Las pruebas periciales han dado un importante respaldo a la defensa de los padres acusados de mantener secuestrados a sus tres hijos en una casa de Oviedo durante casi cuatro años. Julio Bobes, un catedrático de psiquiatría que evaluó a los padres en prisión provisional, descartó que los padres tengan "una enfermedad mental grave" y el forense descarta que exista un perfil maltratador en los acusados o perfil de personas maltratadas en los menores, dos gemelos que tenían ocho años cuando fueron localizados y su hermano de 10.
La segunda sesión del juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Oviedo se centró en las declaraciones periciales. Aunque fue, de nuevo, a puerta cerrada, el psiquiatra atendió a los medios de comunicación en el exterior del edificio judicial y confirmó la estrategia defensiva de los abogados de los padres alegando que los acusados deberían retomar el contacto con los padres, que perdieron la tutela en favor del Principado de Asturias.
Los niños, según este especialista, "tienen un retraso en el desarrollo como consecuencia" desde haber estado sin escolarizar y detecta en ellos una "necesidad muy importante y perentoria" de que "normalicen la vida". Para ello, apunta a la importancia de que estén en el sistema educativo, pero también de que "vuelvan otra vez a tener acceso a sus padres". Pide, de esta forma, "revisar el tema de que los padres no pueden estar secuestrados de los niños".
El juicio se alargará un día más de lo previsto y hasta este jueves 12 no está prevista la declaración de los acusados, para quienes la Fiscalía pide 25 años y 4 meses de prisión por un delito de violencia psíquica habitual y tres de detención ilegal de sus hijos. Antes de ese esperado testimonio, una prueba psiquiátrica aportada en la sala por la defensa "acredita que existía, efectivamente un miedo insuperable a salir al exterior por parte de los padres".
Para el abogado Javier Guillermo Muñoz Pereira, que defiende a la madre, "eso reduce, por supuesto, minora la la posible responsabilidad penal". En todo caso, las defensas niegan la criminalidad y señalan que en este caso estamos ante una "cuestión puramente asistencial" que deberían resolver los servicios sociales.
Elena González Martínez, abogada del padre, insiste en que la vía penal es "la más perjudicial" para los menores, pues "se ha desmembrado una familia". Reconoce esta letrada que el comportamiento de los padres, que mantuvieron a los niños aislados del mundo, sin escolarizar y sin acudir al médico, no fue el más adecuado, pero descarta que cometiesen ningún delito, de ahí que pidan su libre absolución. "No es una situación ortodoxa, pero, desde luego, no es una situación criminal. Es una cuestión puramente asistencial de una familia con problemas y un comportamiento anómalo", argumentó.
Según relataron los letrados a los medios de comunicación, estos padres tenían dos miedos que confluyeron, al Covid-19 y a que su situación irregular en España le causase problemas. "No se trataba sólo de una situación de covid, se trataba de unas personas que, como consecuencia de haber contraído el covid, y haber estado enfermos durante meses, no pudieron regularizar su situación en España", explicó Elena González. "Ese miedo insuperable e irracional fue lo que realmente les condujo a estar encerrados", explicó la letrada.
Christian S., alemán de 53 años, y Melissa A.S., norteamericana de nacionalidad alemana de 48, se trasladaron con sus hijos desde Alemania a Asturias en octubre de 2021 y tan solo el padre figuraba viviendo en la que se ha bautizado como "casa de los horrores", mientras que no había rastro en el sistema de la madre ni de los niños. Cuando fueron localizados en abril de 2025, los niños llevaban sin ir al médico desde 2019 y no estaban escolarizados. Los dos padres habían pasado el covid en dos ocasiones y tenían covid persistente, de ahí su miedo al contagio si salían de casa para regularizar a los niños.
Desde que los padres ingresaron en prisión, los niños están bajo tutela del Principado de Asturias y los especialistas no solo apuestan por recuperar ese contacto paterno, sino que avalan que están capacitados para ejercer como padres. "Están capacitados para educar a sus hijos con ayuda asistencial", indican, enmarcando el problema en una cuestión psicosocial.
También resultó crucial el testimonio del médico forense José Antonio Sánchez Moro, que examinó a los padres y a los menores. Según declaraciones recogidas por La Nueva España, los niños "están bien" y "no han tenido maltrato, ni han tenido nada". Además, confirmó que los tres "quieren a sus padres, los echan de menos y desean volver con ellos".
Los abogados defensores insisten en descartar la idea de que la vivienda fuese una "casa de los horrores", como llegaron a definirla los policías que entraron en ella, y también en esa situación actual de los menores, para la que reclaman, como vía correcta de solución, una "reconciliación familiar progresiva", en la que los padres participen en la vida de sus hijos bajo supervisión de los servicios sociales y de los especialistas.