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No cabe otra salida razonable a la crisis institucional provocada por la corrupción del PSOE que llamar a los españoles a las urnas.
Para sorpresa de nadie, Pedro Sánchez utilizó ayer la comparecencia extraordinaria en el Congreso que él había solicitado a raíz de los casos de corrupción que implican a su entorno personal y político para tratar de extender la sombra de la sospecha al resto de partidos, en especial contra el PP, y para reiterar su desconocimiento sobre los hechos bajo investigación judicial.
A diferencia de lo que sucediera hace aproximadamente un año tras la imputación de Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE, cuando prometió un catálogo integral de medidas contra la corrupción -la mayoría de las cuales no se han puesto en marcha-, esta vez el presidente se limitó a negar todas las acusaciones, así como a defender la inocencia de su mujer, de su hermano y del expresidente Zapatero pese a las numerosas pruebas que les ponen contra las cuerdas.
Por ello, recibió reproches no sólo de la bancada rival, sino también de los socios de legislatura, temerosos de verse salpicados por estos escándalos. De ellos, Junts fue el más contundente y, además de sumarse a la petición de adelanto electoral que reclama la mayoría de la Cámara (182 diputados de 350) y que el jefe del Ejecutivo volvió a rechazar, dio un paso más al exigirle que dimita como ha hecho el primer ministro británico, Keir Starmer, para dejar paso a otro dirigente de su partido con capacidad de terminar el mandato.
Esa posibilidad es una entelequia dado el seguidismo servil de los diputados del PSOE a Sánchez, certificado en el discurso vergonzoso de su portavoz, Patxi López. No cabe otra salida razonable a esta crisis que llamar a los españoles a las urnas.
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