Más de 600.0000 solicitantes ya cuentan con un permiso preliminar de trabajo tras iniciarse la tramitación de su expediente. Colombia ocupa el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%, según el primer balance oficial de la Seguridad Social.
Los primeros dato del proceso extraordinario de regularización de extranjeros arrojan un desbordamiento de las previsiones iniciales del Gobierno, que estimaba que en torno a medio millón de personas podrían acogerse. Nada más lejos de la realidad, el primer balance oficial ofrecido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifra en 1.174.978 solicitudes las recibidas entre el 16 de abril y el pasado 30 junio, cuando finalizó el proceso.
La cifra, por lo tanto, más que duplica las estimaciones iniciales realizadas de solicitudes. Según el departamento de la ministra Elma Saiz, de todas ellas, más de la mitad (52%) ya han sido admitidas a trámite lo que supone que unas 608.000 personas ya cuentan con un permiso provisional de trabajo y residencia en España.
Además, tal y como ha detallado el Ejecutivo en el primer balance las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña con más de 253.000, seguida de la Comunidad de Madrid con 202.000, la Comunidad Valenciana con 167.000, y Andalucía con 161.000.
Atendiendo a la procedencia de los solicitantes, el 67% son personas procedentes de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia ocupa el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%. Le siguen Honduras con un 4,8%, Paraguay con un 3,8% y Argelia con un 3,4%. Y ya en porcentajes menores se encuentran Senegal con el 2,9%, Pakistán con el 2,5% y Argentina con el 2,3%, mientras que el 20,5% restante corresponde a otras nacionalidades.
"Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", celebraba Elma Saiz tras informar sobre las primeras estadísticas del proceso.
Para acceder a este proceso de regularización, los solicitantes debían cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, haber ingresado y permanecido de forma continuada en España antes del 1 de enero de 2026; carecer por completo de antecedentes penales, tanto en el territorio español como en el país de origen del interesado; y, por último, para aquellos solicitantes de asilo político que participen en este procedimiento debían desistir de su trámite de protección internacional una vez que les fuera concedida la correspondiente autorización de residencia.
Afiliación de los extranjeros regularizados
En total, 159.097 personas con una autorización provisional para trabajar se encuentran de alta en la Seguridad Social. En cuanto a las secciones de actividad de las personas beneficiarias del proceso de regularización dadas de alta al 30 de junio, el sector de la hostelería registra la mayor participación con 38.776 afiliados (24,4%). Le siguen el comercio al por mayor y al por menor con 20.195 (12,7%), las actividades administrativas y servicios auxiliares con 19.327 (12,1%), y la construcción con 18.310 (11,5%). En un nivel intermedio se sitúan la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 14.248 (9,0%), el transporte y almacenamiento con 11.132 (7,0%), y la industria manufacturera con 9.620 (6,0%). Finalmente, los sectores con menor representación son otros servicios con 6.608 (4,2%), las actividades sanitarias y de servicios sociales con 6.404 (4,0%), y las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico con 6.393 personas de alta (4,0%).
Choque con el Tribunal Supremo
El final del proceso, no en vano, ha estado marcado por las dudas que ha sembrado en el Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de la norma impulsada por el Gobierno con el derecho de la Unión Europea. De hecho, será en las próximas horas cuando el Ministerio dirigido por Elma Saiz elevará una serie de alegaciones, que el Alto Tribunal ha invitado a realizar a las partes tras atender a los recursos que han planteado los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana.
El primer punto de conflicto señalado por el Tribunal Supremo se refiere a la concesión de residencia temporal por arraigo a las personas que presentaron una solicitud de protección internacional antes del 1 de enero de 2026, incluso en los casos en que el asilo haya sido denegado y existan procedimientos activos de devolución o expulsión. Los magistrados advierten que esta medida podría contravenir el reglamento europeo de protección internacional, que establece que el derecho de permanencia provisional en un territorio mientras se resuelve una solicitud de asilo no constituye bajo ningún concepto un permiso de residencia.
El segundo motivo de discrepancia radica en la concesión de residencia temporal a los inmigrantes en situación irregular que se encontrasen en el país antes de la fecha límite, lo que implica el archivo automático de sus expedientes de expulsión. El Alto Tribunal cuestiona si esta disposición es compatible con la Directiva de Retorno de la Unión Europea de 2008, señalando que la medida podría estar eludiendo la aplicación de las órdenes de retorno correspondientes al otorgar un derecho de residencia de carácter generalizado basado únicamente en la estancia irregular, en lugar de realizar una valoración individualizada según lo estipulado por el marco comunitario.
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