El presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, analiza en EXPANSIÓN la medida impulsada por la Seguridad Social, y que ha sufrido cambios sustanciales por las enmiendas del PP y Junts presentadas en el Congreso y el Senado.
A expensas de que se produzca la votación en el Senado y de que el texto resultante sea devuelto al Congreso para su aprobación definitiva, las enmiendas de los grupos políticos han ido dibujando el resultado de cómo quedará la pasarela al RETA para los mutualistas. En este contexto, el presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, analiza en exclusiva para EXPANSIÓN el resultado de la reforma que se inició hace ahora más de dos años y que ya cuenta con algunos elementos concretados.
Fernández-Lomana preside la principal mutualidad de España, la antigua Mutualidad de la Abogacía, y es la más afectada por la medida que prevé que los autónomos que cotizan a estas entidades previsión complementaria de forma alternativa a la Seguridad Social puedan transferir sus fondos para insertarse así en el sistema público, en el Régimen de Autónomos. De los 100.000 trabajadores por cuenta propia alternativos, Mutualidad cuenta con cerca de 50.000, la mitad del colectivo, dedicados a la abogacía. Otros colegios profesionales que ofrecen esta posibilidad, como los procuradores, arquitectos, ingenieros y médicos completan el universo de autónomos que se encuentran fuera del perímetro del sistema público.
En este sentido, la premisa que arroja el presidente de Mutualidad es la de la cautela a la hora de analizar los detalles de la reforma, toda vez que muchos de ellos y algunos especialmente sensibles se dejan para concretarse durante el desarrollo reglamentario. Algo que según la proposición del ley inicialmente presentada por el PSOE, y que ha mutado con las enmiendas de PP y Junts, se producirá en un máximo de tres meses después de la aprobación de la norma. Ahí, quedarán por determinar cuestiones sobre el coeficiente de conversión, que con las últimas enmiendas del PP quedaría fijado entre un 0,67 y 0,87, a concretar en el reglamento. Y otro aspecto clave, cómo y cuándo se producirán las transferencias desde las mutualidades a la Seguridad Social.
En el momento de la jubilación
A tenor de las enmiendas presentadas por los grupos, parece claro que el mecanismo para el traspaso de capitales de las mutualidades al sistema público quedará pendiente de concretarse durante el desarrollo reglamentario. Aquí, Mutualidad es clara al reclamar al Gobierno que los fondos se transfieran de "forma ordenada". "La salida de los fondos debe adecuarse a la generación real de esas prestaciones, como jubilaciones, incapacidades o fallecimientos", explica el presidente de la entidad asegurando que todos los actores implicados, desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social hasta el supervisor y los grupos políticos, coinciden en que esta transferencia debe ser aplazada y ordenada.
"Liquidar activos apresuradamente para transferirlos de golpe causaría un perjuicio financiero a las mutualidades y afectaría al mercado de deuda pública. Por el momento, esta previsión no se ha incorporado a la ley y ha quedado delegada al reglamento, aunque esperamos que se pueda introducir alguna mención en el Senado", señala al respecto.
Mutualistas jubilados
Para los mutualistas pasivos, los que ya están jubilados y que finalmente quedarán fuera de la pasarela al RETA, desde Mutualidad abogan porque el sistema público les pueda asistir como ya hace con los pensionistas que perciben complementos a mínimos. Estos se sufragan con cargo a los Presupuestos, es decir, a través de la recaudación tributaria común por lo que no tienen un respaldo contributivo.
"Para quienes reciben pensiones que no alcanzan el mínimo público, la ley contempla el derecho al complemento a mínimos en igualdad de condiciones que los autónomos del RETA, lo cual podría aplicarse de forma directa sin necesidad de recurrir a la pasarela", señala Fernández-Lomana.
Solución más política que técnica
Igualmente, uno de los elementos que sobrevuelan a raíz de los vaivenes que se han producido sobre las condiciones de traspaso de la pasarela al RETA, está en si se han mantenido una línea de rigor técnico o si han imperado cuestiones políticas. "Es cierto que se ha adoptado una solución más política que técnica, lo cual no siempre responde a la rigurosidad que exigiría una reforma de este tipo. Al no haberse aportado cifras ni presupuestos concretos por parte de la Seguridad Social, las valoraciones sobre el coste real de la medida entran en el terreno de la especulación. Sin datos objetivos compartidos, los criterios que han prevalecido en el debate legislativo son predominantemente de carácter político", señala.
Mantenimiento de alternatividad
Quizá, el gran triunfo de las mutualidades que se desprende del texto definitivo tras el proceso de aprobación es el mantenimiento del sistema de alternatividad a la Seguridad Social. La intención de que los autónomos que comienzan su actividad por cuenta propia tuvieran la obligación legal de darse alta en el RETA era una de las líneas rojas del Gobierno, que consideraba que el sistema de capitalización no tiene cabida. Ahora, las enmiendas, en concreto una de Junts, han derogado esta eliminación.
"Seguiremos ofreciendo la alternatividad porque consideramos que es un sistema excelente para los profesionales con capacidad de ahorro que desean gestionar su previsión con criterios de capitalización individual", señala el presidente de Mutualidad, quien asegura que es cierto que el mercado de alternativos se ha reducido de forma natural desde 2006, ya que la mayoría de los nuevos colegiados ejercen por cuenta ajena y acceden directamente al Régimen General.
Explica que la alternatividad sigue plenamente vigente y con buenas perspectivas. Y recuerda la evaluación programada para el año 2030 que analizará la idoneidad del sistema tras la adaptación progresiva al pago del 100% de la cuota mínima del RETA sobre ingresos reales. "Desde la entidad seguiremos promoviendo este modelo con absoluta transparencia, facilitando que los profesionales comprendan las ventajas de gestionar de forma directa su capital de jubilación", apunta.
"Lo valoramos como un acierto regulatorio. Mantener la alternatividad garantiza la libertad de elección del profesional para diseñar su propio esquema de previsión si su situación financiera lo aconseja. Es una opción que convive perfectamente con el sistema público y su supresión habría supuesto un error injustificado", zanja el presidente de Mutualidad.
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