Pero, además, con un tono enigmático dejó entrever que participa en movimientos con otras fuerzas políticas, como Junts, que monitorizan cada gesto del presidente socialista: "Día a día están pasando cosas; el lenguaje político y las posiciones van evolucionando. Van a pasar más cosas".
Precisamente "las cosas" que están pasando son las que desde hace meses alimentan la preocupación del ex lehendakari Iñigo Urkullu, el único referente del nacionalismo que públicamente coincide con la tesis de Esteban sobre el final de la legislatura.
La decisión del presidente del PNV de liderar la presión verbal contra Sánchez para que finiquite su legislatura contrasta con la posición de EH Bildu de rechazar la corrupción mientras da oxígeno a Sánchez con la teoría de la "operación política" contra el sanchismo. Un calculado posicionamiento que verbalizó el secretario general de EH Bildu Arnaldo Otegi en la Ser. El resto de portavoces de la izquierda abertzale permanecen mudos ante los escándalos judiciales.