La presidenta María Chivite ha encontrado hoy en la portavoz de EH Bildu Laura Aznal el respaldo explícito a su continuidad al frente del Gobierno de Navarra y a su estrategia de minimizar un incremento de 8,5 millones de euros a la UTE conformada por Acciona, Servinabar y Osés para el desdoblamiento de los túneles de Belate. Chivite y Aznal, al alimón y con los mismos datos, han atenuado las críticas de este sobrepago autorizado inicialmente por el Ejecutivo navarro con los incrementos de costes de obras realizadas por UPN hace más de una década. Navarra ya ha abonado a la UTE que presuntamente se beneficiaba del respaldo político de Santos Cerdán más de 30 millones de euros y estudia cómo aprobar una ampliación del coste inicial de 76 millones de euros.
La presidenta de Navarra María Chivite ha encontrado en EH Bildu el apoyo explícito a su intención de estirar hasta la primavera de 2027 una legislatura marcada por el 'caso Cerdán'. Chivite ha intentado justificar hoy en el Parlamento de Navarra que la ampliación de 8,5 millones a la UTE auspiciada por Servinabar fue un error administrativo detectado por un órgano del propio gobierno como la intervención general. Explicaciones que la también líder del PSN se ha visto obligada a ofrecer por la presión de UPN que a través de su portavoz Javier Esparza ha defendido que este modificado de la adjudicación inicial constata el "fraude" sobre los túneles de Belate, la mayor obra pública de la última década en Navarra.
Esparza no ha logrado -tras intentarlo en al menos cuatro ocasiones- que ni Chivite ni sus consejeros Óscar Chivite y José Luis Arasti aclararan por qué hasta noviembre de 2025 no se comunicó que el Gobierno de Navarra había autorizado ampliar en 8,5 millones de euros la adjudicación a la UTE cerrada en 97 millones. "Durante esos 15 meses -desde mayo de 2024 a noviembre de 2025- quien mandaba mucho en Navarra era Santos Cerdán que era el beneficiado", ha advertido Esparza, en un argumento compartido por los portavoces de PP y de Vox. Estos tres partidos de la oposición han sido los únicos que han vinculado tanto la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate como el intento de cobrar un sobrecoste de 8,5 millones a la trama de corrupción política del 'caso Cerdán'. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas propone al juez instructor que se investigue judicialmente este contrato que fue adjudicado por el Gobierno de María Chivite y que forma parte de una comisión de investigación parlamentaria presidida por EH Bildu en Navarra.
El Ejecutivo foral ya ha pagado 24,2 millones de euros y en breve abonará otros 5,4 millones a la UTE conformada ahora por Acciona y Osés después de que Servinabar abandonara la obra al desvelarse el presunto cobro de comisiones ilegales por la mercantil constituida por Antxon Alonso junto a Santos Cerdán. Además, Chivite -que solo ha asumido su "decisión política" de acelerar estas obras- ha anunciado que se trabaja en un nuevo modificado por el que se ampliará el sobrecoste de la adjudicación inicial pero ya con un control expreso del interventor general que fue quien paralizó el pago de los 8,5 millones autorizados.
"No queremos que gobierne UPN pero no toleraremos ni una mínima sospecha contra la corrupción", ha remarcado Laura Aznal, la portavoz de EH Bildu. La izquierda abertzale no solo ha reconocido que Santos Cerdán era su interlocutor ante el Gobierno de Pedro Sánchez y con María Chivite sino que alimenta la tesis del ex secretario de Organización de que su enjuiciamiento tiene motivaciones políticas frente a la situación procesal de José Luis Ábalos y Koldo García. El complaciente posicionamiento político de EH Bildu respecto a Cerdán y el PSN obedece a su objetivo de garantizar la continuidad de Chivite como ha constatado Aznal en el Parlamento de Navarra. "Queda un año y tres meses [para el final de legislatura]. La ciudadanía está esperando medidas sobre la vivienda, las pensiones, los servicios públicos y una gestión transparente", ha afirmado la portavoz de Arnaldo Otegi en Navarra.
Un respaldo explícito al remozado gobierno de María Chivite que antes de comparecer en la Cámara foral ha presidido la designación de Javier Remírez como presidente primero, consejero de Presidencia y portavoz y de Inma Jurío como consejera de Interior. "Somos un gobierno feminista y, por tanto, implementamos políticas activas de igualdad de manera transversal a todos los niveles de la Administración y también en el conjunto de la población", ha afirmado Remírez en sus primeras declaraciones segundos antes de convertirse en el azote institucional contra UPN, PP y Vox. Siglas a las que Remírez ha definido como "fuerzas extremistas, las fuerzas que no creen en la democracia, las fuerzas que apuestan por la inestabilidad institucional".