- IÑAKI GARAY
- El Gobierno destinó 2.389 millones de los fondos europeos a pagar pensiones
- Opinión. Sin Presupuestos muere la Democracia
El Tribunal de Cuentas desvela que se han sustraído para pagar pensiones 2.389 millones de los fondos europeos para la modernización económica. El desvío con nocturnidad de estos fondos deja en evidencia la precariedad de un Gobierno sin Presupuestos.
Cuántas veces ha visto usted una película en blanco y negro en la que el contable de un banco, un buen hombre con una mujer encantadora e hijos pequeños, enfermo de ludopatía y agobiado por las deudas de juego que ha venido acumulando en secreto, se queda hasta última hora en la oficina para abrir la caja fuerte y coger prestada, sin decírselo a nadie, una cantidad para saldar las deudas contraídas con su corredor de apuestas. Todos los espectadores tienen un doble sentimiento hacia el protagonista. Por una parte sienten cierta angustia porque saben que tiene intención de devolverlo antes de que lo descubran y quede al descubierto su trastorno adictivo, pero por otro lado desean que le pillen para ver si, de una vez por todas, el ataque de vergüenza obra su curación.
Pues ese contable bien pudiera ser el actual Gobierno de España, aunque no se trata ya tanto de un ludópata como de una entidad sin legitimidad para tomar decisiones debido a su debilidad parlamentaria. El mismo Gobierno que nos dice que está rellenando la hucha de las pensiones omitiendo el no desdeñable detalle de que no lo hace con superávit sino con deuda, es el que ha echado mano de los fondos europeos para pagar pensiones. El Tribunal de Cuentas ha confirmado que el Ejecutivo habría usado 2.389 millones de los fondos Next Generation, que se debían destinar a recuperar y modernizar el tejido productivo que se dañó por el paso del Covid mediante inversiones en sostenibilidad medioambiental y digitalización en las empresas, a pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas. Esas mismas pensiones que el propio Gobierno dice que están garantizadas y no corren peligro porque son sostenibles después de las reformas adoptadas. Otras instituciones no comparten ese optimismo. Una desviación tan cualitativa no ha pasado desapercibida para los técnicos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas y ha provocado que Bruselas vaya a preguntar al Ministerio de Economía español por qué se han destinado esos fondos a fines para los que no estaban previstos.
El Gobierno tiene garantizado ya el sonrojo, aunque habrá que ver si eso se traduce en alguna otra penalización o puede dar lugar a alguna reclamación.
Los fondos europeos fueron diseñados y adjudicados a los diferentes países única y exclusivamente para recuperar el tejido productivo que se había licuado con el paso del Covid. En total, la pandemia le costó a España, solo en 2020, una caída de su economía del 10,8%, provocada en buena medida por el cierre de la hostelería y el sector turístico debido al confinamiento decretado por las autoridades. Los países comunitarios, en un alarde de solidaridad sin precedentes, acordaron mutualizar parte de la deuda para crear un fondo de 750.000 millones, de los que 140.000 vendrían para España en forma de ayudas directas y créditos, al cincuenta por ciento. La condición ineludible era que esos fondos, que luego se ampliaron, se invirtieran en solo dos partidas: transición medioambiental y digitalización.
Alarmas
El pago de las pensiones, que es un gasto corriente, en ningún caso obedece a ninguna de estas dos categorías, con lo que el desvió de estas cantidades estaría haciendo sonar bastantes alarmas. La primera sobre la sostenibilidad de un sistema de pensiones que el Gobierno repite una y otra vez que no plantea problemas. La segunda sobre el uso de unos fondos europeos finalistas, sobre los que concurre la sospecha de que no se están utilizando adecuadamente ni llegando al tejido productivo que los necesita.
La chapuza contable que se ha descubierto ahora es solo la consecuencia directa de la precariedad con la que gobierna un Ejecutivo incapaz de aprobar presupuestos, o cualquier otra ley fundamental, por la falta de apoyos parlamentarios.
El uso fraudulento de esos fondos sería fruto de una improvisación inexplicable y supone una vulneración flagrante del principio de especialidad en términos presupuestarios, por el cual cada crédito está vinculado a una partida concreta y a una finalidad autorizada. Si esto lo hiciera una empresa privada , los auditores imprimirían una visible salvedad en sus cuentas.
Responsabilidad
En este caso el ludópata ha sido descubierto, pero no se atisba curación ya que, si un milagro no lo remedia, este Gobierno va a tener el terrible honor de ser el único en la historia de este país, y probablemente del mundo entero, que complete toda una legislatura sin aprobar un solo presupuesto, vulnerando ampliamente el mandato constitucional.
La responsabilidad inicial de esta decisión recaería sobre los funcionarios o altos cargos que aprobaron y ejecutaron el uso de esos fondos, aunque habría una responsabilidad política que recaería sobre la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en estos momentos candidata a las elecciones a la Junta de Andalucía, que se celebrarán dentro de diez días.
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