El 15 de abril será la fecha oficial para la puesta en marcha del nuevo sistema de reparación destinado a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito. Ese día entrará en funcionamiento el mecanismo acordado este lunes por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, tras la firma de un protocolo conjunto. "Buscamos una reparación que tiene muchas dimensiones y no se puede permitir la revictimizacion de las personas", ha dicho el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Esta nueva vía está pensada para aquellos casos en los que ya no es posible recurrir a la justicia ordinaria. Además, las víctimas que ya acudieron al Plan de de reparación Integral a las víctimas de abuso (PRIVA) impulsado por la Iglesia en 2024 podrán acogerse también a este modelo mixto.
La Iglesia asumirá, tal y como constatan las 14 páginas de acuerdo, el pago de las indemnizaciones. El Defensor del Pueblo revisará cada historia y fijará las cuantías. Pero no hay cifras, ni baremos, ni horquillas. "Una propuesta integral sin cifras y sin horquillas", dijo el presidente de la CEE, Luis Argüello, después de la firma.
"A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad", señalaron desde la CEE y la Confer, haciendo hincapié al mismo tiempo en que la colaboración entre instituciones "será muy importante".
Félix Bolaños, presente en el acto de la firma, ha asegurado por su parte que "se pretende una reparación justa que no tiene que estar determinada por una cifra ni mínima ni maxima".
El acuerdo muestra un proceso escalonado
El Ministerio de Justicia y Relaciones con las Cortes creará la Unidad de Tramitación para recibir solicitudes, orientar a las víctimas y coordinar el proceso. El Defensor contará con un equipo de expertos independientes que evaluará cada caso de forma individual a través de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVDP). La Iglesia, a través de la Comisión Asesora del PRIVA (CPRIVA), emitirá un "informe preceptivo sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y reparación que formule la UVDP". Si hay desacuerdo, una comisión mixta revisará el expediente. Además, hay también un detalle práctico: las indemnizaciones estarán exentas de tributación.
La Iglesia subraya que este sistema "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes". Y añade un límite: será una vía temporal, de un año, prorrogable otro más, para causas "que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario".
"La iglesia acepta ahora compartir esta iniciativa con la Administración Pública y desea caminar hacia delante, afianzando la prevención y formación para poder acoger, reparar e integrar y seguir haciendo el camino adelante de la vida", resumía Argüello.